Baltasar Garzón (Jaén, 1955) acaba de publicar La democracia amenazada (Planeta), una obra donde reflexiona sobre la actual situación de la justicia en España y el resto del mundo. En esta entrevista con La Vanguardia el exjuez habla sobre su trayectoria desde su temprana vocación judicial hasta su actual etapa como abogado. Analiza el concepto de lawfare , denunciando el uso del sistema legal con fines políticos y la falta de imparcialidad en casos de gran relevancia mediática, y aborda sin cortapisas infinidad de temas ­polémicos.Baltasar Garzón durante la entrevista con La VanguardiaJesús Hellín / STUDIOMEDIA19Oposiciones a juezMe entregué con disciplina casi monacal: estudiaba entre 14 y 18 horas diarias”¿Cómo nació su vocación de juez?Yo trabajaba en una gasolinera mientras estudiaba Derecho, pero la chispa prendió antes. Fue en mayo de 1973, a los 17 años, durante una charla de orientación universitaria impartida por el padre de un compañero. Ese día decidí que no quería ser abogado, sino juez. Me entregué a ello con una disciplina casi monacal: estudiaba entre 14 y 18 horas diarias, viviendo de espaldas al mundo para memorizar cientos de temas. Aprobé a la primera, como el número 11 de mi promoción, en la que Margarita Robles fue la número uno.Usted es ahora abogado, pero no se le ve en los tribunales españoles. ¿A qué se debe?Es una decisión de coherencia. Tras salir de la carrera judicial de forma abrupta en el 2012, decidí no llevar ningún caso personalmente en España. Soy un firme opositor a las “puertas giratorias” en la justicia; me parece éticamente cuestionable estar hoy en un estrado y mañana litigando ante los mismos colegas con los que compartías organismo. Prefiero asesorar desde mi despacho y que otros profesionales aparezcan en la foto.En su libro habla del lawfare como una amenaza real. ¿Cómo lo define desde su experiencia?Para mí, el lawfare o “guerra jurídica” es la instrumentalización del derecho para fines ajenos a la justicia. Tiene tres patas fundamentales: la política, donde el político usa la justicia para su discurso; la mediática, esencial para expandir el ataque y generar juicios paralelos, y la corporativa o económica. El problema es que esto erosiona la confianza del ciudadano en las instituciones.Usted señala en La democracia amenazada que el juicio del procés fue un caso claro de lawfare ...Lo dije ya en el 2017: en Catalunya no hubo ni rebelión ni sedición. Fue un conflicto político que el Partido Popular, entonces en el gobierno, derivó intencionadamente al ámbito penal. Se forzó la máquina judicial de forma peligrosa. Respecto a la amnistía, es una decisión política legítima del legislativo y confío en que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronuncie a favor, pues no infringe leyes generales ni derechos fundamentales.Otro de los casos que analiza en su obra es el del fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz. ¿Cómo vio su proceso?Lo que sucedió con Álvaro García Ortiz me parece incomprensible y un claro ejemplo de distorsión profesional. Es inaudito que una asociación de fiscales (APIF) actúe como acusación popular pidiendo siete años de prisión para su propio jefe. Esta utilización de la justicia para ataques internos y políticos es una de las derivas más peligrosas que estoy viendo actualmente.¿Cómo valora los casos de Begoña Gómez y José Luis Rodríguez Zapatero?Me preocupa la ligereza con la que se actúa. En el caso de Begoña Gómez, veo una “investigación prospectiva” basada en recortes de prensa de organizaciones como Manos Limpias, lo cual pone en cuestión el Estado de derecho. Sobre el expresidente Zapatero, se están haciendo públicos interrogatorios y grabaciones que contaminan la imparcialidad y vulneran garantías básicas. Como instructor que he sido durante décadas, soy muy exigente con el uso del lenguaje: no se puede tratar como definitivo lo que es meramente provisional.Usted denuncia la corrupción y especialmente el blanqueo de capitales. ¿Se puede blanquear comprando joyas?Absolutamente. Cualquier objeto con valor sirve: desde edificios en Manhattan hasta cuadros, caballos o joyas . Recuerdo un caso de narcotráfico donde los fondos se blanqueaban mediante fincas de melocotones en Tobarra (Albacete). El blanqueo es el hilo conductor de las organizaciones criminales y lo más difícil de investigar por su compleja trazabilidad económica.¿Qué diagnóstico hace de la salud de la democracia española?Está amenazada por varios “virus”. El más grave es la corrupción, pero también el negacionismo de la memoria democrática. Me duele que en este país cueste tanto asumir que hubo una dictadura feroz y que se sigan poniendo piedras en el camino para reparar a las víctimas. Además, lamento profundamente que España haya liquidado prácticamente la justicia universal, una herramienta que nos permitió casos como el de Pinochet y que hoy sería vital ante genocidios como el de Gaza.En el libro narra la situación que vivió su esposa, Dolores Delgado, que también fue fiscal general del Estado...Fue una situación fruto de un machismo estructural que me indigna. Dolores tiene un currículum impecable, de los mejores de la carrera fiscal, y es profundamente injusto que se intenten reducir sus méritos profesionales a su relación personal conmigo. Deberían valorarla por lo que ha hecho, que es mucho y muy brillante, y no tratar de instrumentalizar nuestra vida privada.¿Cómo analiza hoy su inhabilitación?Fui sentenciado por la Sala Segunda del Tribunal Supremo en instancia única, lo que me impidió recurrir ante una segunda instancia para que revisaran mi caso, un derecho que tienen todos los ciudadanos menos los aforados. Afortunadamente, el Comité de Derechos Humanos de la ONU me dio la razón, dictaminando que mi sentencia fue parcial y no previsible. Por eso no pido el indulto; exijo la anulación de mis antecedentes y mi reparación integral.Licenciada en Derecho (UB) y en Periodismo (URL). Graduada en Estudios Literarios (UB). Máster AGT (Esade). Redactora de Cultura de La Vanguardia