La Fiscalía General de la República (FGR) se ha quedado sin armas contra Israel Vallarta, quien fue una de sus principales presas durante dos décadas. La dependencia, ahora comandada por Ernestina Godoy, ha perdido su última batalla judicial con la que buscaba que Vallarta volviera a prisión. Ya no le quedan más recursos. Un tribunal federal, el Primero Colegiado de Apelación del Segundo Circuito, ha confirmado este jueves la sentencia absolutoria que el acusado recibió en agosto del año pasado, cuando una jueza lo puso en libertad —tras 19 años en prisión sin condena— porque no se habían probado los delitos de secuestro, delincuencia organizada y portación de armas de uso exclusivo del Ejército de los que era acusado. Vallarta, que fue protagonista de uno de los mayores montajes televisivos en México y que siempre ha mantenido su inocencia, estaba “100% seguro de que así iba a ser”, según ha señalado a EL PAÍS. “Es un hecho bastante claro y probado que esta sentencia en primera instancia, donde se confirma mi inocencia, está hecha apegada a derecho, con pulcritud, se toman en cuenta criterios de la Suprema Corte de Justicia, de tratados internacionales, de sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entonces es muy difícil que esta sentencia absolutoria pudiera modificarse o revocarse”, detalla por teléfono en referencia a la resolución de la jueza Mariana Vieyra, del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal, con sede en Toluca, que lo sacó del penal de máxima seguridad El Altiplano el pasado 1 de agosto. Ahora el tribunal federal ha resuelto por unanimidad confirmar esa sentencia absolutoria, que había sido apelada por la FGR, porque, en palabras de Alejandro Gertz Manero, quien era entonces fiscal general, era “una obligación moral, ética y jurídica defender a las víctimas” de Vallarta. El propio fiscal había reconocido unos meses antes, en marzo de 2025, que la acusación era “un montaje”, pero, aún así, la dependencia recurrió la libertad de Israel. Esa apelación era el último movimiento de una dependencia federal —antes como Procuraduría General de la República (PGR)— que dedicó años y recursos a la persecución de los Vallarta, desde que el 8 diciembre de 2005 Israel fuera arrestado junto a la francesa Florence Cassez. Ambos fueron las víctimas de un recreación orquestada por el entonces secretario de Seguridad Genaro García Luna y su jefe de policía, Luis Cárdenas Palomino (ambos están presos hoy). Ambos fueron presentados en directo como los secuestradores de un episodio que se creó solo para salir emitido en televisión. Cuando el montaje se desveló, el Estado mexicano desplegó todas sus artimañas para cubrir una mentira con otra, una tortura con otra, un falso testimonio con otro. El castillo de naipes se cayó primero para Florence Cassez, quien tras un conflicto diplomático con Francia, fue absuelta por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2013. La libertad de Israel Vallarta tuvo que esperar 12 años más, pero llegó. Y ahora con la confirmación del Primer Tribunal Colegiado de Apelación del Segundo Circuito no puede ser revocada.