Los seis desafíos que heredará el próximo gobierno, revela estudio de la FIP

NoticiaLa Fundación Ideas para la Paz identifica una fragmentación armada y la consolidación de poderes ilegales en los territorios.Grupos armados ilegales. Foto: Ernesto Guzmán / EFESUBEDITOR DE JUSTICA17.06.2026 06:04 Actualizado: 17.06.2026 06:04

A pocos días de que Colombia elija a su próximo presidente, el debate sobre la seguridad dejó de ser una discusión sobre cifras de homicidios o capturas. Así lo revela un informe de la Fundación Ideas para la Paz (FIP) advierte que el país enfrenta una transformación acelerada de la violencia, marcada por organizaciones criminales más fuertes, economías ilícitas más complejas y un Estado que no logra responder al mismo ritmo.El documento titulado ‘Violencia fragmentada: seis desafíos de seguridad que enfrentará el próximo gobierno’ identifica los escenarios que marcarán la agenda de seguridad de la próxima administración.La conclusión es contundente: Colombia atraviesa una etapa de “violencia fragmentada”, donde los grupos armados han ampliado su capacidad de control territorial, diversificado sus fuentes de financiación y encontrado nuevas formas de desafiar la autoridad estatal.Más de 200 familias de Buenos Aires, Cauca. Foto:Personería CaliMás territorios en disputa y una crisis humanitaria en ascensoEl primer desafío tiene que ver con la expansión de las confrontaciones entre organizaciones armadas. Actualmente existen 14 zonas de disputa, el doble de las registradas en 2022, y en ellas se concentra cerca del 80 % de las afectaciones humanitarias del país.“Los repertorios de violencia utilizados por los grupos armados convierten a estas regiones en focos críticos de afectación humanitaria. Entre las principales afectaciones se encuentran los enfrentamientos entre estructuras ilegales, los homicidios, las amenazas contra liderazgos sociales y población civil para impedir su colaboración con grupos rivales, así como la instalación de Minas Antipersonal (MAP) y Municiones Sin Explosionar (MUSE)”, dice el informe.Campesinos desplazados. Foto:Unidad de Víctimas.Las consecuencias se reflejan en las cifras de desplazamiento y confinamiento. Durante 2025 más de 96.000 personas fueron desplazadas masivamente y cerca de 155.000 quedaron confinadas por la violencia. Catatumbo, Cauca, Chocó, Antioquia y Nariño encabezan la lista de territorios donde la disputa armada se traduce en amenazas, minas antipersonal, asesinatos selectivos y restricciones a la movilidad de las comunidades.La consolidación de gobiernos criminales en los territoriosEl segundo reto es quizás uno de los más complejos. La FIP advierte que varios grupos armados ya no se limitan a controlar corredores estratégicos o economías ilegales. En muchas regiones han evolucionado hacia verdaderos sistemas de gobernanza criminal.“En algunas zonas del país, los actores armados ejercen un control centrado en la dimensión geográfica y económica del territorio: controlan rutas, recursos y dimensiones específicas sin intervenir necesariamente en la vida social de las comunidades”, expone el documento y añade que “la gobernanza de estos grupos sobre el territorio es un sistema complejo que combina intimidación, arraigo e influencia sobre la política local”.Grupos armados. Foto:CortesíaEso significa que imponen normas de comportamiento, regulan horarios de movilidad, median conflictos comunitarios, administran justicia informal e incluso financian obras de infraestructura para ganar legitimidad ante la población. En lugares donde han consolidado una posición dominante, estos grupos terminan reemplazando funciones que deberían ejercer las autoridades civiles.La preocupación es que este fenómeno ya no se limita a zonas históricamente abandonadas. Según el informe, incluso regiones con actividad económica dinámica y presencia institucional muestran señales de coexistencia entre estructuras criminales, Estado y comunidades bajo relaciones de poder cada vez más complejas.Grupos armados ilegales. Foto:ArchivoOrganizaciones armadas más numerosas y con mayor capacidad de adaptaciónEl tercer desafío es el crecimiento de los grupos armados. De acuerdo con las cifras recopiladas por la FIP, estas organizaciones pasaron de poco más de 12.800 integrantes en 2018 a más de 27.000 hombres en armas y redes de apoyo al cierre de 2025.El incremento no solo refleja un aumento en el número de combatientes. También evidencia una expansión territorial sostenida y una mayor capacidad para resistir la acción estatal. El ‘clan del Golfo’, el Eln, las disidencias y otros grupos han perfeccionado modelos organizativos menos jerárquicos y más flexibles, que les permiten recuperarse rápidamente de capturas o golpes militares.“Estas cifras evidencian no solo una expansión territorial, sino también la consolidación diferenciada de capacidades entre los grupos. El EGC (‘clan del Golfo’) se posiciona como la estructura con mayor cobertura territorial y número de integrantes, con fuerte presencia en regiones como Antioquia, Bolívar, Córdoba, Sucre y Chocó”, revela el informe.Además, han fortalecido redes de informantes, ampliado sus mecanismos de reclutamiento y diversificado sus alianzas criminales, factores que explican por qué continúan creciendo pese a años de operaciones militares.Cultivos de coca. Foto:Getty ImagesEconomías criminales cada vez más sofisticadasEl cuarto desafío está relacionado con las finanzas de las organizaciones ilegales. La FIP sostiene que los grupos armados dejaron de depender exclusivamente del narcotráfico y evolucionaron hacia estructuras empresariales que combinan actividades legales e ilegales para maximizar ganancias.Hoy sus ingresos provienen de una mezcla de narcotráfico, minería ilegal, extorsión, tráfico de migrantes, apropiación de tierras, tala ilegal y otras rentas criminales. Según el informe, estas economías generan recursos cercanos a los 149 billones de pesos, una cifra que supera ampliamente los presupuestos de muchas entidades estatales.“Las organizaciones armadas son apenas uno de los múltiples actores criminales que participan en estas rentas. Las economías criminales operan como una red que conecta operadores y transacciones de todo nivel sin que se configuren necesariamente jerarquías formales”, añade el documento y destaca que “esta estructura facilita tanto la sustitución de nodos ante acciones ofensivas como la interoperabilidad entre sus participantes”.La principal preocupación es que estas actividades funcionan como redes integradas. Por eso, los golpes contra un eslabón específico rara vez logran afectar de manera significativa la estructura financiera de las organizaciones.Drones con explosivos utilizados por los grupos armados. Foto:CortesíaLa tecnología empieza a inclinar la balanzaEl quinto desafío es la creciente ventaja tecnológica de los grupos armados. La confrontación ya no ocurre únicamente en la selva o las montañas. También se desarrolla en plataformas digitales, sistemas de comunicación y dispositivos tecnológicos que han cambiado las reglas del conflicto.La utilización de drones es uno de los ejemplos más visibles. Entre 2023 y abril de 2026 se registraron cerca de 500 ataques con drones explosivos. Solo en 2025 hubo 277 incidentes, más del doble de los reportados el año anterior. “El aumento anual de ataques es significativo: mientras que en 2024 se registraron 119, en 2025 este número se elevó a 277, es decir, hubo un crecimiento del 132%. Entre enero y abril de 2026 se contabilizaron 102 ataques. El EMC (de ‘Iván Mordisco’) es el grupo armado que más ha empleado esta modalidad, con 237 ataques en 2025 y 52 en lo corrido de 2026, seguido por el Eln con 36 y 37, respectivamente”.A esto se suman sistemas de vigilancia, comunicaciones satelitales, redes sociales utilizadas para propaganda y reclutamiento, así como mecanismos digitales para mover dinero y ocultar transacciones. Mientras los grupos incorporan rápidamente estas herramientas, el Estado enfrenta dificultades para modernizar sus capacidades y adaptarse a la velocidad de los cambios tecnológicos.Un grupo de soldados que integran una de las Fuerzas de Despliegue Rápido. Foto:CortesíaUn Estado con menos capacidad de respuestaEl sexto y último desafío apunta directamente a las instituciones. La FIP considera que la capacidad operativa del Estado se ha reducido frente a la sofisticación alcanzada por las organizaciones criminales.La crítica no se limita a la Fuerza Pública. También involucra a la justicia, los organismos de inteligencia y las entidades encargadas de diseñar las políticas de seguridad. Según el análisis, las estrategias de paz, seguridad y política criminal han avanzado por caminos separados, sin una articulación efectiva que permita responder de manera integral a los fenómenos de violencia.El resultado es una brecha cada vez mayor entre la capacidad de adaptación de los grupos armados y la velocidad de reacción estatal. Mientras las organizaciones ilegales mutan, innovan y amplían sus redes, las instituciones siguen operando bajo lógicas diseñadas para conflictos que ya cambiaron.En conjunto, los seis desafíos dibujan un panorama complejo para quien llegue a la Casa de Nariño. La advertencia de la FIP es clara: el problema ya no es únicamente cuántos grupos armados existen o cuántos hombres tienen. El verdadero desafío será enfrentar organizaciones que controlan territorios, administran economías multimillonarias, utilizan tecnología de punta y, en algunos lugares, compiten con el Estado por el ejercicio mismo de la autoridad.Redacción JusticiaJusticia@eltiempo.comMás noticias de Justicia: Sigue toda la información de Justicia en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal.