En un pequeño y apacible pueblo del sur de Chile llamado Loncoche, de unos 25.000 habitantes, se ha producido un crimen que ha dejado conmocionado a la zona y al país entero. Una joven de 17 años habría encargado el asesinato de su propia madre, Ingrid del Carmen Barrera Rantul, de 53 años, que se oponía a la relación amorosa (pololeo, como se le dice en Chile a los noviazgos) que sostenía con un compañero de colegio de su misma edad. De acuerdo a los primeros antecedentes entregados públicamente por la Fiscalía, ambos contactaron a un amigo para matar a la mujer, por lo que ofrecieron un pago de 60.000 pesos chilenos (unos 67 dólares). Los tres presuntos implicados, ahora detenidos, eran compañeros de curso. Fue la misma pareja la que alertó a la policía del crimen el pasado lunes, tras -supuestamente- hallar el cuerpo en la vivienda, en un sector humilde de la localidad. El cadáver tenía 80 lesiones, entre heridas por arma blanca (un cuchillo) y fracturas, como la del cuello. “La labor desarrollada por la Brigada de Homicidios en coordinación con la Fiscalía Local de Loncoche permitieron identificar a las personas que tendrían participación en estos hechos”, explicó el fiscal regional, Roberto Garrido, luego de las detenciones de este martes por la noche. El jefe de la Brigada de Homicidios de Temuco, el subprefecto Sergio Alarcón, entregó detalles: “La hija de la víctima se habría concertado y planificado junto a su pareja a fin de darle muerte a esta persona. Es así que se contactaron con un tercer imputado, a quien le ofreció un pago de 60.000 pesos para efectos de cometer el delito”, explicó el policía sobre este crimen ocurrido en Loncoche, al sur de Temuco, la capital de La Araucanía. El cuerpo de la víctima permenecía en lu vivienda de calle República con Porvenir del sector Lechería de Loncoche. Ha trascendido que el tercer detenido, el amigo de la pareja, también de 17 años, sería el autor material del asesinato y quien habría recibido el pago. El fiscal Garrido aseguró que había conflictos familiares entre la madre y la hija. “Incluso, la oposición de la víctima a la relación sentimental que tendría su hija con su pololo”, dijo el investigador. Fue la razón que habría motivado a la joven a encargar el crimen y a dejar abierta una de las ventanas de la casa, donde ambas vivían, para que entrara el presunto asesino material. En el sencillo hogar de madera de dos plantas, pintado de amarillo, residía también el padre de la muchacha y exesposo de la mujer, José Coronado Muñoz. Convivía en el mismo hogar, pero estaban divorciados hace dos años y separados de hecho hace unos 12. Coronado fue alguna vez denunciado por violencia intrafamiliar por la mujer. Lo reconoció este miércoles en una conversación con los medios de comunicación locales, donde reveló maltratos físicos y verbales de la adulta hacia la adolescente y contra de sus otros dos hijos. “El vaso se rebalsó”, explicó el hombre, que se declaró impactado. “Jamás pensé que mi hija iba a hacer eso”, dijo Coronado. “El que la mató se ensañó con ella. Estoy destrozado. Espero que el señor perdone a mi hija por lo que hizo”, agregó. Hubo testigos que vieron al adolescente salir de la casa con manchas de sangre en su rostro y ropa, lo que fue advertido a las autoridades locales. “Posteriormente al hecho, hay una gran cantidad de antecedentes que se indican a estas personas como partícipe de los hechos, no solo registros de video, sino que también algunos testimonios”, dijo el fiscal. “Se trata de un sicariato. Las imputaciones que se pueden hacer en este caso son homicidio calificado respecto de los dos varones adolescentes, y de parricidio respecto de la hija de la víctima. Hay varias circunstancias que pueden calificar esta conducta como homicidio calificado”, ahondó el fiscal. Este miércoles se realizará el control de detención de los tres, que han reconocido los hechos. El Ministerio Público solicitará la extensión del arresto para reunir mayores antecedentes antes de la formalización. La Fiscalía de La Araucanía pedirá la internación provisoria de los tres imputados que, por tratarse de menores de edad, arriesgan penas de hasta 10 años de cárcel.