“Abelardo de la Espriella se parece más a Julio César Turbay: urbano, camaleónico, pragmático, chambón, viajado”: Tatiana Acevedo Guerrero.Foto: Óscar PérezResume e infórmame rápidoEscucha este artículoAudio generado con IA de Google0:00/0:00Alfredo Vásquez Carrizosa fue abogado, constitucionalista, académico, político, defensor y promotor de derechos humanos. En sus biografías se cuenta siempre que su mayor logro fue diseñar y lograr la aprobación de la Defensoría del Pueblo.En 1980 escribió que el Estatuto de Seguridad, implantado en 1978 a comienzos de la administración Turbay, era “el reflejo tardío del fascismo dependiente” que había inaugurado en América Latina (desde 1964) la doctrina brasileña de la “seguridad nacional”. Ésta, explicó, subordinaba el desarrollo a la seguridad, usando la mentada “seguridad” para restringir derechos humanos, sindicatos y protesta social en favor del gran capital. Estados Unidos respaldó el modelo brasileño como un experimento sobre esta “democracia restringida”.Para Vásquez Carrizosa, la doctrina de la seguridad nacional compartía varios rasgos con el fascismo clásico de Mussolini: ambos habían surgido ante la crisis del liberalismo y buscaban conquistar a los sectores populares, perfeccionaban los aparatos represivos usando el castigo ejemplarizante como instrumento de dominación, y negaban el pluralismo democrático agravando los delitos políticos y sociales, sosteniéndose en un aparato policial-militar de vigilancia sobre fábricas, barrios y veredas. Sin embargo, diferían en que el fascismo italiano expresaba un proyecto de expansión militar e independencia nacional, mientras que los regímenes latinoamericanos se enfrascaron en una guerra interior contra sindicatos, universidades y centros de protesta, en un contexto de dependencia del capital gringo y las multinacionales.El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos denunció cómo Turbay utilizó el Decreto 2004 de 1978 para criminalizar la protesta laboral, imponiendo arrestos de hasta seis meses a quienes promovieran paros, lo cual permitió detener a miles de personas durante el paro cívico de ese año, llegando a usar coliseos y plazas de toros como centros de reclusión improvisados. El Decreto 1170 eximió de responsabilidad penal por homicidio a miembros de la fuerza pública que actuaran en operaciones contra extorsión, secuestro y narcotráfico, lo que abrió la puerta a excesos como el asesinato de siete personas en el barrio Contador de Bogotá a manos de agentes de seguridad que habían actuado “por error”. Entonces, como ahora, había contrapesos institucionales (de hecho, este decreto contó con el respaldo sólo parcial de la Corte Suprema). El expresidente Lleras Restrepo propuso la creación de un Ministerio de Defensa civil y denunció las “torturas leves, graves y mortales” del régimen. Darío Echandía habló de una dictadura y el expresidente Lleras Camargo de una “monarquía”.Hoy todo ha cambiado. En este mismo periódico que el lector tiene entre las manos, Felipe Zuleta Lleras, nieto del expresidente Lleras Camargo, atiza al país a votar por un nuevo turbayismo, homofóbico, carismático y mentiroso, que sembrará todas las tragedias (es posible que la columna no la haya escrito él, sino la inteligencia artificial Gemini). A veces nos parece que De la Espriella es un renacer del uribismo, pero Uribe era hijo del latifundio y de la entraña terrateniente de la colonización antioqueña. El candidato de Miami se parece más a Turbay: urbano, camaleónico, pragmático, chambón, viajado. Turbay puso de moda el corbatín con bolitas; De la Espriella tiene su propia marca de ropa con fedora ocasional y pañuelo de bolsillo.Como Turbay en los 70, De la Espriella es chistoso, irreverente e histriónico (cómo olvidar el “con esa foto me gané unos votos bien bacanos del electorado femenino”). Vale la pena recordar cómo sonaba ese humor presidencial. En Francia, en 1979, Turbay fue cuestionado por las violaciones a los derechos humanos de su gobierno, y respondió que en Colombia no había presos políticos, que el único era él, encerrado en Palacio durante los diez meses que llevaba su gobierno, y que jamás había sido torturado, ni siquiera con la “mentirosa campaña” que se había iniciado contra el país.Ese mismo año, una comisión de la Cámara de Representantes recorrió Barrancabermeja, La Rochela, Puerto Parra y Campo Capote, y recogió, vereda por vereda, los testimonios de los campesinos: vendados, colgados de los pies, quemados con cigarrillos, sometidos a la “prueba del pozo”, amenazados de muerte si no traían información sobre la guerrilla. Mientras el presidente hacía chistes en París, en el Opón y el Carare los campesinos firmaban boletas dando cuenta del “buen trato” que habían recibido después de días siendo torturados bajo sol y lluvia. Sobre uno de ellos, Roberto Giraldo López, el informe anota: “Sacado de la casa en la noche del 18 de agosto, no aparece”. Conoce más