La luz al final del túnel que vio este miércoles Bolivia para salir de casi 50 días de conflicto social está aún lejana. La primera reunión desde que empezó la crisis entre una de las organizaciones que encabezan las protestas, la Central Obrera Boliviana (COB), y el Gobierno se anunció como un “espacio de pacificación”, pero terminó después de cuatro horas con las carreteras del país todavía bloqueadas. La máxima autoridad de la COB, Mario Argollo, salió del encuentro señalando que no se puede “dialogar” si sus compañeros sindicales siguen encarcelados. Hay 360 aprehendidos desde que empezaron las confrontaciones, el 1 de mayo pasado, y 22 fueron enviados preventivamente a la cárcel.Argollo calificó la reunión como un “buen avance”. “Existe la voluntad desde el Gobierno central [de liberar a los detenidos]. Se ha instalado una comisión con miembros del equipo jurídico de la COB, del Ministerio Público y del Ejecutivo”, dijo. Es la primera vez que uno de los sectores movilizados ya no enarbola la renuncia del presidente Rodrigo Paz como única consigna para levantar el sitio a La Paz, capital administrativa del país, desabastecida de comida y combustible. Las demandas se han reducido a ocho puntos que la COB ha enviado el martes al Gobierno y detallado en un documento denominado Conminatoria y planteamiento para la pacificación y la recuperación del país.Las exigencias escritas resumen las causas por las que obreros sindicalizados, indígenas campesinos o maestros urbanos y rurales están en las calles: el resarcimiento económico a los vehículos dañados por la gasolina adulterada que el Estado admitió distribuir; la consulta a organizaciones sociales para determinar las políticas estructurales de la gestión comenzada hace apenas seis meses; un colchón económico para hacer frente a la recesión que atraviesa el país; o el rechazo a privatizar las empresas estratégicas públicas. El ministro de Planificación, Fernando Romero, aseguró que “la mayor parte de los puntos están resueltos. Se está solucionando el tema de los detenidos, que es el centro neurálgico de las demandas”.Romero asistió a la reunión, al igual que todo el gabinete de ministros, representantes de la Asamblea y el fiscal general del Estado, Roger Mariaca. La presencia de este último fue exigida puntualmente por la COB para garantizar la revisión de los casos de sus compañeros detenidos e investigados por instigación a delinquir y destrucción de bienes del Estado. Argollo insistió en que el punto “primordial” es la liberación de los sindicalistas que permanecen tras las rejas: “Si no, ante la población y nuestras bases, sería una traición. El Gobierno tiene que dar ese primer paso para volver a entablar el camino del diálogo”.La estrategia por la que ha optado Rodrigo Paz para superar la crisis —apostar al desgaste de los movilizados y detener o persuadir a las cabezas sindicalistas— ha provocado una ruptura entre los dirigentes de las organizaciones sociales y quienes las componen. Paz viene negociando en las últimas semanas con las regionales departamentales de la COB y otros sectores sobre la base de promesas de inversión en proyectos e infraestructura pública. El movimiento indígena campesino, otro de los pilares fundamentales de las movilizaciones y cuyos dirigentes no asistieron a la reunión de este miércoles, ha llamado a los líderes traidores.La Confederación Sindical de Comunidades Interculturales, movimiento estrechamente ligado al expresidente Evo Morales, quien se ha subido a la ola de protestas, sintió como una “traición” la decisión de Argollo de sentarse a dialogar con el Gobierno. “Es una decisión unilateral de él, presionado por las dirigencias departamentales”. Minutos después de que la COB diera a conocer el documento con las exigencias para levantar los bloqueos, los trabajadores indígenas del interior de La Paz, afiliados a la COB, publicaron su propio pliego de peticiones. El texto, titulado Condiciones de acercamiento, exige demandas similares a las de la COB, con peticiones más precisas: la eliminación de determinados artículos y la promulgación de otros que, por ejemplo, congelen los intereses de los créditos bancarios por seis meses.Las condiciones dan un plazo de 24 horas para cumplir las demandas, antes de que se “masifiquen las protestas”. Como última carta, el Gobierno aún cuenta con la declaración del estado de excepción, que permitiría el despliegue de las fuerzas armadas para desbloquear las carreteras. Medida que ha amagado con tomar ante las recientes presiones de las clases urbanas y productoras del país.