Las encuestas coinciden, con matices: el ultraderechista Abelardo de la Espriella es el candidato con más opciones para ganar la presidencia de Colombia en el balotaje de este domingo. Pero reducir la trascendental cita a un solo dato es perderse lo importante. Lo que se decide en Colombia este 21 de junio no es solo el ocupante de la Casa de Nariño durante los siguientes cuatro años, sino la respuesta a dos preguntas que van a sobrevivir al resultado: si la ventana de reformas sociales que abrió el acuerdo de paz de 2016 todavía tiene aire, y si la vieja costumbre colombiana de mantener las reglas del juego resiste una campaña que ha normalizado negarle la legitimidad al rival.La primera pregunta tiene una data larga. El historiador Jorge Orlando Melo describe la dualidad ideológica que atraviesa Colombia desde hace siglo y medio: de un lado, una tradición anclada en la religión, la familia y la confianza en el capitalismo; del otro, una fe en el cambio social, la participación estatal y la búsqueda de equidad. Esa segunda corriente tuvo su momento de mayor fuerza a comienzos del siglo XX, en el entonces poderoso Partido Liberal, y luego se radicalizó hasta confundirse con la insurgencia armada, mientras el liberalismo se movió a la derecha, creciendo hasta imponerse como mayoría a su histórico rival, el Partido Conservador. Para muchos, el ímpetu reformista quedó asociado a la guerrilla y la política por la vía de las armas canceló la posibilidad de que la reforma se discutiera sin sospecha. El enfrentamiento entre esas dos almas, resuelto a medias por el reparto bipartidista del Frente Nacional y luego por la Constitución de 1991, que reconoció derechos amplios sin sancionar a fondo ni a los violentos ni a los corruptos, dejó un país capaz de tolerar la desigualdad mientras nadie rompiera la baraja. Eso es algo que hoy pone en cuestión el surgimiento de una candidatura de ultraderecha, que encarna la reacción más fuerte y emocional a los avances del alma reformista.El acuerdo de paz de 2016, en el que el Gobierno del centrista Juan Manuel Santos pactó el histórico desarme de la guerrilla de las FARC tras más de medio siglo de conflicto armado a cambio de reformas, especialmente en el agro, modificó la ecuación de una manera que hoy se da por descontada y que vale la pena nombrar: acabó definitivamente con el ya lejano horizonte de toma armada del poder y terminó de abrir un camino electoral a la tradición reformista. Sin ese estigma, una izquierda política que ya venía en crecimiento logró crecer en el Legislativo y competir por la presidencia en 2018 hasta perder en segunda vuelta, para ganarla en 2022 con Gustavo Petro. Era el primer Gobierno de izquierda en 70 años y el primero por fuera del viejo liberalismo. Prometía un cambio para el que enfrentaba no solo una oposición fuerte, sino la necesidad de construir mayorías, logrando acuerdos con políticos de centro o congresistas de los partidos conocidos como tradicionales, herederos de dos formaciones históricas, y más acostumbrados a componendas burocráticas que a profundos debates ideológicos.Cuatro años después, ese experimento llega a su final entre balances ásperos. Figuras de centroizquierda, como José Antonio Ocampo o Cecilia López, salieron desilusionados de un Gobierno al que entraron como cuotas de experiencia en el manejo del Estado, como puentes con otros sectores, como garantías de una senda moderada en las reformas. Entre tanto, a una oposición sin una cabeza clara la desbordó por la derecha el outsider De la Espriella. Con la suma del rechazo a Petro y el rechazo a la clase política, y con la bandera de mejorar una deteriorada seguridad a punta de mano dura, la fuerza que demostró en la primera vuelta de mayo indica que una parte de los colombianos se dispone a cerrar la puerta que abrió la paz.La victoria del abogado penalista, cuestionado por su pasado como defensor de paramilitares y lavadores de dinero, no solo sería el regreso de la derecha, del alma más conservadora, al poder. Sería el entronizamiento de una nueva derecha, con un discurso antiestablishment que podría abrir la puerta a medidas que no tomó Álvaro Uribe cuando era un presidente archipopular y logró modificar la Constitución para permitir su reelección. De la Espriella no tiene las ataduras de la derecha histórica, que mantenía las lógicas políticas de las transacciones y componendas con los llamados políticos tradicionales. Como Uribe en 2002, sería elegido al margen de ellos, aunque reciba sus apoyos, y a diferencia del expresidente, sin tener una carrera en esa política tradicional. Sería, en fin, un mensaje explícito de que nunca debió abrirse la puerta al alma reformista, de que a sus cabezas sí les caben los epítetos de “bandidos” o “compradores de votos” a los que De la Espriella busca, según ha dicho, castigar.Y es que la campaña ocurre cuando el fantasma de la confusión entre izquierda y guerrilla, que la paz de 2016 debería haber resuelto, sigue vivo en la calle. Décadas de violencia han dejado hondas heridas entre víctimas del Estado, de los paramilitares, pero también de las FARC o el ELN. Circula esta semana una imagen, hecha por un ciudadano anónimo y compartida miles de veces, que resume el riesgo: “No es Abelardo vs. Cepeda, sino Abelardo vs. la guerrilla”. Es una idea equivocada —las FARC se desmovilizaron hace una década, los grupos que quedan tienen móviles económicos, quienes votan por Cepeda no son de una extinta izquierda armada—, pero su circulación masiva muestra que el estigma que Melo describe como un fenómeno de mediados del siglo pasado no necesita una guerrilla real para reproducirse: le basta con un candidato dispuesto a insinuarlo y un electorado dispuesto a creerlo. Y allí viene el riesgo de que la agenda reformista se detenga, de que el poder regrese a manos de la parte más retardataria de las élites colombianas.Ese estigma, sin embargo, no es hoy el principal combustible de la campaña, y ahí aparece la segunda capa de lo que está en disputa. El politólogo Juan Carlos Rodríguez Raga, de la Universidad de los Andes, sostiene que los colombianos no están tan divididos por posiciones de política pública como por una sensación compartida de que “la cancha está inclinada” hacia las élites. Un estudio académico de 2023 con grupos focales de distintos estratos encontró ese sentimiento antiélite como el rasgo más transversal de la opinión, por encima de las diferencias ideológicas: la estructura impositiva, los subsidios, la corrupción, el clientelismo, todo parece diseñado para los de siempre. Es la gramática que, pese a ser de derecha y no de izquierda, De la Espriella domina mejor que Cepeda —“los nunca” contra “los de siempre”, postula el penalista millonario—, y es también la razón de que la pregunta sobre el futuro del reformismo dependa cada vez menos de qué tan convincente sea el programa de gobierno de cada candidato y cada vez más de quién logra parecer menos parte del poder establecido. Si esa gramática antiélite termina siendo la única que cuenta, el contenido programático que la tradición reformista colombiana ha logrado poner sobre la mesa con el Gobierno de izquierda —reforma agraria, mejoras a la seguridad social, derechos laborales— corre el riesgo de volverse irrelevante sin que nadie lo haya derrotado en un debate de ideas, solo porque ya no es el lenguaje que la sociedad premia.Es algo que ya ha ocurrido en América Latina. Argentina con Javier Milei, El Salvador con Nayib Bukele, José Antonio Kast en Chile, posiblemente Perú con Keiko Fujimori e incluso Brasil con una posible reelección de Jair Bolsonaro: la ola de ultraderecha crece en América Latina. Con ella llegan recortes de derechos sociales y políticos, presiones para reducir derechos de las minorías, iniciativas para reducir el tamaño de los Estados. Una elección de De la Espriella le daría más bríos a esa marea. En contraste, si Cepeda logra la sorpresa, el país que se distanció del grueso de la región en la oleada de dictaduras militares de los años setenta y ochenta, el que evitó las hiperinflaciones o las moratorias de la deuda, el que no logró derrotar a sus guerrillas en el siglo XX, será de nuevo el que marque una diferencia en la región.Eso encaja justamente en la segunda pregunta —si la costumbre institucional colombiana resiste—, que tiene una larga historia. Colombia ha sido, dentro de América Latina, un caso casi anómalo de continuidad: presidentes que entregan el poder a sus rivales sin sobresaltos, pagos puntuales de deuda externa, ausencia de los golpes de Estado, las expropiaciones o las hiperinflaciones que marcaron buena parte del continente. Esa tradición de mesura y solidez institucional es lo segundo que está en la mesa este domingo, con señales de estrés acumuladas. Los partidos políticos, mientras tanto, llegan a esta elección como la institución más desprestigiada del país —apenas un 26% de opinión favorable, según la encuestadora Invamer—, lo que explica por qué tanto De la Espriella como Cepeda han hecho campaña distanciándose de cualquier político que refleje esas vetustas y desacreditadas maquinarias.Esa debilidad se ha puesto aún más en juego durante el cuatrienio de Petro. El presidente ha acusado al Legislativo, a los gremios económicos y a varios tribunales y jueces, en distintos momentos, de cometer un “golpe blando” en su contra. Las decisiones judiciales adversas son, en sus palabras, golpes al pueblo, a sus reformas, incluso delitos por los que ha pedido a sus seguidores demandar a magistrados. Y, en un episodio sin precedentes en los 35 años de la Constitución de 1991, en mayo el ministro de Hacienda se retiró abruptamente de una reunión de la junta directiva del Banco de la República y filtró una decisión de tasas antes de que el propio Banco la anunciara, en lo que varios exdirectivos del emisor describieron como un golpe directo a su independencia. Pero quizás el mayor ejemplo vino la noche de la primera vuelta de estas presidenciales, cuando Petro cuestionó los resultados sin presentar pruebas, un llamado que no tiene precedentes en boca de un mandatario en ejercicio, según recuerda Daniel Gutiérrez, historiador de la Universidad Externado de Colombia. Y uno que encontró eco en De la Espriella, quien respondió llamando al Ejército a activar mecanismos constitucionales si el mandatario “pretendía desconocer la voluntad del pueblo”: la democracia se impondría, dijo, “por la razón o por la fuerza”.Frente a este inventario de fricciones, conviene resistir la tentación del relato apocalíptico. La politóloga Sandra Borda argumenta que hay menos en juego de lo que el ruido de campaña sugiere. Buena parte de lo que ocurre, dice, es el efecto clásico de la segunda vuelta —cada candidato busca mostrarse lo más distante posible del otro— sumado al ensanchamiento normal del espectro político hacia la derecha, después de que se ensanchara hacia la izquierda en la última década. Las promesas más drásticas de De la Espriella, como sacar a Colombia de la ONU, requerirían el aval del Congreso, un freno institucional que ya impidió a Petro llevar hasta el final sus propias ambiciones. “Colombia es alérgica a los cambios drásticos”, resume. Su advertencia, sin embargo, no es tranquilizadora del todo: prevé un retroceso real en el campo económico, porque buena parte del Estado de bienestar que construyó Petro se hizo por decreto y no por reforma legal, lo que lo deja expuesto a un recorte de gasto social que no necesitaría romper ninguna regla formal para desmontarlo y tiene como sustento el creciente déficit fiscal.El sociólogo Mauricio García Villegas, autor de El país de las emociones tristes, plantea el riesgo desde un ángulo distinto: el de un país gobernado por agitadores de las emociones y no de las ideas, donde el resentimiento y el odio mutuo entre los dos bandos pueden “destilar tanta hiel” que termine arrastrando a ambos a un punto de conflicto al que ninguno quería llegar. Cualquiera que gane la presidencia, advierte, enfrentará un deterioro rápido, porque la animadversión recíproca que deja la campaña hará que la oposición, sea cual sea, le haga la vida imposible al ganador. Si Cepeda o Petro denuncian fraude, o si lo hace De la Espriella, esa fractura se exacerbaría. Su escenario de esperanza no es la armonía: es que el cansancio frente a la violencia produzca un gobierno de ultraderecha “tipo Uribe”, que cometa errores, que limite a las minorías, pero que no rompa las instituciones.La periodista María Elvira Samper insiste en que no se puede apostar a un juego de todo o nada. Recuerda que Colombia ya estuvo al borde de ser un Estado fallido, golpeada por el narcoterrorismo, y aun así logró en 1991 una Constitución de consenso, no de vencedores. Lo que falta hoy, dice, es justo eso: un proyecto de país que permita el disenso y el debate civilizados. Su diagnóstico no es optimista: describe un país fracturado, sin un líder a la vista capaz —o dispuesto— de recoger los pedazos.Puesto todo junto, el panorama que deja este recorrido de voces no es el de una catástrofe segura ni el de una transición sin sobresaltos, sino el de dos pulsos que corren a velocidades distintas. A corto plazo, casi todas las fuentes consultadas coinciden en algo parecido a lo que predice Melo: venga quien venga, el próximo Gobierno tendrá poca capacidad real de acción, crecerá el desorden, y el lenguaje hostil de la campaña no se apagará el lunes. Pero ese mismo Melo, pese a su pronóstico sombrío sobre la próxima presidencia, apuesta a que los problemas básicos —desempleo, costo de vida, salud, pensiones— se irán resolviendo poco a poco, a través de reformas pequeñas que el Congreso seguirá aprobando casi al margen de quien gobierne, y que en 15 años el país será más manejable, más educado, más sosegado. Es una forma de optimismo institucional que parte de décadas de historia y de cultura política, que sobrevive por debajo de la fiebre política inmediata, y que coincide, por caminos distintos, con la confianza de Borda en que las reglas formales seguirán filtrando los discursos más extremos.Si esa doble apuesta se cumple, el verdadero examen de este domingo no será si la tradición reformista mantiene el poder, ni si la derecha logra cerrarle la puerta. Será, más bien, si ese viejo talento colombiano para atravesar las crisis sin romper la maquinaria —70 años de entregas de poder sin sobresaltos, de deuda pagada, de constituciones de consenso— sigue funcionando cuando es la maquinaria misma lo que está en el banquillo.