El Partido Popular se pregunta, tras conocerse que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil apunta a reuniones del PNV con la trama de Leire Díez para "propiciar" el rescate a la compañía Tubos Reunidos, si estas informaciones son las que "están condicionando" que la formación vasca siga apoyando a Pedro Sánchez. La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha lanzado dicha insinuación este martes a la par que ha vuelto a pedir a Pedro Sánchez que disuelva las Cortes y convoque elecciones para que los españoles "puedan hablar ante tanta corrupción". Una vez ha salido a la palestra el informe de la UCO que constata al menos una reunión de la trama de corrupción anidada en la SEPI con el expresidente del PNV, Andoni Ortuzar, y el exsecretario de organización del partido Joseba Aurrekoetxea, la formación ha reconocido haber mantenido encuentros con miembros del Gobierno. Eso sí, enmarcan esos contactos en la defensa de empresas que son "estratégicas y con gran impacto en el tejido económico" del País Vasco. Al "no desmentir la reunión con las cloacas", la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha pedido al PNV que dé explicaciones. Los populares apuestan por la prudencia porque las informaciones son incipientes pero las consideran "suficientes" para que la formación presidida por Aitor Esteban rinda cuentas en el Pleno del Congreso de los Diputados de esta misma semana. Preguntada Muñoz por si se plantean citar al expresidente del PNV, Andoni Ortuzar, a la comisión de investigación de la SEPI en el Senado, ha que cualquier decisión en ese sentido compete al Grupo Popular en la Cámara Alta. No obstante, ha añadido que, si existen procedimientos judiciales abiertos, van "a esperar". Las diversas operaciones en favor de Tubos Reunidos las dirigieron el expresidente de la SEPI Vicente Fernández y la supuesta fontanera Leire Díez, si bien lo hicieron con el conocimiento y la colaboración de Santos Cerdán. Intervino también Joseba Antxon Alonso, socio de Cerdán y, según expone la UCO, contacto de la trama con el Partido Nacionalista Vasco. Además, apunta que Alonso "destaca por su capacidad de acceso a miembros del PNV, contactos cuyas influencias en terceros podrían haber propiciado el rescate pretendido". Sin embargo, la formación jeltzale ha advertido de que no tiene nada que ver con "las actividades que, en paralelo, pudieran estar realizando terceras personas" y que simplemente se interesaron por la difícil situación que vivía la compañía. Por su parte, la portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, ha expresado "tranquilidad" tras conocerse el informe y ha incidido en que no se habla de "irregularidad o delito". Enmarca las reuniones en el interés de la formación de "salvaguardar puestos de trabajo" tanto en Tubos Reunidos como en otras empresas porque "hay que mantener el empleo de nuestra industria". Asimismo, ha acusado al PP de "sacar de contexto" las informaciones de la UCO porque, en opinión de Vaquero, "habla de unas reuniones y nada más". El mensaje emitido por el PNV no ha convencido al presidente del PP Vasco, Javier de Andrés, quien ha criticado que la formación "quiera confundir a la opinión pública" con esas declaraciones y no dé ninguna explicación sobre "por qué se reunían con la trama corrupta" de Leire Díez. Así, ha exigido que justifique por qué hizo a Leire y a las cloacas "interlocutores de asuntos públicos de los cuales luego esa trama ha cobrado comisiones". Se pregunta de Andrés por qué motivo Leire y Vicente Fernández "ofrecían la sede del PNV para negociar asuntos de empresas particulares" y por qué la formación "daba naturalidad a estas reuniones de una trama corrupta". La UCO ha situado al PNV en el caso Leire, la trama que habría realizado maniobras para influir en procesos judiciales y ayudas públicas, tal y como consta en el informe que desvela el interés del entonces presidente del partido, Andoni Ortúzar, por la ayuda a Tubos Reunidos. Y lo ha hecho en un momento en que los populares redoblan la presión sobre los socios que mantienen su apoyo al Ejecutivo, especialmente PNV y Junts, a pesar de expresar públicamente que la legislatura está finalizada.