La pareja de Juanfran Pérez Llorca, presidente de la Generalitat Valenciana, ha decidido no optar a la provisión en comisión de servicios de la plaza de funcionaria de la Diputación de València para la que fue contratada hace seis meses y que desató las críticas de la oposición por "enchufismo". La mujer abandonará así su puesto en la corporación provincial, informa EFE.PublicidadFuentes de la Diputación han informado de que la comisión de servicios dura seis meses y después se hace una provisión para consolidar la plaza, opción a la que la esposa de Pérez Llorca ha decidido no concurrir, según ha avanzado eldiario.es.La Diputación de València aprobó el pasado 3 de marzo, bajo la presidencia de Vicente Mompó (PP), una comisión de servicio –mecanismo que posibilita el traslado provisional de un empleado público a otro puesto– para Vanesa Soler, pareja del sucesor de Carlos Mazón en la Generalitat Valenciana. El sueldo anual adscrito a la plaza ascendía a 52.000 euros anuales.Funcionaria en FinestratEl president de la Generalitat ha defendido en varias ocasiones la contratación de su pareja, funcionaria en el Ayuntamiento de Finestrat (Alacant), por la Diputación valenciana en una comisión de servicios, como las "más de 11.500" comisiones que el Gobierno del Botànic, formado por PSPV-PSOE, Compromís y Unides Podem, aprobó en sus últimos siete años.También ha afirmado que a su pareja "no le han sacado una plaza para ella" sino que el puesto estaba ofertado desde julio del año pasado, cuando no se sabía que él sería presidente, y que se había tramitado mediante un procedimiento de libre concurrencia al que se presentaron cinco candidatos, y que se adjudicó a la persona que más experiencia tenía, que era ella.PublicidadPérez Llorca también ha asegurado que su pareja ha hecho lo que hace "cualquier funcionario que quiere conciliar" su vida laboral y familiar, "sin ningún trato a favor".El Partido Socialista ha reclamado el expediente de contratación de Vanesa Soler en el Ayuntamiento de Finestrat para confirmar que accedió al puesto tras aprobar una oposición, al considerar que "no es normal que pase de cobrar 25.000 a 52.000 euros y que se haya producido así", según dijo el diputado socialista en Les Corts, José Muñoz, en marzo.