La Casa Rosada entró en modo contención. Por primera vez desde que estalló la controversia patrimonial alrededor de Manuel Adorni, el Gobierno activó a toda su estructura política para evitar que el jefe de Gabinete quede expuesto a una derrota en el Congreso. Los miembros de la mesa política libertaria recibieron en las últimas horas una misión concreta: persuadir a los aliados históricos del oficialismo de que no acompañen los pedidos de interpelación y moción de censura impulsados por la oposición.
El objetivo inmediato es uno solo: impedir que el caso Adorni se transforme en una crisis institucional de dimensiones inéditas. El primer desafío aparece este jueves en el Senado. La convocatoria deberá terminar de definirse en la reunión de labor parlamentaria encabezada por Victoria Villarruel, una de las dirigentes más críticas del jefe de Gabinete dentro del universo que rodea al mundo libertario. Allí, el peronismo intentará avanzar con aquella herramienta incorporada a la Constitución durante la reforma de 1994 y que nunca fue utilizada en la historia reciente del país.
La respuesta oficial llegó incluso antes de que la discusión escalara. El martes por la noche, la Jefatura de Gabinete envió una nota a la Cámara alta confirmando que Adorni se presentará el próximo 2 de julio a brindar su informe de gestión. En Balcarce 50 la decisión es presentada como una obligación institucional. Pero también funciona como una estrategia de fuga hacia adelante: exponer al funcionario en el terreno donde el oficialismo se siente más cómodo y evitar que la oposición imponga sus propios tiempos.
