La Cámara de Diputados ha aprobado una resolución que insta al presidente José Antonio Kast a eliminar el uso del lenguaje inclusivo en los servicios públicos de Chile. La propuesta, promovida por legisladores de la derecha, cuestiona las políticas impulsadas durante el Gobierno de Gabriel Boric (2022-2026) y acusa a la anterior Administración de izquierdas de intentar extender el uso de fórmulas de comunicación inclusiva en los organismos estatales.La iniciativa fue respaldada el miércoles por 85 diputados, mientras que 53 votaron en contra y uno se abstuvo. Además del apoyo de las bancadas de la derecha, el proyecto también recibió el espaldarazo del Partido de la Gente (PDG), una formación populista fundada por el economista Franco Parisi. Durante el debate, el presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri, leyó un documento con el corazón de la resolución, que instruye “a todos los ministerios dejar inmediatamente sin efecto, aquellos actos administrativos que impongan el uso del lenguaje inclusivo en los diferentes servicios públicos y que ordene desde ya por decreto el correcto uso del idioma castellano”.Los legisladores solicitan que se prohíba de inmediato “cualquier distorsión gramatical en función del género, etnia u otro tipo de clasificación identitaria”. El diputado Cristián Araya, del Partido Republicano –de la extrema derecha y fundado por Kast–, dijo que mediante el decreto se hará uso correcto del idioma, “sin distorsiones absurdas”. En su cuenta de X, el parlamentario denunció que “durante años se ha gastado dinero en hacer manuales de cómo hablar y comportarse”, agregando: “Eso se termina. ¡Chao a la dictadura woke!“. A esta decisión se suma que el Gobierno de Kast, el más conservador desde el retorno a la democracia en 1990, decidió el 20 de marzo no suscribirse a la declaración de los derechos LGTBIQ+ en la Organización de Estados Americanos (OEA). La postura del Ejecutivo marcó distancia en relación con el respaldo que brindaron a estas políticas los gobiernos de la socialista Michelle Bachelet (2006-2010 y 2014-2018), de Sebastián Piñera (2010-2014 y 2018-2022), de la derecha moderada, y del izquierdista Boric, que dejó la Presidencia el pasado 11 de marzo. Las agrupaciones defensoras de los derechos de la diversidad sexual cuestionaron la aprobación del proyecto que elimina el lenguaje inclusivo en los servicios públicos por parte de los diputados. El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh Chile) criticó que los diputados aprobaran este proyecto “sin siquiera contar con una definición clara de lo que entienden por lenguaje inclusivo” y acusó a la Cámara Baja de enviar “una pésima señal al intentar censurar las formas de expresión que algunas personas utilizan para promover una comunicación más respetuosa con la diversidad social”. En un comunicado divulgado en sus redes sociales, la organización agregó que “este proyecto obedece a razones estrictamente ideológicas, de identitarismo político-partidario, que no toman en cuenta los cambios culturales y sociales, al tiempo que violenta la democracia al cercenar el debate sobre estas materias e imponer una determinada visión”. La Fundación Iguales, por su parte, declaró que “el Estado no debería decirle a nadie cómo hablar” e instó a “conocer nuevas formas de nombrar a más personas en positivo”. Los activistas lamentaron la aprobación de una resolución que, a su juicio, no tendrá efectos positivos. María José Cumplido, directora ejecutiva de Iguales, dijo que no existe ningún acto administrativo que “imponga” el uso del lenguaje inclusivo, sino manuales con sugerencias y contenidos. Aseguró, en X, que “la discusión sobre la inclusión en el lenguaje data del siglo XVIII” en respuesta al diputado Javier Olivares, del PDG, que apoyaba la medida.