Miembros del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), en protesta. EFE/ Gustavo Amador
Siguen pendientes medidas de protección para integrantes del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) casi un año después de la filtración de información sensible sobre su esquema de seguridad. Una nueva evaluación indicó que al menos la mitad de las recomendaciones formuladas no se concretó.La alerta se emitió tras la divulgación no autorizada de detalles del esquema de protección asignado a integrantes del COPINH. La filtración expuso datos cuya confidencialidad era clave para la seguridad de personas en riesgo por su labor de defensa territorial, ambiental y de derechos colectivos. según el informe del Comisionado Nacional de Derechos Humanos (CONADEH)PUBLICIDADMeses después de esa advertencia, la evaluación también señaló que sigue pendiente la resolución de un recurso presentado por el COPINH desde 2022, así como la adopción de mecanismos de protección ajustados a las denuncias sobre seguimiento, vigilancia y actos de estigmatización denunciados por miembros de la organización.Otro de los puntos pendientes es la falta de resultados sobre el origen de la divulgación de información relacionada con el esquema de protección. El COPINH mantiene pendiente la resolución de un recurso presentado desde 2022 y reclama mecanismos de protección ajustados a denuncias de seguimiento, vigilancia y estigmatización.La investigación buscaba determinar cómo se produjo la filtración y establecer eventuales responsabilidades dentro de las estructuras encargadas de garantizar la seguridad de las personas beneficiarias.El proceso investigativo vinculado con la filtración continúa abierto. Las diligencias permanecen bajo análisis de unidades especializadas, sin que hasta el momento se conozcan conclusiones definitivas sobre los responsables de la divulgación.PUBLICIDADLa exposición de datos sensibles puede comprometer estrategias de protección diseñadas para personas que enfrentan amenazas por su trabajo en defensa de derechos humanos. Organizaciones nacionales e internacionales han señalado en distintas ocasiones que la confidencialidad de estos mecanismos constituye un elemento esencial para prevenir agresiones.El seguimiento también reflejó escasos avances en acciones destinadas a contrarrestar la estigmatización contra quienes desarrollan labores de defensa social y comunitaria. Entre las medidas propuestas figuraban campañas de sensibilización y esfuerzos permanentes para promover el reconocimiento de su trabajo, iniciativas sobre las cuales no se informaron resultados concretos.Desde el COPINH se sostiene que los riesgos no se limitan a hechos aislados. La organización ha denunciado que numerosas amenazas han estado precedidas por actos de vigilancia, seguimiento y hostigamiento, situaciones que, según sus integrantes, reflejan patrones recurrentes de intimidación contra personas vinculadas a la defensa de los derechos de los pueblos indígenas.PUBLICIDADCampesinos del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) se manifiestan frente a la Corte Suprema de Justicia por el caso de asesinato de la ambientalista Berta Cáceres, el 6 de abril del 2021. EFE/Gustavo Amador
