El Juzgado de Instrucción Número 2 de Las Palmas de Gran Canaria ha archivado las diligencias que investigaban a cuatro profesores de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) por presuntos delitos de prevaricación administrativa y falsedad documental en el marco de la adjudicación de una plaza en el área de Zoología.
En un auto de sobreseimiento provisional fechado el 19 de diciembre de 2025, el magistrado Rafael Passaro no ve delito en lo que a su juicio es el “objeto central” de la causa: la modificación de las puntuaciones de los aspirantes efectuada por el secretario del tribunal tras una primera deliberación formal y sin el visto bueno del presidente de la comisión valoradora.
El auto es firme, según han confirmado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC). La Fiscalía, que presentó la denuncia tras recibir un escrito del propio presidente del tribunal, un catedrático de la universidad, en el que se alertaba de un presunto amaño, descartó recurrir la resolución.
Junto a la adjudicataria de la plaza, Alicia Herrera, investigada por un presunto delito de falsedad documental relacionado con su titulación, figuraban como investigados por presunta prevaricación administrativa los otros miembros del tribunal, que también son catedráticos: el secretario Daniel Montero, la vocal titular María Soledad Izquierdo, vicerrectora de Investigación de la ULPGC en el momento de los hechos, y el vocal suplente Ricardo Haroun.
