19 de junio, 2026 - 06h00La muerte de la activista de ciudadanía polaca Monika Silva ha generado conmoción nacional. Más allá de hipótesis comentadas en redes sociales, medios de comunicación y declaraciones públicas, existe una exigencia que debería reunir a todos los sectores: el esclarecimiento completo de los hechos.Es que, en una sociedad democrática, la muerte de cualquier persona con sospecha de violencia merece una investigación seria. Más aún si se trata de una activista que durante años denunció presuntos actos de corrupción, tráfico de tierras y amenazas contra su integridad. La exigencia de investigar las causas se vuelve aún más imperiosa porque el debate público corre el riesgo de caer en dos extremos perjudiciales.El primero ocurriría al anticipar conclusiones. Ninguna autoridad debería presentar como certeza lo que todavía constituye una hipótesis investigativa. La prudencia no es una muestra de debilidad institucional; por el contrario, es una condición indispensable para preservar la credibilidad de las investigaciones y la confianza ciudadana en las autoridades.El segundo extremo consiste en transformar dudas legítimas en acusaciones sin prueba. La necesidad de una investigación exhaustiva no debe confundirse con la afirmación anticipada de responsabilidades. El Estado de derecho exige evidencias, no presunciones.Las declaraciones iniciales del ministro del Interior que apuntaron a una hipótesis determinada provocaron reacciones comprensibles. Para algunos, generaron la impresión de que se estaba cerrando demasiado pronto una línea de investigación. Para otros, reflejaban únicamente la valoración preliminar de los primeros indicios encontrados en la escena. Sea cual fuere la explicación correcta, el episodio deja una lección institucional: en asuntos de tan alta sensibilidad, la prudencia comunicacional es tan importante como la diligencia investigativa.En este contexto resulta positiva la reciente decisión del Gobierno de solicitar cooperación internacional para fortalecer la investigación mediante la participación de médicos forenses independientes y veedores técnicos provenientes de Argentina, manteniendo además abiertos los canales de coordinación con Polonia. Lejos de debilitar a las instituciones, la apertura al escrutinio técnico externo puede contribuir a garantizar transparencia, objetividad y confianza pública, cualquiera que sea el resultado final de las investigaciones.La confianza pública constituye uno de los activos más valiosos de cualquier Gobierno y de cualquier institución. Y las instituciones tienen el deber de garantizar que esa verdad sea el resultado de las pruebas, no de la liviandad ni de los prejuicios. Del mismo modo, se fortalece cuando la ciudadanía espera los resultados de las investigaciones antes de emitir condenas definitivas.Lo verdaderamente importante hoy no es confirmar las convicciones previas de unos u otros sectores. Lo importante es que la verdad pueda establecerse con independencia, diligencia, transparencia y rigor técnico.La memoria de Monika Silva merece una investigación completa. Sus familiares y allegados de su comunidad merecen respuestas responsables. La sociedad merece conocer la verdad. (O)