Es un tema constante en conversaciones, memes y análisis publicados en medios: qué hubiera pasado con la crisis social de Bolivia si la selección nacional hubiera vencido a Irak el 31 de marzo en México y estuviera clasificada al Mundial de fútbol. ¿Llegaría el conflicto a los actuales 50 días de bloqueos de carreteras y polarización o haría efecto la mentada unión nacional a la que apelaron este viernes el presidente Rodrigo Paz y los líderes de los movilizados a la hora de firmar un acuerdo para poner fin a las movilizaciones? La sensación de alegría colectiva por terminar los enfrentamientos que provocaron 14 muertos y un sitio que desabastece a las ciudades de alimentos y combustible es solo equiparable al abrazo entre paisanos que provoca un gol en un encuentro futbolístico.“Hay un país que está esperando que haya humo blanco”, dijo uno de los suscriptores del acuerdo de pacificación, la máxima autoridad de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo. Esa organización fue la primera en llamar a la movilización a mineros asalariados, maestros urbanos y rurales y campesinos de la provincia de La Paz, capital administrativa, para exigir la cesión de gestión de Paz, que apenas lleva siete meses. El presidente apoyó con su discurso el tono de nacionalismo y trascendencia del documento presentado en conferencia de prensa. “Esto es una luz de esperanza para todos los bolivianos. Aquí nadie se salva solo. La patria sale junta o no sale”.Bolivia entró en vilo desde el jueves en la tarde cuando la COB, por primera vez en casi dos meses de enfrentamiento entre protestantes y Policía, mostró señales de acercamiento con un texto denominado Conminatoria y planteamiento para la pacificación y recuperación del país. El documento exigía ocho demandas que sintetizan por qué los manifestantes están en las calles, entre ellas el resarcimiento económico a los vehículos dañados por la gasolina adulterada que el Estado admitió distribuir; la consulta a organizaciones sociales para determinar las políticas estructurales para salir de la recesión económica o regular la inflación en los productos de la canasta básica. El punto más importante, sin embargo, es la liberación de los movilizados detenidos.La Fiscalía ha dicho que investiga a más de 300 personas por crímenes como instigación pública a delinquir o daños a los bienes del Estado. 22 han sido enviadas preventivamente a prisión. La reunión del jueves determinó revisar caso por caso a través de una comisión conformada por integrantes del equipo jurídico de la COB, del Ministerio Público y del Gobierno central. La conferencia de prensa del viernes no dio detalles sobre cómo concluyó este aspecto, pero se habló de un acuerdo basado en los principios de “soberanía económica, defensa de empresas públicas estratégicas, control social y derechos humanos”.Argollo ordenó el levantamiento de las medidas de presión apenas terminó la reunión. Sin embargo, el movimiento campesino indígena, otro de los pilares de las movilizaciones, muestra señales de resistencia y, en las últimas reuniones, sus dirigentes han llamado a la COB “traidores” y “vendidos al Gobierno”. La ruptura es consecuencia de la estrategia que ha tomado el Gobierno de Paz de desgastar a los manifestantes y descabezar a los sectores movilizados a través de la cooptación o la persecución judicial. En los últimos días, el Ejecutivo ha firmado promesas de inversión en infraestructura industrial y otros beneficios para los mineros de la empresa estatal o los choferes del transporte público, que hasta hace poco engrosaban las filas de la protesta.Ha dejado de lado la opción de sacar al Ejército a las calles, como exigen las clases urbanas y conservadoras. Los resultados de 50 días de paralización en La Paz están todavía por medirse, pero ya es evidente el deterioro del sistema económico, que no ha podido exportar ni vender con normalidad, y la degradación de la autoridad y la imagen gubernamental.