José Luis Rodríguez Zapatero llegó este miércoles a la Audiencia Nacional siendo plenamente consciente de que sus palabras tendrían eco mucho más allá de la sala donde el juez instructor José Luis Calama iba a interrogarlo. El expresidente del Gobierno, que estuvo en el poder desde 2004 a 2011 y ha sido un referente indiscutible en la izquierda en esta última legislatura de Pedro Sánchez, salió con la impresión de que había sido un “interrogatorio exigente”, pero con la tranquilidad de haber contestado a prácticamente todas las cuestiones, según exponen fuentes de su entorno. Sabía que no solo el magistrado del caso Plus Ultra esperaba sus explicaciones. Y, durante más de tres horas, defendió su inocencia: “Nos costará más o menos tiempo demostrarlo, pero la verdad se abrirá paso”, añadió en un comunicado enviado a los medios de comunicación tras la declaración. Sin embargo, para el juez aún quedan muchas incógnitas por despejar, averiguaciones por hacer y sospechas que no se han disipado.El primer expresidente del Gobierno imputado en una causa judicial decidió contestar solo al instructor y a su propio abogado, eludiendo las preguntas de la Fiscalía Anticorrupción, que ha sido la impulsora de esta causa desde el inicio en enero de 2025. Fuentes de su entorno explican que el magistrado Calama estuvo “incisivo” y “exhaustivo” y haciendo mucho hincapié en algunos puntos de la causa que aún están en el aire, como, por ejemplo, el germen de una sociedad en Dubái que los investigadores creen que se planeó como paso previo al rescate de Plus Ultra para poder desviar el dinero de una comisión de un 1% que el empresario Julio Martínez Martínez había firmado quedarse. Y señalan que Zapatero también mostró su absoluta disposición a colaborar con la justicia, entregando incluso un documento con el que daba luz verde a pedir cualquier documentación bancaria en cualquier país o a profundizar en su patrimonio. El magistrado expuso que la causa estaba todavía en una fase “embrionaria”, pero, en una resolución firmada tras la comparecencia, también señaló que “la declaración del investigado no ha logrado desvirtuar los indicios racionales de criminalidad”. En ese escrito, descarta quitar el pasaporte al expresidente y prohibirle salir de España (como le había reclamado la Fiscalía Anticorrupción), pero incide en que siguen existiendo elementos suficientes para mantener su imputación. El juez sostiene que constan en el sumario “diversas y distintas fuentes de prueba” que apuntan contra él. Y resalta cuatro.Los dispositivos intervenidos al grupo Plus Ultra. En diciembre de 2025, cuando las pesquisas aún se dirigían desde un juzgado ordinario de Madrid, la magistrada Esperanza Collazos autorizó la detención de la cúpula de Plus Ultra (Julio Martínez Sola, presidente actual de la aerolínea, y Roberto Roselli, consejero delegado), de un abogado próximo a la empresa, Miguel Palomero, y de Julio Martínez Martínez, administrador de la consultora Análisis Relevante, amigo de Zapatero y supuesto hombre pantalla del exjefe del Ejecutivo. En esa intervención, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía registró también varios inmuebles e intervino múltiples teléfonos y dispositivos electrónicos, de los que extrajeron mensajes que, según su tesis, perfilan una red de tráfico de influencias para intermediar para que el Gobierno concediera el rescate a la compañía aérea. “Tocayo, tienes que averiguar qué asesor está llevando nuestro expediente. Gracias”, le escribió Sola a Martínez Martínez en noviembre de 2020, según un informe policial. Zapatero ha señalado que se trata de mensajes de terceros y que no hay ninguna evidencia de que él intercediera en el rescate. De hecho, ha negado cualquier presión o intervención con funcionario alguno y ha expuesto que no tuvo relación con nadie de Plus Ultra, más allá de que conoció al actual presidente, Julio Martínez Sola. La “trazabilidad de diversas transferencias”. El juez pone el foco en los movimientos de dinero “entre las cuentas bancarias de José Luis Rodríguez Zapatero”, que la UDEF y Anticorrupción relacionan “con fondos procedentes” presuntamente “de la ayuda pública concedida por el Gobierno” a Plus Ultra, así como con la “utilización de múltiples sociedades mercantiles indiciariamente instrumentales para canalizar estos pagos”. El sumario recoge que Plus Ultra pagó a Martínez Martínez por sus servicios; y añade que Zapatero cobró de Análisis Relevante 490.780 euros en cinco años —un dinero que está bloqueado por la Audiencia Nacional—. La empresa de sus hijas, What The Fav, también percibió 239.755 euros de Análisis Relevante; así como 561.440 euros de Inteligencia Prospectiva, una empresa vinculada a los hermanos venezolanos Domingo Arnaldo y Guillermo Alfredo Amaro Chacón. Inteligencia Prospectiva abonó igualmente 266.200 euros al think tank Gate Center, cuyo consejo asesor presidió el exlíder socialista y que, según los investigadores, “habría remitido 171.727 euros a What The Fav”.Zapatero ha encuadrado en la normalidad de labores de consultoría todos estos pagos. Ha defendido su labor de consultor por su trayectoria y experiencia reclamada por muchas empresas y ha defendido también la labor de sus hijas de comunicación y maquetación de muchos de sus informes. Según su versión, por ejemplo, conocía a los hermanos Amaro Chacón y con ellos también realizó labores de consultoría a través de Análisis Relevante. El contenido del móvil enviado de Estados Unidos. La Oficina de Investigación de Seguridad estadounidense (HSI, por sus siglas en inglés) entregó el 18 de marzo de 2026 a la Policía española una copia del contenido del teléfono de Rodolfo Reyes, exdueño de Plus Ultra, que los agentes estadounidenses consiguieron en 2021 durante un control de fronteras en el aeropuerto de Miami, cuando le pararon y le clonaron el móvil. Calama considera esa prueba como un indicio destacable. Según el material de las fuerzas de seguridad de EE UU, en este se encontraron mensajes que hacen referencia a la intermediación del expresidente español. "Delcy que llame a Ábalos. O alguien con Zapatero”, escribió Reyes el 30 de marzo de 2020. “Acaba de hacerse el puente con ZP”, reflejó el 28 de abril de ese año. “Julio habló con ZP. 11 mn. Le explicó todo”, escribió dos días después.La defensa del expresidente refuta esta prueba desde la raíz. Por ello, ha pedido al juez que reclame a Estados Unidos los detalles de cómo se incautó este móvil, si se obtuvo con autorización judicial, cómo se custodió durante cinco años y quién dio la orden de que se entregara a España. Las joyas. El 19 de mayo, la UDEF registró la oficina del expresidente, situada en la madrileña calle de Ferraz, frente a la sede nacional del PSOE. Los agentes localizaron entonces joyas valoradas en 1,3 millones de euros. “Sin que, a día de hoy, se haya acreditado su origen ni su correspondiente liquidación tributaria y aduanera”, hace hincapié el magistrado de la Audiencia, que le imputó dos nuevos delitos tras ese hallazgo (contrabando y fraude fiscal).La defensa, ejercida por el letrado Víctor Moreno Catena, ha solicitado a Calama “ocho o diez días” más para poder aportar la documentación sobre el origen de las joyas. Fuentes del entorno del expresidente explican que las comprobaciones están exigiendo un gran “esfuerzo” porque hay implicados países árabes y no quieren correr el riesgo de equivocarse por ir deprisa. Los escenarios que se abren en una causa “embrionaria”El juez puede, por tanto, volver a escuchar al expresidente para que aclare el delito fiscal y el delito de contrabando que le ha imputado tras localizar las joyas. De hecho, en su resolución de este miércoles, Calama ahonda en que la causa se encuentra en una fase “embrionaria”. Es decir, ahora se abren distintos escenarios y se multiplican las averiguaciones por hacer. El magistrado tiene sobre la mesa la opción de llamar a declarar a más investigados y a nuevos testigos. Una vez se ha levantado el secreto de sumario, todos los imputados conocen de qué se les acusa de forma detallada. Cuando fueron detenidos el 11 de diciembre de 2025, el presidente de Plus Ultra (Julio Martínez Sola), el consejero delegado (Rodolfo Roselli), el letrado que supuestamente utilizó la trama para desplegar sus influencias (Miguel Palomero) y el empresario Julio Martínez Martínez, decidieron acogerse a su derecho a no declarar. Pero la causa estaba secreta en ese momento y la situación ha cambiado. La ley prevé que el magistrado puede citarlos para interrogarles o, incluso, ellos mismos pueden solicitar su comparecencia. Precisamente, la versión del administrador de Análisis Relevante, amigo personal de Zapatero, se erige como una de las piezas clave a encajar —ya sea para apuntalar las explicaciones del expresidente o para añadir nuevos detalles a la causa—. Además, Calama está a la espera de más informes que la UDEF elabore tras los registros del pasado mayo. Ese día, más allá de las mediáticas joyas, intervinieron información de los ordenadores de la oficina del expresidente que, según el juez, funcionaba como centro operativo de la supuesta red de influencias. También entraron e incautaron dispositivos y documentación en las sedes de What The Fav e Inteligencia Prospectiva. La Policía requirió igualmente papeles a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), que supervisaba los rescates concedidos por el Gobierno. Las acusaciones populares ya han pedido la imputación de las hijas de Zapatero, así como la declaración de altos cargos públicos que participaron en la concesión de la ayuda pública a la aerolínea. El magistrado deberá pronunciarse sobre estas solicitudes.La causa igualmente está a resultas de lo que el juez decida sobre la petición a Estados Unidos del volcado del teléfono móvil de Rodolfo Reyes. La defensa de Zapatero ha explorado esta vía como una posible nulidad, puesto que no están claras las circunstancias en las que este teléfono se incautó y cómo se custodió desde 2021 hasta que se entregó a la Policía en 2026. El juez debe decidir si, efectivamente, en una petición de información a Washington reclama todos estos detalles antes de determinar si los mensajes que contienen ese teléfono pueden incorporarse a la causa.