La Unión Europea acordó recientemente el Reglamento de Retornos —la pieza restante del Pacto de Migración y Asilo— con el que los Estados miembros pretenden aumentar la efectividad de las órdenes de expulsión, señalando que solamente entre el 20% y el 30% de las que se emiten se cumplen. Como parte del acuerdo, que alarga los plazos máximos de detención y limita los derechos de los solicitantes de asilo, se incluyen los polémicos "centros de deportación", conocidos en la jerga bruselense como "return hubs". La idea, ya aprobada, está generando muchas tensiones entre los socios comunitarios, reabriendo viejas heridas y sacudiendo un debate migratorio dominado por la narrativa pública. Estos centros se basan en el modelo utilizado por el Gobierno derechista de Giorgia Meloni en Italia, que estableció instalaciones en Albania desde las cuales se tramitan deportaciones. El reglamento consagra este modelo como una opción. Los Estados miembros podrán establecer centros de este tipo en un país tercero con el que cierren un acuerdo y podrán enviar ahí a inmigrantes. Antes, para poder expulsar a un inmigrante fuera de la UE se debía demostrar algún tipo de vínculo con el país o que hubiera transitado por él. Con este nuevo modelo se elimina también ese requisito. La medida ha sido solicitada por muchos Estados miembros, con gobiernos ansiosos por demostrar a sus votantes que están tomando medidas para abordar la preocupación de un electorado que vira cada vez más hacia la derecha. Lejos de calmar los ánimos, la realidad es que el Reglamento está caldeándolos. Al menos en Bruselas y Estrasburgo. Cuando hace unos días el Pleno de la Eurocámara votó y aprobó la norma, los grupos de la extrema derecha celebraron en pie al grito de "send them back", que se traduce como "devolvedlos" o "echadlos". En una demostración del giro a la derecha del centro de gravitación de la política comunitaria, el texto ha salido adelante en el Parlamento Europeo impulsado por una coalición del Partido Popular Europeo (PPE) con formaciones de extrema derecha. Una cuestión de narrativa Toda la evidencia actual indica que los centros no son especialmente efectivos. Empezando por el caso de Italia y Albania. Analistas y académicos apuntan a que estos centros pueden gestionar un número muy limitado de personas y son extremadamente caros para su efecto real sobre los flujos migratorios. Varios analistas apuntan, además, a que el problema del bajo nivel de retornos es una cuestión de cooperación con los países de origen. "Este modelo se basa en una paradoja: aunque su objetivo es aumentar las cifras de repatriaciones, no resuelve el principal obstáculo que supone la cooperación con los países de origen, que es precisamente la condición que determina si las repatriaciones pueden llevarse a cabo realmente", ha defendido Gaia Mastrosanti, analista del Instituto Italiano para Estudios de Políticas Internacionales (ISPI). TE PUEDE INTERESAR Pero eso no es lo central para un buen grupo de Estados miembros. Los centros consisten en la narrativa. Tanto para consumo interno, de cara a los votantes, que buscan señales de un endurecimiento de las medidas contra los inmigrantes, como para consumo externo, de forma que los potenciales migrantes sepan que en la Unión Europea se van a encontrar con mano dura y, quizás, deportados a un centro de un país que desconocen. El Consejo Europeo de la semana pasada fue una demostración de que sostener la política migratoria en cuestiones narrativas genera un caldo de cultivo perfecto para la división. Durante la reunión, 19 líderes europeos emitieron una carta conjunta pidiendo ir más allá de la adopción del Reglamento y solicitando que los centros de deportación sean financiados con fondos de la Unión Europea. Durante dicha reunión, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, se mostró públicamente y después también en privado en contra de los centros. Pero, de nuevo, si la política migratoria de Europa descansa mucho en la percepción, eso hace que la regularización masiva del Ejecutivo español forme parte de la ecuación. Meloni y Mette Frederiksen, primera ministra danesa, se lo señalaron a Sánchez, a pesar de que es una cuestión que se encuentra firmemente dentro de las competencias exclusivas de cada Estado miembro. Los centros de deportación fuera de la UE son el desarrollo final de una lógica de externalización de la migración que tiene raíces profundas, desde los años 90, pero que se ha acelerado a raíz de la crisis migratoria de 2015 y 2016. La externalización ya no es simplemente una posible solución a los flujos migratorios, sino que ha sido una manera de resolver conflictos internos. El colapso del sistema de gestión migratoria durante la crisis de hace una década fue resultado de un profundo desacuerdo respecto a quién es responsable de la gestión y el reparto de la carga de la gestión migratoria. “En este contexto, la externalización se perfiló como una solución atractiva, ya que prometía reducir el número de llegadas sin necesidad de alcanzar un consenso sobre su redistribución dentro de la Unión”, señala Valeria Santi del Brussels Institute of Geopolitics (BIG). La externalización, que está en el corazón mismo del nuevo Pacto de Migración y Asilo, puede estar cohesionando a muchos miembros, pero está generando otras divisiones. Oposición frontal Sánchez no es el único que se está oponiendo vocalmente a la idea. Emmanuel Macron, presidente francés, también ha sido muy crítico. "No estoy seguro de que estos sean los principios fundamentales sobre los que se construyó nuestra Europa", señaló tras la reunión de la semana pasada. Si la política migratoria a nivel europeo se convierte en central en las campañas electorales, el terreno para el consenso europeo se estrecha. Aunque Macron no se presente a las presidenciales francesas del año 2027, no tiene ningún apetito por facilitar la victoria electoral del partido de extrema derecha Agrupación Nacional (RN). Además, aunque el Reglamento saliera adelante, la batalla política no ha terminado. Ahora Dinamarca, por ejemplo, tendría el marco legal para avanzar con centros de este estilo, pero lo que buscan ahora los 19 líderes europeos firmantes es europeizar este modelo. Los países que se oponen firmemente podían confiar en que el esquema estaba demostrando ser terreno de tierras movedizas para cualquier gobierno en solitario. Pero la europeización podría hacerlo más operativo, y por eso mismo es la siguiente línea de batalla. TE PUEDE INTERESAR La Comisión Europea no ha cerrado la puerta a que dichos centros, cuya legalidad todavía está siendo debatida por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), donde la abogada general de la UE ha exigido altos estándares de derechos para las personas que se encuentren detenidas en estos centros, reciban financiación comunitaria del próximo Marco Financiero Plurianual (MFP), que cubrirá el periodo 2028-2034. Frederiksen ya ha señalado que se podrían abrir los primeros centros durante el próximo año, y confía en contar con financiación de la Comisión. Su Gobierno, de la misma familia socialista europea que el PSOE, ya potenció la creación de centros de este estilo en 2021 en Ruanda, aunque el plan se abandonó. El Gobierno conservador británico lo intentó después y también abandonó el plan. La primera ministra danesa, que defiende que la inmigración masiva perjudica a las clases bajas, ha señalado en una entrevista con el Financial Times que nadie le ha convencido “de que los centros de retorno no son una idea socialdemócrata”. Para aquellos que se oponen, en otros Estados miembros, en el Parlamento Europeo y en la sociedad civil, hay razones para dudar del compromiso de Frederiksen y del grupo de 19 líderes, que aseguran que los centros tendrán niveles europeos de protección de derechos. En febrero de 2025, hace menos de un año y medio, en Polonia, clave en ese grupo de países duros en inmigración, que entonces ostentaba la presidencia rotatoria del Consejo de la UE, circuló un documento de reflexión en el que se defendía que el marco jurídico de estos centros, entonces denominados eufemísticamente como “soluciones innovadoras”, fuera “flexible”. El objetivo era evitar “un escrutinio judicial que pudiera poner en peligro la aplicación de esta solución innovadora”. Los líderes europeos tienen previsto volver al asunto en el Consejo Europeo que se celebra a mediados de junio. La idea de financiar los centros con fondos europeos, en un momento en el que hay una batalla paralela por el tamaño del presupuesto común con un grupo de países, entre ellos Dinamarca, que solicita recortes importantes, convierte el debate en potencialmente explosivo.