17 de junio, 2026 - 06h00La trágica muerte de Monika Silva es un punto de inflexión, una prueba de supervivencia democrática para la sociedad ecuatoriana. Afloran preguntas que no deberían desaparecer. ¿Quién tiene hoy la legitimidad para decir la verdad sobre lo acontecido? Porque una parte importante de la sociedad no cree en las explicaciones oficiales. Y esa desconfianza abre una herida que va mucho más allá de un caso particular.¿Cómo llegamos al punto en que se considere más confiable una investigación internacional que una de las instituciones nacionales? Cuando la confianza pública se debilita, no solo se resiente la administración de justicia, se erosionan los pilares de la convivencia.La pérdida de credibilidad afecta a la seguridad, las elecciones, las políticas públicas, la posibilidad de construir acuerdos colectivos. Ninguna sociedad avanza si duda de quienes tienen la responsabilidad de protegerla y esclarecer los hechos que la conmueven. Pero las preguntas no terminan allí. La verdad que el país necesita no se agota en conocer las circunstancias de su muerte. Incluye conocer las denuncias relevantes que Monika planteó, las instituciones que las recibieron, las acciones que se emprendieron y los resultados que produjeron.¿Qué estaba intentando decirnos antes de morir? Porque cuando una activista social denuncia abusos, conflictos, corrupción, violencia o vulneraciones de derechos, no solo transmite información, también ejerce una forma de responsabilidad hacia la comunidad. Las alertas que formuló, los problemas que señaló y las preocupaciones que intentó visibilizar forman parte de la verdad que la sociedad tiene derecho a conocer.Monika había nacido lejos de Ecuador. Pero comprometió parte de su vida con realidades que ocurrían aquí, con problemas que consideró suyos. Entendió algo que a veces olvidamos: la justicia no es un asunto extranjero. Ese hecho invita a otra reflexión. ¿Cuando medios de comunicación y en redes dicen “la polaca” es una manera de desacreditarla, de insinuar que se entromete en un país que no es el suyo? ¿Hay países propios cuando están en juego la dignidad humana y los derechos fundamentales? Además, necesitamos saber: ¿estamos siendo capaces de cuidar a los que investigan, denuncian, acompañan o defienden derechos? ¿Qué mensaje reciben quienes enfrentan amenazas cuando ven que una persona advierte riesgos, solicita protección y luego muere sin que todas las dudas encuentren una respuesta convincente? Una sociedad sana tiene el deber de escuchar las advertencias formuladas en vida y proteger a quienes contribuyen al bien común.La confianza se construye. Y cuando las versiones oficiales chocan con hechos, testimonios o dudas razonables, no basta con reclamar credibilidad, es necesario ganarla con transparencia, investigación rigurosa y respondiendo las preguntas legítimas de la ciudadanía. La democracia no se mide por la tranquilidad de quienes coinciden con el poder, sino por la seguridad y la dignidad que ofrece a quienes se atreven a servir, cuestionar, denunciar o defender a otros. Hay preguntas que no se entierran. No se debería. (O)