Tras tres horas de declaración de José Luis Rodríguez Zapatero en la Audiencia Nacional, el juez instructor José Luis Calama ha dictado una resolución de cuatro páginas para rechazar retirarle el pasaporte, prohibirle salir del país y obligarle a comparecer cada 15 días, como habían pedido la Fiscalía Anticorrupción y el PP, que lidera las acusaciones populares. “Su visibilidad pública y manifiesto arraigo en el territorio, unidos a la ausencia de cualquier indicio de intención evasiva, excluyen razonablemente la existencia de un riesgo de fuga real y actual”, ha argumentado el magistrado al descartar la petición, aunque sí ha matizado que considera que las manifestaciones del antiguo líder del PSOE “no han logrado desvirtuar los indicios racionales de criminalidad” que se ciernen sobre él.Calama, que ha interrogado a Zapatero desde las 09.00 de este miércoles, mantiene que el sumario del caso Plus Ultra contiene suficientes elementos para mantener la imputación del expresidente del Gobierno. “[Indicios] que derivan de diversas y distintas fuentes de prueba”, expone el juez, que destaca “la trazabilidad de diversas transferencias entre las cuentas bancarias de Zapatero en relación con fondos procedentes de la ayuda pública concedida por el Gobierno a la mercantil Plus Ultra y la utilización de múltiples sociedades mercantiles indiciariamente instrumentales para canalizar estos pagos”. Así como el teléfono móvil intervenido a Rodolfo Reyes, exdueño de la aerolínea en el momento del rescate, y enviado a España por las autoridades de Estados Unidos. El magistrado también resalta que se intervinieron al socialista joyas por valor de 1,3 millones de euros: “Sin que, a día de hoy, se haya acreditado su origen ni su correspondiente liquidación tributaria y aduanera”. La resolución incide en que la “investigación tiene un evidente carácter embrionario”. Y, por tanto, “todo lo expuesto” puede consolidar la tesis acusatoria actual; o, en cambio, “disipar” los indicios “a través de diligencias de investigación que contrarresten” las sospechas.Sin embargo, el juez añade que todo ello no puede conllevar automáticamente a adoptar medidas excepcionales para restringir los movimientos del exjefe del Ejecutivo: “La mera existencia de indicios no habilita por sí sola la adopción de medidas restrictivas”. El magistrado no aprecia ese riesgo de fuga que mencionan la Fiscalía y las acusaciones populares —que han llevado a varias de ellas (el partido Iustitia Europa y los grupos ultra Vox, Hazte Oír y Liberum) a pedir, incluso, prisión provisional—. “El investigado es una persona de pública notoriedad, circunstancia que dificulta de manera evidente que pueda situarse en una posición de ilocalización o sustraerse discretamente al procedimiento”, responde el instructor de la Audiencia Nacional.“Tampoco se aprecia riesgo de ocultación o destrucción de fuentes de prueba, pues los elementos relevantes ya han sido intervenidos y la investigación no depende de actuaciones que el investigado pudiera obstaculizar”, ha remachado Calama. Y ha apostillado: “En este contexto, la imposición de comparecencias [cada 15 días en un juzgado] o la retención del pasaporte con prohibición de salida del territorio nacional no resulta necesaria, al no existir un riesgo procesal”. “Su adopción supondría una restricción injustificada del derecho a la libertad personal y a la libre circulación, incompatible con el principio de proporcionalidad y con la prohibición de configurar las medidas cautelares como una pena anticipada”, ha añadido.El magistrado sí ha pedido a Zapatero que facilite un número de teléfono y una dirección de correo electrónico que “permitan su inmediata localización por parte de este órgano judicial”.