El Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso ha adjudicado el servicio del Laboratorio Clínico Central a la empresa Health Diagnostic S.L.U.m, integrada en el grupo Quirónsalud, por un importe de 120 millones de euros por un periodo de cinco años, entre 2026 y 2031. Este laboratorio da servicio a seis hospitales públicos de la Comunidad de Madrid: el Infanta Cristina (Parla), el del Henares (Coslada), Infanta Leonor (Madrid capital), el Infanta Sofía (San Sebastián de los Reyes), el del Sureste (Arganda del Rey) y el del Tajo (Aranjuez), así como a varios centros de salud. Procesan muestras de más de 1,5 millones de personas en la Comunidad de Madrid. Físicamente está ubicado en el Infanta Sofía de San Sebastián de los Reyes.Ayer, decenas de trabajadores del Laboratorio Clínico Central de la Comunidad de Madrid se concentraron frente a las puertas del Hospital Infanta Cristina de Parla para denunciar el “limbo laboral” en el que se encuentran derivado del cambio de adjudicataria del servicio, que se completara esta semana.Conflicto entre empresa entrante y salienteDe los 250 trabajadores que trabajan en los laboratorios de estos hospitales, más de la mitad no continuará, tras el cambio de la empresa adjudicataria, que ha pasado de UR Salud a Quirón Salud. Muchos trabajadores no van a subrogarse, según han denunciado en un comunicado, porque se les empeoran mucho sus condiciones laborales y pierden derechos adquiridos.El conflicto surge por la falta de acuerdo entre la empresa saliente, UR Salud, y la empresa entrante, Quirón Salud: mientras UR Salud sostiene que debe producirse una subrogación de los trabajadores, Quirón Salud no reconoce dicha subrogación en las condiciones que venían disfrutando los profesionales hasta ahora.Estos trabajadores denuncian que la empresa saliente “no procede a su despido, ni abona las correspondientes indemnizaciones al considerar que existe obligación de subrogación”, mientras que la empresa entrante “ofrece nuevos contratos con condiciones menos favorables que las actuales, que implican además la pérdida de la antigüedad acumulada durante años de servicio”.Sin empleo de forma inmediataEn concreto, aquellos profesionales que no acepten y firmen las nuevas condiciones ofrecidas por la empresa entrante “se quedarán sin empleo de forma inmediata”, lo que provoca que “cientos de trabajadores se ven obligados a elegir entre aceptar una pérdida de derechos laborales adquiridos durante años o quedarse en la calle”.Fuentes de la Consejería de Sanidad han indicado a Efe que el día 30 finaliza el periodo de transición y empieza la ejecución normal del contrato.Las mismas fuentes han precisado que son las empresas las que tienen que llevar a cabo una transición “correcta y ordenada”, al tiempo que han asegurado que la prestación del servicio está garantizada.Por su parte, la Asociación de la Defensa de la Sanidad Pública en Madrid denuncia que “la adjudicación del Laboratorio Central, ubicado en San Sebastián de los Reyes, confirma “el fracaso del modelo privatizador de la sanidad madrileña”. Esta entidad explica que se ha dejado fuera del contrato “las pruebas de diagnóstico genético porque su gestión pública es más eficiente”, pese a que se ha incrementado el importe anual destinado a este contrato. Según ha podido saber La Vanguardia con fuentes de la oposición, “el contrato adjudicado es de 24 millones de euros por año durante cinco años”.Redactora de economía durante 27 años. Desde el año 2007 en La Vanguardia. Ahora escribo historias de Madrid