Leer resumen
Como resultado de una auditoría a los procesos de suscripción del contrato y de las adendas de inversión en relación con el puerto de Chancay, así como a la licencia portuaria y a la fiscalización ambiental aplicada al proyecto, la Contraloría encontró deficiencias e incumplimientos por parte de las autoridades competentes, como el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), la Autoridad Portuaria Nacional (APN) y Proinversión (Agencia de Promoción de la Inversión Privada).
En el caso de Proinversión, la Contraloría le atribuye haber "validado, tramitado y suscrito" el contrato de inversión con los representantes de la empresa inversionista Terminales Portuarios Chancay (ahora Cosco Shipping Ports Chancay Perú), quienes "no contaban con el poder que los acreditaba legalmente" para firmar el contrato.
Pese a esta observación, Proinversión siguió con el proceso y entregó el contrato al MTC, que no solo lo suscribió, sino que también aprobó cinco adendas por una inversión de US$789,6 millones.
Como resultado, se le concedió a Cosco Shipping "el beneficio de recuperación anticipada del IGV por S/527.797.756 en perjuicio del Estado", señala el informe de cumplimiento de la Contraloría.
