La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, exigió al gobierno federal que procese a funcionarios señalados por presuntos vínculos con el crimen organizado y pidió específicamente que se entregue a Estados Unidos al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, al considerar que la impunidad pone en riesgo la soberanía nacional, la relación con Estados Unidos y la continuidad del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).En un mensaje difundido el domingo en su cuenta de X, la mandataria panista afirmó que, aunque rechaza cualquier intervención militar extranjera en territorio mexicano, la discusión que actualmente se desarrolla en Estados Unidos sobre posibles acciones contra los cárteles tiene origen en la falta de acciones del gobierno federal contra funcionarios presuntamente vinculados con organizaciones criminales.“Quiero ser muy clara, estoy totalmente en contra de cualquier intervención militar unilateral en México. Mi compromiso con la soberanía de mi país es total y no admite matices. Soy mexicana, gobernadora de un gran estado fronterizo y la integridad de nuestro territorio no se negocia”, sostuvo.Sin embargo, agregó que “lo que hoy se discute fuera del país como una posibilidad no surgió de la nada. Surgió de la decisión del régimen morenista de proteger a gobernantes y funcionarios que la justicia de Estados Unidos señala por vínculos con el crimen organizado”.Campos señaló que la soberanía nacional no puede utilizarse como argumento para evitar investigaciones o procesos judiciales contra servidores públicos acusados de colaborar con grupos delictivos.