NoticiaLa cartera finalizará su mandato este 20 de junio. Era la encargada de reglamentar la Ley.Defensores de derechos humanos piden no más feminicidios ni violencia hacia mujeres Foto: Archivo EL TIEMPO19.06.2026 10:08 Actualizado: 19.06.2026 10:08
La Ley 2530 de 2025, creada para garantizar por primera vez atención integral a los niños, niñas y adolescentes que quedan huérfanos tras un feminicidio, enfrenta una situación crítica a menos de un año de su puesta en marcha.Organizaciones de víctimas advirtieron que la norma podría entrar en un limbo jurídico e institucional debido a que el Gobierno nacional nunca expidió el decreto reglamentario necesario para su implementación.La alerta fue lanzada por la Organización de Huérfanos por Feminicidio en Colombia (Hufafem), que además expresó su preocupación por la proximidad del 20 de junio, fecha en la que culminan las funciones del Ministerio de la Igualdad y la Equidad, entidad que fue designada para liderar la puesta en marcha de la política pública.Presidente Gustavo Petro en evento del Ministerio de la Igualdad Foto:Ovidio Gonzalez SDe acuerdo con el artículo 21 de la Ley, “el Gobierno Nacional, en cabeza del Ministerio de la Igualdad y la Equidad o quien haga sus veces, con el apoyo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), definirán y reglamentarán los criterios de entrada, permanencia y salida, así como los mecanismos de transferencia de las medidas de asistencia de que trata la presente Ley”.Sin embargo, la Corte Constitucional declaró inconstitucional la ley que creó el Ministerio de la Igualdad por falta de aval fiscal, en sentencia de 2024. La cartera siguió funcionando hasta que el gobierno presentara una nueva iniciativa legislativa que corrigiera los errores en su creación. No obstante, hasta el cierre del periodo legislativo ello no sucedió.Ahora bien, volviendo a la Ley para Huérfanos, la normativa destaca que fue concebida para brindar apoyo económico, atención psicosocial y beneficios educativos a los menores de edad que pierden a sus madres como consecuencia de la violencia feminicida. Su propósito era evitar que estos niños quedaran desprotegidos tras el crimen y garantizar una respuesta estatal articulada.Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Foto:Sergio Acero Yate/ El TiempoDe acuerdo con la Organización de Huérfanos por Feminicidio, la ausencia de reglamentación impide que los beneficios contemplados en la norma puedan hacerse efectivos. La situación resulta especialmente preocupante porque, en promedio, dos menores de edad quedan huérfanos cada día en Colombia a causa de feminicidios.Las familias afectadas sostienen que el retraso administrativo no solo representa una falla burocrática, sino una vulneración directa de los derechos de cientos de menores que continúan sin acceso a las ayudas previstas por la ley. Aseguran que cada día de demora aumenta la incertidumbre de quienes ya enfrentan las consecuencias de una tragedia familiar.Otro de los puntos que genera inquietud es la desaparición del Ministerio de la Igualdad sin que se haya definido de manera formal qué entidad asumirá las competencias relacionadas con la implementación de la norma. Para las organizaciones, la falta de claridad podría traducirse en una fragmentación de responsabilidades dentro del Estado.Sindicato de trabajadores del Ministerio de la Igualdad. Foto:sintraigualdad/InstagramLa directora de la organización, Marcela Boyacá Mesa, cuestionó la falta de avances en el proceso y señaló que las víctimas indirectas del feminicidio han sido relegadas en la discusión pública. “Las víctimas del feminicidio no se limitan a la mujer asesinada; se extienden a los hijos e hijas que quedan marcados de por vida por la violencia”, explicó en un comunicado.La vocera añadió que, asimismo, resulta inaceptable que los menores de edad afectados enfrenten una nueva situación de abandono tras la pérdida de sus madres. En su opinión, la ausencia de decisiones concretas por parte del Estado refleja problemas de planeación y falta de voluntad política para cumplir los compromisos para las víctimas.La organización también advirtió que la demora en la puesta en marcha de la ley puede profundizar las condiciones de pobreza y exclusión que suelen enfrentar las familias cuidadoras. Sin apoyo institucional, son abuelos, tíos u otros familiares quienes deben asumir los costos económicos y emocionales derivados de la tragedia.Ante este panorama, el colectivo hizo un llamado urgente a la Presidencia de la República, al Congreso y a las entidades competentes para que garanticen la continuidad de la política pública, asignen los recursos necesarios y, desde luego, definan de manera inmediata la autoridad encargada de ejecutar la ley., que además expresó su preocupación por la proximidad del 20 de junio, fecha en la que culminan las funciones del Ministerio de la Igualdad y la Equidad, entidad que fue designada para liderar la puesta en marcha de la política pública.Jhoan Sebastian Cote Lozanojhocot@eltiempo.com@SebasCote95 en XMÁS INFORMACIÓN EN SECCIÓN JUSTICIA Sigue toda la información de Justicia en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal.
