Noticia Exclusivo suscriptores Del “golpe blando” al decretazo de la consulta popular, los episodios que evidenciaron tensiones con los poderes independientes en este cuatrenio.El presidente Gustavo Petro durante el acto de rendición de cuentas en la UdeA. Foto: Jaiver Nieto Álvarez.PERIODISTA19.06.2026 09:30 Actualizado: 19.06.2026 09:37
Desde el anuncio de una consulta popular tras el hundimiento de su reforma laboral hasta los constantes cuestionamientos a decisiones judiciales y los ataques contra miembros del Banco de la República, el gobierno de Gustavo Petro ha protagonizado una serie de enfrentamientos con otras ramas del poder público que han abierto un debate sobre el respeto a la separación de poderes y los límites del Ejecutivo. LEA TAMBIÉN Las tensiones han sido recurrentes durante el mandato y han involucrado a las altas cortes, el Congreso de la República y a otras instituciones que son pilares de la arquitectura institucional colombiana. Para algunos analistas, estos episodios reflejan una relación conflictiva del Ejecutivo con los contrapesos democráticos cuando sus decisiones resultan contrarias a los intereses del Gobierno.Desde junio de 2023, cuando llevaba menos de un año en la Casa de Nariño, Petro comenzó a advertir sobre un supuesto “golpe blando” en su contra por parte de la Rama Judicial. Lo dijo al afirmar que estaban alterando la representación del Pacto Histórico en el Congreso mediante la suspensión de algunos de sus integrantes. Gustavo Petro, presidente de Colombia. Foto:PresidenciaSus declaraciones fueron interpretadas como una crítica al Consejo de Estado, que había anulado elecciones como las de Roy Barreras y César Pachón por doble militancia. Posteriormente, Petro aclaró que no se refería al Consejo de Estado sino a la Procuraduría. Este episodio marcó el discurso del Gobierno al respecto de los entes de control y fue el inicio, señalan analistas, de su narrativa de "golpe blando", bajo la que cuestionó a las instituciones.“Petro pasó cuatro años peleando contra el establecimiento, contra los medios, contra los gremios, contra los empresarios. No gobernó, sino que hizo oposición al establecimiento desde el Gobierno”, resumió el académico Hernando Gómez Buendía en entrevista con Mauricio Reina a este medio.El pulso con las cortesLas altas cortes han sido uno de los principales focos de confrontación que se intensificaron con decisiones adversas al Ejecutivo. Uno de los episodios que más tensó la relación entre el Gobierno y la Corte Constitucional fue la suspensión de la reforma pensional. El alto tribunal encontró vicios de trámite en su aprobación en la Cámara de Representantes, decisión que dio inicio a un prolongado pulso con el Ejecutivo. Desde entonces, la Presidencia presentó al menos seis recusaciones contra el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, todas rechazadas por la corporación.Otro de los episodios ocurrió en abril de 2026, cuando la Corte Constitucional anuló una nueva declaratoria de emergencia económica con la que el Gobierno buscaba recaudar cerca de $11 billones. La reacción fue inmediata: “Nos quieren ahorcar”, dijo el Presidente.El Consejo de Estado también ha sido blanco frecuente de críticas. Una de las más recientes fue cuando esa corporación suspendió el decreto que ordenaba el traslado inmediato de recursos desde los fondos privados de pensiones hacia Colpensiones, al considerar que el Gobierno excedió sus facultades reglamentarias. Petro respondió señalando que el tribunal “acaba con el derecho a la pensión” y calificó la decisión como “un golpe de Estado contra el pueblo constituyente y soberano”. Incluso pidió que se denunciara penalmente al magistrado ponente del fallo.Para el analista político Carlos Arias, a partir de los primeros meses de gobierno, Petro comenzó a construir un discurso político basado en divisiones entre sectores sociales y económicos, presentando el debate público en términos de élites contra pueblo. Según su lectura, esa misma lógica se trasladó a la relación con las altas cortes cuando estas adoptaron decisiones contrarias a las reformas impulsadas por el Ejecutivo.“Se fue instalando una narrativa según la cual cualquier decisión judicial adversa era vista como una oposición al Gobierno o a las transformaciones sociales que proponía. Eso termina afectando la independencia judicial porque los jueces y magistrados quedan sometidos a una presión permanente desde el poder político”, señaló.La tensión también alcanzó a la Corte Suprema de Justicia. En agosto de 2024, Petro llamó “negro conservador” al entonces presidente de la corporación, Gerson Chaverra. Paralelamente, varios magistrados de altas cortes optaron por posesionarse ante sus propias corporaciones y no ante el presidente de la República, en un gesto interpretado como una reivindicación de la independencia judicial.Frente a estos episodios, el presidente de la Corte Suprema, Iván Mauricio Lenis Gómez, advirtió: “No es normal que se agreda a las ramas del poder público porque no se está a favor de una decisión. Lo que demuestra el talante de un demócrata es el respeto de las decisiones de la justicia”.Los enfrentamientos con el CongresoLa relación con el Congreso también ha estado marcada por momentos de alta tensión. El episodio más significativo se produjo en junio de 2025, cuando el Gobierno expidió el decreto que convocaba una consulta popular sobre las reformas laboral y de salud.La decisión llegó después de que el Senado negara la posibilidad de convocar a los ciudadanos a las urnas. A pesar de esa votación, el Ejecutivo argumentó que había existido fraude y emitió el decreto. Sus críticos sostuvieron entonces que el Gobierno desconoció una decisión del Legislativo y 'chantajeo' a ese poder público, pues dijo que retiraría la consulta popular solo si se aprobaba su reforma laboral.Antes de ello, a finales de 2024, las comisiones económicas del Congreso rechazaron la reforma tributaria presentada por el Gobierno para cubrir el déficit presupuestal. Petro respondió anunciando que “rompía” con esas comisiones, aunque dicha decisión no tuvo efectos prácticos.Las tensiones con el Legislativo venían desde los primeros años del mandato. Cuando la Comisión Séptima retrasó el trámite de la reforma a la salud, el presidente respondió rompiendo la coalición de gobierno. Desde entonces, cada hundimiento o modificación de iniciativas oficiales ha estado acompañado de fuertes cuestionamientos del mandatario hacia el Congreso.De acuerdo con Arias, buena parte de los choques institucionales del Gobierno obedecen a una apuesta por la confrontación en lugar de la construcción de consensos. Según explicó, Petro abandonó tempranamente la posibilidad de tramitar sus reformas mediante acuerdos políticos y optó por una estrategia de presión y confrontación con otras ramas del poder público cuando encontró obstáculos a sus iniciativas.“En una democracia las transformaciones requieren concertación. Cuando se reemplaza el diálogo por la imposición, inevitablemente aparecen los choques con las instituciones que están llamadas a servir de contrapeso”, señaló.El choque con el Banco de la RepúblicaEl tercer frente de confrontación ha sido el Banco de la República, entidad cuya independencia está consagrada como garantía para el manejo de la política monetaria.Durante varios meses, Petro criticó las decisiones del banco relacionadas con las tasas de interés. El punto más álgido llegó cuando la junta directiva decidió aumentarlas en 100 puntos básicos para enfrentar la inflación, pese a los llamados del Gobierno para reducirlas.La respuesta fue una ruptura política sin precedentes. Primero, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, anunció que el Gobierno cortaría relaciones con la entidad. Después, el propio presidente cuestionó las decisiones de la junta y sugirió que estaban motivadas por razones políticas contra su administración. E incluso llamó a una integrante de la junta "fascista" y "genocida".Analistas sostienen que esa dinámica de confrontación terminó alimentando la polarización política del país. “Ante las dificultades para sacar adelante su agenda, el Gobierno encontró en la confrontación un mecanismo de movilización política. El resultado fue una profundización de las divisiones que hoy se reflejan en el escenario electoral y en el debate público”, afirmó Arias.El nuevo gobierno que asuma el próximo 7 de agosto se encontrará con un escenario marcado por las tensiones entre los poderes públicos. Uno de sus principales desafíos será reconstruir los canales de diálogo entre las instituciones, respetar los contrapesos democráticos y recuperar la confianza en la capacidad de la sociedad para construir consensos.Paula Valentina RodríguezRedacción PolíticaMás noticias en EL TIEMPOAlerta de seguridad en jornada electoral. 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