El Ayuntamiento de València, gobernado por PP y Vox, no ha puesto en marcha los controles antifraude en materia de contratación pública previstos en los códigos éticos de la Administración. En tres años de mandato, el gobierno que dirige María José Catalá no ha creado el órgano encargado de vigilar los conflictos de intereses en los contratos municipales, un Comité Ético previsto en el Plan de Integridad Municipal, que se aprobó en mayo de 2023.
A este comité le corresponde estudiar y canalizar las denuncias que puedan llegar en materia de contratación pública, los posibles conflictos de intereses en materia de integridad y proponer mejoras o medidas de “sanción” y “persecución” de los incumplimientos. Es, grosso modo, el órgano competente en hacer seguimiento del plan de integridad.
La Agencia Valenciana Antifraude lo reseña en su informe sobre las abstenciones del concejal de contratación, José Marí Olano, que han sido trasladadas a un órgano de la Intervención General del Estado encargado del fraude en proyectos europeos. En el documento, que señala una serie de irregularidades en los haceres del concejal que presidió la mesa de contratación entre abril y diciembre, y sigue siendo delegado de contratación municipal, Antifraude observó “una falta de diligencia al no comunicar el conflicto de interés al Comité ético o Unidad de Integridad”, previsto en la ley de contratos del sector público. Antifraude pidió un informe sobre la comunicación del posible conflicto de interés al comité ético del Ayuntamiento de Valencia, que el consistorio nunca remitió, pero alegó que “se han adoptado las medidas para abordar el conflicto de interés”.
