El optimismo que trajo el viernes en Bolivia un acuerdo de paz entre el Gobierno y los manifestantes que hace más de 50 días exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz se desvaneció pronto. En la madrugada del sábado, horas después de la firma del documento que intentaba poner fin a una crisis que ha dejado 14 muertos, según la Defensoría del Pueblo, el mandatario decretó un estado de excepción por 90 días que permite el despliegue de las Fuerzas Armadas para “restablecer el orden público”. La decisión es una respuesta al rechazo del movimiento campesino indígena, uno de los pilares de los movilizados, a la negociación de paz con el Gobierno entablada por otra de las bases de las protestas, la Central Obrera Boliviana (COB).En el texto de conciliación, las autoridades se comprometen a responder gran parte de las demandas de los movilizados: compensar a los vehículos dañados por la distribución de gasolina adulterada que el Ejecutivo admitió haber distribuido; congelar los precios de los productos de la canasta básica frente a la recesión económica que azota al país; socializar con las organizaciones sociales las leyes estructurales del país; o cerrar el camino a la privatización de las empresas públicas estratégicas. Minutos después de presentar el anunciado compromiso, los movimientos campesinos, principalmente de La Paz y Cochabamba, llamaban a la COB “traidora” y “vendida al Gobierno” y convocaban a masificar el bloqueo de carreteras hasta forzar la renuncia del presidente.Paz ha justificado que implementa el estado de excepción después de “agotar todas las vías de diálogo”, y para revertir la alteración que, dice, han provocado los bloqueos y disturbios en la economía, el abastecimiento de combustible y alimentos, los servicios esenciales y la seguridad nacional. “Sabemos que hay un profundo malestar en el país, comunidades olvidadas por años, campesinos, transportistas, juntas vecinales con demandas reales y legítimas, pero también sabemos que detrás de esa movilización opera desde el Chapare, con recursos ilícitos, una organización del pasado que no busca resolver problemas, sino realizar un proceso de desestabilización”, aseguró el mandatario junto a su gabinete en un video grabado.Paz apunta al expresidente Evo Morales como líder de esa supuesta organización que busca, en sus palabras, “un golpe de Estado”. Morales y su base campesina en Cochabamba se unieron pronto a las demandas que empezaron la COB y algunos movimientos indígenas de La Paz. Fueron los primeros en rechazar el viernes el acuerdo entre sindicalistas y Gobierno, a través de un comunicado de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, institución agrícola presidida por Morales. Si bien el estado de excepción no prohíbe las reuniones ni implementa un toque de queda a nivel nacional, estas restricciones sí pueden ser aplicadas parcialmente en zonas territoriales específicas.El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, aseguró que se están identificando “áreas sensibles” para diseñar un plan de intervención entre la Policía y el Ejército. La medida extraordinaria prohíbe promover o ejecutar actos de violencia, la portación de explosivos o la obstaculización del abastecimiento de alimentos. Además, dispone el resguardo de infraestructuras estratégicas como carreteras, plantas energéticas o aeropuertos, muchos de ellos ya tomados temporalmente por los movilizados en los pasados 50 días.Las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, a través de su dirigente Vicente Choque, aseguraron que no se “sentirán intimidados” por los contingentes militares y policiales. “No hay que abandonarnos, habrá una persecución y no se respetará ningún derecho constitucional. Hay que estar alertas, compañeros”.El país amaneció el sábado con una fuerte presencia policial en puentes y viaductos. En El Alto, ciudad aledaña a la sede de Gobierno y epicentro de las protestas, se ha registrado la llegada de un nutrido contingente policial que intentará desbloquear en las próximas horas la carretera que une La Paz con el centro y oriente del país.