Independientemente de quien gane las elecciones generales en Perú —la hija de un dictador, Keiko Fujimori, o el candidato izquierdista Roberto Sánchez— seguirá el régimen autoritario que hace más de tres años lidera el fujimorismo desde el Congreso, aunque con un poder mayor porque ha abatido al Poder Judicial. La última instancia de garantía del equilibrio entre los poderes del Estado y del debido proceso caen por actuar de acuerdo a ley o porque en el pasado tomaron alguna decisión contra los Fujimori y su entorno. El Ministerio Público perdió la independencia en septiembre, y los principales fiscales anticorrupción que investigaron a la candidata presidencial y a sus aliados siguen siendo destituidos ilegalmente u hostigados judicial y mediáticamente.PublicidadEl 28 de julio el cambio de gobierno tendrá como tela de fondo la captura o sometimiento de todas las entidades del Estado al poder fujimorista y a su aliado de extrema derecha, Renovación Popular, incluidas las fuerzas del orden que gozan de nuevas leyes de impunidad.El alto comisionado de Naciones Unidas para los derechos humanos, Volker Türk, y las principales organizaciones de la sociedad civil de Perú han vuelto a pronunciarse recientemente contra una de las leyes que desde el año pasado pretenden blindar a la Policía y militares que hayan cometido delitos contra civiles.Doblegar a los juecesLa candidata Fujimori "no ha necesitado un autogolpe de Estado como su padre", Alberto Fujimori, quien cerró el Poder Judicial y "destituyó a casi el 80% de los jueces en la década de los años 90", afirma a Público la jurista Marianella Ledesma, ex presidenta del Tribunal Constitucional entre 2020 y 2022.PublicidadEntre marzo y junio, la Junta Nacional de Justicia —cuyos miembros han sido elegidos por el régimen actual— ha cesado ilegalmente a un juez y ha suspendido de forma irregular, por seis meses, a otros dos, en represalia por no haberse sometido las directrices de un régimen cada vez más autoritario. Además, otros tres destacados jueces están bajo procesos disciplinarios por haberse rehusado a favorecer a exministros de salud del régimen de Fujimori en los años 90, responsables de miles de esterilizaciones forzadas; o porque no aplicaron las leyes recientes de amnistía para militares que cometieron masacres en el período de violencia entre 1980 y 2000.El presidente de la Sala Penal Suprema tiene abierto un expediente por no aplicar una ley de prescripción de crímenes de lesa humanidadEl pacto de impunidad que lidera el partido fujimorista Fuerza Popular desde diciembre de 2022, tras el autogolpe frustrado del entonces presidente Pedro Castillo, protege a los políticos fujimoristas y sus aliados para obstaculizar investigaciones y juicios por corrupción o por graves violaciones a los derechos humanos.El 10 de junio, el juez Richard Concepción fue suspendido seis meses tras haber incluido una foto del hermano de la expresidenta Dina Boluarte en una exposición académica sobre prisión preventiva. Nicanor Boluarte estuvo detenido algunos meses mientras era investigado por tráfico de influencias. Además, cabe recordar que Concepción autorizó en 2018 la prisión preventiva de Keiko Fujimori al inicio de la investigación fiscal por lavado de activos y organización criminal en el caso Odebrecht-Cócteles, con 1,2 millones de dólares (más de un millón de euros) en aportes de empresas no declarados en sus campañas como candidata presidencial en 2011 y 2016.PublicidadUn hostigamiento semejante enfrenta el actual presidente de la Sala Penal Suprema, Víctor Prado Saldarriaga. El medio Lima Times reportó este viernes que la Junta Nacional de Justicia abrió un proceso disciplinario contra el magistrado por no aplicar una ley de prescripción de crímenes de lesa humanidad —promovida por un congresista fujimorista— en el caso de las esterilizaciones forzadas cometidas durante el régimen de Alberto Fujimori. La decisión tiene como consecuencia que el Ministerio Público continúe con la acusación contra los involucrados, entre ellos, un exministro fujimorista y congresista reelegido para el Senado que se instalará a fines de julio.Los jueces no están aplicando la ley 32107 porque según la Constitución, los tratados que ha firmado el Estado son parte del ordenamiento legal nacional. Dicha norma promulgada por Boluarte en 2025 interpreta que la imprescriptibilidad de crímenes de lesa humanidad debe aplicarse desde 2002, año en que Perú suscribió el Estatuto de Roma, pese a que la mayor cantidad de violaciones a los derechos humanos fueron cometidas entre 1980 y 2000.Prado Saldarriaga fue uno de los magistrados que, en 2006, sentenció a Alberto Fujimori a 25 años de prisión por las masacres de Barrios Altos y La Cantuta, cometidas por un destacamento del Ejército que actuaba como comando de aniquilamiento contra opositores, bajo la fachada de operaciones antisubversivas.Consultada por un medio local la semana anterior sobre estos ataques, la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, ha preferido no pronunciarse pero agradeció al Congreso la aprobación del presupuesto que necesitaban."Los jueces tienen la facultad de no aplicar leyes que van contra la Constitución y la Convención Interamericana de Derechos Humanos, pero el presidente del Congreso (el fujimorista Fernando Rospigliosi) ha instado a la Junta Nacional de Justicia a apartarlos si no las aplican", dijo esta semana el ex fiscal del Equipo Especial Lava Jato José Domingo Pérez, cuyo cese ilegal fue comunicado oficialmente por el Ministerio Público tres días después de la segunda vuelta electoral del 10 de junio.Los miembros del Tribunal Constitucional fueron elegidos sin transparencia por el actual Parlamento en 2022Pérez fue el fiscal que llevó a juicio a Keiko Fujimori en julio de 2024, por lavado de activos y organización criminal. El pasado miércoles, una sala de apelación archivó la causa, después de una decisión del Tribunal Constitucional a favor de Fujimori y sus coacusados, que interfirió el litigio y lo suspendió. Los miembros del Tribunal Constitucional fueron elegidos sin transparencia por el actual Parlamento en 2022.PublicidadEl fiscal Germán Juárez, a quien le correspondía apelar ante la Corte Suprema la continuidad del litigio contra la candidata, fue súbitamente retirado de la coordinación de los casos Lava Jato el jueves 18. ¿La razón? Una supuesta queja contra él difundida por un canal de TV desinformador, afín al fujimorismo y al líder de Renovación Popular.Un poder sin controlEl congresista Jaime Quito, del partido de Juntos por el Perú, afirma que el Congreso "ha sido parte del escenario de la vulneración de los derechos humanos"."Pretenden poner (en la presidencia) a Keiko Fujimori, que ha ido asumiendo el control de las instituciones, tienen el control indirecto del Ejecutivo y se van a encumbrar. Todas estas normas las han ido articulando para hacer una dictadura perfecta: la ley de amnistía es tremenda, la norma del gatillo fácil no es para la lucha contra la delincuencia", advierte Quito sobre otra ley aprobada en abril. Ésta habilita a la Policía a "abatir al agresor" si cree que atenta contra el orden público y la seguridad ciudadana y presume que está en "evidente peligrosidad".Crímenes de agentes contra civilesAdemás, el Congreso aprobó otra ley este martes que exonera a las fuerzas del orden de ser procesadas en la justicia penal ordinaria si cometen delitos contra civiles -como tortura, ejecución extrajudicial, lesiones-, para que los casos pasen al fuero policial-militar, donde por lo general quedan impunes. La norma adicionalmente prohíbe a la Corte Suprema que decida sobre estos casos, lo que en la práctica funcionaría como una amnistía disfrazada de ley.PublicidadTürk: "Las presuntas violaciones de los derechos deben ser conocidas por un tribunal ordinario competente independiente e imparcial"El alto comisionado de Naciones Unidas para los derechos humanos Türk exhortó a Perú "a no aprobar el proyecto de ley que otorga competencia a la jurisdicción militar para investigar y juzgar posibles violaciones de los derechos humanos". "Las presuntas violaciones de los derechos deben ser conocidas por un tribunal ordinario competente independiente e imparcial, en conformidad con el derecho internacional", indica un tuit de la oficina en Perú del alto comisionado difundido el pasado jueves.Los crímenes cometidos por las fuerzas del orden contra civiles desarmados no han cesado desde diciembre de 2022. Los más recientes son una masacre perpetrada en abril por soldados del Ejército, que asesinaron a cinco jóvenes que volvían por una carretera rural tras un campeonato de fútbol. El otro caso corresponde a un adolescente de 17 años torturado en una comisaría al este de Lima, en Manchay, quien falleció tras estar dos días en un calabozo sin que los policías notifiquen a un fiscal, y después de pedir un soborno al padre del menor.En una entrevista al medio Epicentro, el ex fiscal Pérez señaló —sobre la muerte del adolescente— que una de las normas "pro-crimen" dadas por el actual Congreso que domina Fuerza Popular "permiten que la Policía no tenga supervisión de parte de la Fiscalía, no tienen la obligación de comunicar inmediatamente la detención de una persona".Quito, quien es senador electo, ve en perspectiva otras normas "pro-crimen" que ha aprobado el régimen: como la que legaliza la deforestación en la Amazonía, la que obliga a la presencia de un abogado del investigado en una diligencia de allanamiento, o la que reduce el tiempo para aprobar la colaboración eficaz en casos de corrupción y criminalidad, entre otras.PublicidadVarios congresistas piden la derogación de las leyes "pro-crimen""El régimen de la política económica es que el país exporte materias primas y entregue piedras, con políticos al servicio de las grandes empresas, condenándonos a que contaminen nuestros territorios sin que crezcan las economías de los pueblos y las comunidades: allí solo crece la anemia. Eso va a generar un descontento que puede desatar movilizaciones de la población, para eso están las leyes de impunidad", alerta el congresista.Varios candidatos presidenciales de centro y de izquierda que respaldaron en segunda vuelta a Sánchez han puesto como prioridad del nuevo Congreso la derogación de las leyes que han promovido el aumento de la criminalidad."Renovación Popular y Fuerza Popular van a seguir en lo suyo: viven en un mundo paralelo, no creen que son leyes pro-crimen sino el perfeccionamiento de la justicia; en vez de entender que sus leyes contaminan el medio ambiente, lo ven como que estuvieran enfrentando la pobreza. En el nuevo Congreso tendremos que exigir a las bancadas que de forma abierta han condenado esas leyes, para que no quede solo como un discurso de campaña electoral", añadió.Sánchez presenta una petición de nulidad de la votación de los peruanos en el extranjeroPara el antropólogo y analista político Carlos Ernesto Ráez, la posible victoria de Fujimori puede parecer "pírrica" a nivel de porcentajes, "pero a fin de cuentas podría terminar consolidando un poder total: el Ejecutivo es la cereza del pastel de instituciones copadas por sus operadores. En términos futbolísticos, es como iniciar el segundo tiempo de un partido con una ventaja de cinco goles a favor", sostiene.PublicidadAl 99,7% del escrutinio, Fujimori obtiene el 50,1% de los votos válidos y Sánchez el 49,8%, con una diferencia entre ambos de 41.268 votos. El tribunal electoral debe resolver 244 impugnaciones y observaciones de las actas de los comicios. Pero Sánchez presentó además una solicitud de nulidad de la votación de los peruanos en el extranjero alegando un cambio de la normativa, a petición de la Cancillería, entre la primera y la segunda vuelta para que no se digitalicen las actas de votación. Ello, sostiene, ha afectado la intangibilidad del proceso pues no confía en que las actas expresen la voluntad de los electores en todos los casos. El candidato afirma que, por ejemplo, las cajas procedentes de Buenos Aires no fueron lacradas con el estándar de valija diplomática. Son aproximadamente 300.000 papeletas en cuestión. En Perú, el porcentaje de votos por Sánchez es mayor que el de Fujimori, a diferencia de la votación en el extranjero donde ganó la candidata.