El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, decretó este sábado el estado de excepción en todo el territorio nacional tras más de seis semanas de protestas y bloqueos de carreteras, afirmando haber agotado “todas las vías del diálogo”. La decisión se produce apenas unas horas después de la firma de un acuerdo con la principal central sindical del país, la Central Obrera Boliviana (COB), que anunció el levantamiento de las medidas de presión destinadas a forzar la dimisión del jefe del Estado.No obstante, otras organizaciones mantienen sus protestas. “Después de haber agotado todas las vías del diálogo, alcanzado acuerdos con quienes tenían reivindicaciones legítimas e identificado a quienes utilizaban la violencia para intentar desestabilizar Bolivia, hemos tomado la decisión de declarar el estado de excepción en todo el territorio nacional”, declaró Paz en una alocución televisada.A principios de mayo, la COB inició un movimiento de protesta para denunciar la falta de respuestas del Gobierno ante la crisis económica que atraviesa el país, la más grave de los últimos cuarenta años. Campesinos y trabajadores de fábricas y minas se fueron sumando progresivamente a las movilizaciones, rechazando las propuestas de reforma del presidente de centroderecha. Su llegada al poder en noviembre puso fin a veinte años de gobiernos socialistas.Aunque el número de bloqueos de vías ha disminuido, todavía permanecen activos alrededor de cincuentaLos bloqueos de carreteras en todo el país provocaron escasez de alimentos, medicamentos y combustible en varias ciudades, especialmente en La Paz, sede administrativa del país.Fue tras la apertura, la semana pasada, de una mesa de diálogo entre el Gobierno y la COB cuando ambas partes lograron alcanzar un acuerdo. “A partir de este momento, las medidas de presión quedan levantadas en todo el país”, anunció el dirigente sindical Mario Argollo.Un soldado permanece de guardia ante la sede del Estado Mayor.Claudia Morales / ReutersPor su parte, Paz defendió su estrategia de negociación frente al uso de la fuerza. “El diálogo siempre es una opción, la primera opción. La fuerza está reservada únicamente para quienes eligen la violencia”, afirmó. Sin embargo, no todos los sectores movilizados se han adherido al acuerdo. Diversos grupos campesinos, así como los cultivadores de coca del Chapare, bastión del expresidente Evo Morales (2006-2019) en el centro del país, continúan con las protestas.“Hemos decidido endurecer los bloqueos de carreteras”, declaró al canal de televisión Unitel Antonio Mallku, dirigente de uno de los principales sindicatos campesinos del país. “Los hermanos indígenas se han sentido traicionados” por Mario Argollo y la COB, añadió. Aunque el número de bloqueos, que llegó a superar el centenar en el momento álgido de las protestas, ha disminuido, todavía permanecen activos alrededor de cincuenta.Lee tambiénPaz indicó que había ordenado a la Policía y a las Fuerzas Armadas “restablecer la libre circulación, recuperar el control de las carreteras y garantizar la seguridad de la población”. También advirtió de que quienes continúen con los bloqueos o recurran a la violencia se enfrentarán a “todo el rigor de la ley”.Según los términos del acuerdo firmado el viernes con la COB, el Gobierno se comprometió, entre otras cosas, a no privatizar las empresas públicas, una de las principales reivindicaciones sindicales.El Gobierno acusa regularmente a Evo Morales de haber alentado las manifestaciones y los bloqueosTambién se crearán grupos de trabajo integrados por ministros y representantes sindicales para examinar varias de las demandas del movimiento, entre ellas la situación de las personas detenidas durante los enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.Según la Defensoría del Pueblo, más de un centenar de personas han sido arrestadas desde el inicio de las protestas. Mario Argollo aseguró que el acuerdo concede al Gobierno un plazo de 90 días para avanzar en varias reivindicaciones sindicales. “La pelota está ahora en su tejado”, añadió. Paz también justificó la declaración del estado de excepción denunciando un “intento de golpe de Estado impulsado por el narcoterrorismo”.El Gobierno acusa regularmente a Evo Morales de haber alentado las manifestaciones y los bloqueos. Por su parte, Mario Argollo ha asegurado en repetidas ocasiones que el expresidente nunca dirigió el movimiento de protesta.