La jornada electoral no comienza cuando un ciudadano deposita su tarjetón en la urna ni termina cuando se anuncian los primeros resultados en la noche del domingo. En realidad, entre esos dos momentos se activa una cadena institucional compleja, silenciosa y cuidadosamente diseñada, donde cada eslabón cumple una función específica para garantizar que la voluntad expresada en las urnas llegue intacta hasta el escrutinio final.En el centro de esa estructura está una idea que hoy guía el operativo electoral: la “Paz Electoral”, impulsada por la Procuraduría General de la Nación. Más que un lema, es una estrategia de control y prevención que busca que la contienda no se desborde en el camino y que los resultados sean aceptados sin fracturas institucionales. “El servidor público, sin excepción, está obligado por Constitución y ley a la neutralidad”, ha insistido el procurador Gregorio Eljach, al subrayar que la democracia no se protege únicamente el día de la votación, sino también en la conducta de quienes tienen poder.Desde esa lógica, la defensa del voto empieza mucho antes del conteo. La Registraduría Nacional es la encargada de poner en marcha la arquitectura logística de la elección, con más de 100.000 mesas de votación, jurados, material electoral y puestos distribuidos en todo el territorio nacional. Ahí se activa la primera línea de control ciudadano.Los jurados de votación, seleccionados por sorteo, cumplen una función central, al instalar la mesa, verificar el material electoral, entregar los tarjetones y realizar el conteo manual de los votos al cierre de la jornada. Todo queda consignado en el formulario E-14, un acta oficial que se convierte en la base del preconteo y del posterior escrutinio.Gregorio Eljach, procurador general. Foto: GUILLERMO TORRES-SEMANA“Todo está dispuesto, no hay ninguna circunstancia que evidencie alteraciones del proceso”, ha reiterado el registrador nacional, Hernán Penagos, quien además destacó que el material electoral fue distribuido en todo el país con acompañamiento de la Fuerza Pública y sistemas de georreferenciación que permiten su trazabilidad desde su origen hasta cada mesa de votación.Pero la cadena no se detiene. A lo largo de la jornada intervienen los testigos electorales de las campañas, quienes vigilan el proceso en cada mesa, pueden solicitar verificaciones y dejar constancia de cualquier irregularidad. Al cierre de las mesas, los documentos son sellados y entran en una fase de custodia en la que participan los claveros, encargados de proteger el material electoral bajo estrictos protocolos de seguridad.En paralelo, el escrutinio avanza como una etapa independiente del preconteo. Las comisiones escrutadoras revisan actas en audiencias públicas, contrastan formularios, resuelven reclamaciones y ordenan recuentos cuando es necesario. Es el momento en el que la información preliminar se somete a verificación jurídica y técnica.Según la Registraduría, hacia las 6:00 de la tarde del domingo podría estar consolidado entre el 70 y el 80 por ciento del preconteo, lo que permitiría tener una tendencia clara del resultado presidencial en las dos horas posteriores al cierre de las urnas. El procurador Eljach ha insistido en que “la legitimidad de las elecciones se fortalece cuando ciudadanos, candidatos e instituciones reconocen los resultados y promueven el diálogo democrático”.Red de verificación y control Ese engranaje institucional se complementa con un sistema de control que no solo protege el conteo, sino también el uso del poder público durante la contienda. Aquí entra la Procuraduría con su estrategia de “Paz Electoral”, articulada con la Contraloría, la Registraduría y otros organismos de vigilancia. El objetivo es evitar que servidores públicos intervengan en política o utilicen sus cargos para favorecer campañas.“En la Procuraduría tenemos el deber moral y ético de hacer valer los principios del buen funcionamiento democrático”, agregó el procurador.Las advertencias son precisas. Están prohibidas la presión a subordinados para apoyar candidaturas, el uso de bienes del Estado con fines proselitistas, la intervención desde cuentas oficiales o la entrega de beneficios públicos con intención electoral. También se vigilan conductas como el acceso indebido a información privilegiada o la participación política desde cargos públicos.En ese mismo entramado institucional, el Consejo Nacional Electoral supervisa partidos, campañas y financiación, mientras la Fiscalía interviene cuando los hechos pueden constituir delitos electorales. El sistema, en conjunto, funciona como una red de verificación cruzada que busca blindar la legitimidad del resultado.El registrador Penagos ha sido enfático en que el sistema colombiano no depende de un solo actor ni de una sola etapa. “Existen múltiples instancias de verificación: jurados, comisiones escrutadoras, jueces y el Consejo Nacional Electoral”, lo que permite hasta cuatro niveles de revisión antes de la declaración final del resultado.Frente a las dudas recurrentes sobre fraude, la posición institucional ha sido desde un inicio contundente, al señalar que no existe evidencia que comprometa la integridad del proceso. De hecho, en las últimas elecciones no se registraron reclamaciones sustanciales que alteraran los resultados del escrutinio, lo que refuerza la confianza en el sistema.En ese contexto, la segunda vuelta presidencial se convierte en una prueba de resistencia institucional. No solo por la capacidad logística del Estado para contar millones de votos en pocas horas, sino por la solidez de una cadena que va desde la mesa de votación hasta el escrutinio final, pasando por ciudadanos, jueces, organismos de control y autoridades electorales.“Estamos en una democracia y la vamos a seguir defendiendo. Las elecciones pasarán, pero las instituciones quedan y los organismos de control estamos presentes, vamos a seguir adelante. En Colombia lo único que no puede dejar de existir es la Paz Electoral”, advirtió el procurador Eljach.Al final, como resume el personero distrital de Bogotá, Andrés Castro, “proteger el voto es proteger la democracia”. Una afirmación que en este país no es retórica, sino el reflejo de un sistema que depende, eslabón por eslabón, de que cada actor cumpla su papel.