OpiniónEl proyecto del Pacto Histórico no busca reformar la Constitución, sino reemplazarla para poder eliminar la separación de poderes.16.06.2026 22:41 Actualizado: 16.06.2026 22:41 El proyecto político del Pacto Histórico, encabezado por Gustavo Petro e Iván Cepeda, ha tenido desde su origen el propósito de reemplazar el modelo constitucional vigente por uno que abra paso a lo que se puede denominar como autoritarismo constitucional. Por eso, cuando desde ese sector político –y particularmente el senador y candidato Iván Cepeda, que ha sido uno de sus voceros más consistentes– se habla de un acuerdo nacional, conviene entender de qué se está hablando realmente.El acuerdo nacional no aparece como una alternativa a la asamblea constituyente, sino como la etapa previa para hacerla políticamente viable. Su función no es resolver el debate constitucional, sino construir las condiciones de legitimidad necesarias para abrirlo. Por eso, lejos de ser caminos distintos, el acuerdo nacional y la constituyente forman parte de una misma secuencia política orientada a reemplazar los principios fundamentales sobre los que se edificó la Constitución de 1991.Los antecedentes de lo que ha pasado durante los últimos cuatro años permiten evidenciar que no se trata de un espacio de concertación entre visiones distintas del país, sino de una vía para construir la legitimidad que permita convocar una asamblea nacional constituyente.El acuerdo nacional está concebido como una etapa dentro de una estrategia más amplia, que no tiene nada que ver con el pluralismo propio de la democracia liberal. Entre los antecedentes que se pueden usar como referencia para entender sus implicaciones se deben incluir el Modelo de Participación negociado con el Eln, el Acuerdo 28 derivado de ese proceso y el proyecto de ley con el que desde el gobierno Petro se busca convocar a una asamblea constituyente. Los tres reproducen los mismos ejes: crítica a las instituciones de 1991, apelación al poderpopular, transformación del modelo económico, político, social y ambiental, y reconfiguración de la arquitectura del Estado.Lo más revelador de este diseño es que funciona como una bisagra, cualquiera sea el resultado del acuerdo nacional. Si no se alcanza consenso –previsible cuando lo que está en disputa son dos modelos irreconciliables de país– la constituyente aparece como la salida ante la imposibilidad del diálogo, y el desacuerdo se reinterpreta como resistencia de unas supuestas élites a la voluntad popular.Si, en cambio, el acuerdo se alcanza, se convierte en el mandato que legitima la constituyente, porque las transformaciones perseguidas tampoco caben en el orden vigente. El consenso es combustible y el disenso es justificación. En cualquier caso, el resultado es el mismo. El acuerdo nacional no busca administrar el desacuerdo, sino producir una legitimidad suficiente para neutralizarlo.Y aunque existen temas que ameritan una reforma a la Constitución de 1991, esta ha demostrado no ser un texto pétreo. Es una constitución viva, reformada por el Congreso varias decenas de veces en más de tres décadas, sin alterar los fundamentos del modelo de democracia liberal, en particular principios elementales como la separación e independencia de poderes, algo que en el proyecto de ley de la asamblea constituyente se considera un “bloqueo institucional”.En los últimos cuatro años, el Congreso ha aprobado doce leyes y actos legislativos de la agenda del gobierno actual, entre ellos la reforma tributaria, la pensional, la laboral y el Plan Nacional de Desarrollo, el campesino como sujeto de derechos, la jurisdicción agraria y la ley de ‘paz total’. El argumento del bloqueo institucional no resiste el contraste con los hechos. Por lo tanto, se puede afirmar con claridad que no se propone una constituyente porque el sistema no funcione; se propone porque el sistema funciona y establece límites.Si la Constitución admite reformas y el Congreso las ha aprobado, ¿por qué se necesita una asamblea constituyente? La respuesta confirma el propósito señalado al inicio.El proyecto político del Pacto Histórico no busca reformar la Constitución de 1991, sino reemplazarla para poder eliminar la separación de poderes, debilitando a losactores que en un orden pluralista funcionan como contrapesos, dándole al Presidente la última palabra en caso de que el Congreso no le apruebe sus iniciativas legislativas, subordinando el Banco de la República al Ejecutivo, ampliando el control estatal sobre la economía y sectores estratégicos, redefiniendo el régimen de los derechos de propiedad privada para restringirlos, pues son considerados un obstáculo para otros derechos, sustituyendo la democracia representativa por mecanismos de participación vinculante y consagrando el “constituyente permanente” como fuente superior de legitimidad.Se trata de sustituir la idea liberal de que la Constitución limita el poder por otra en la cual la voluntad popular movilizada conserva una legitimidad superior y permanente frente a los poderes constituidos. De esta manera, el acuerdo nacional es una etapa para legitimar una concepción distinta de la democracia liberal.Este modelo constituye un legalismo autocrático, el uso de los propios instrumentos democráticos para erosionar, desde adentro y de forma gradual, sus límites y contrapesos. Venezuela en 1999, Ecuador en 2008, Bolivia en 2009. En todos esos casos, una constituyente convocada bajo el lenguaje de la participación popular terminó siendo el mecanismo para concentrar el poder en el Ejecutivo y desmantelar los frenos institucionales que hacen posible la alternancia y la rendición de cuentas. La senda es reconocible y el resultado también.Los riesgos no son abstractos, se trata de una Constitución concebida no como límite al poder, sino como instrumento de transformación permanente; un Congreso redefinido como “bloqueo” a remover, ignorando que también es expresión de la soberanía popular; un Banco de la República subordinado a los objetivos de la llamada “justicia social”, lo que en otros países ha llevado a crisis de hiperinflación; un aparato estatal que concentra funciones regulatorias, productivas, financieras y redistributivas, sometiendo a la iniciativa privada y la libertad económica a través del estatismo y la planificación centralizada de la economía.Si el acuerdo nacional fracasa porque el país mantiene desacuerdos legítimos sobre su modelo, la respuesta no debería ser una constituyente, sino aceptar que el pluralismo democrático implica la coexistencia de proyectos distintos de nación. En democracia, el desacuerdo no es una falla del sistema. Es el sistema funcionando. Tratarlo como un obstáculo a superar mediante mecanismos extraordinarios no es profundizarlo. Es comenzar a desmantelarlo.*Director ejecutivo del Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga Sigue toda la información de Opinión en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal. BOLETINES EL TIEMPORegístrate en nuestros boletines y recibe noticias en tu correo según tus intereses. Mantente informado con lo que realmente te importa.EL TIEMPO GOOGLE NEWSSíguenos en GOOGLE NEWS. Mantente siempre actualizado con las últimas noticias coberturas historias y análisis directamente en Google News.EL TIEMPO WHATSAPPÚnete al canal de El Tiempo en WhatsApp para estar al día con las noticias más relevantes al momento.EL TIEMPO APPMantente informado con la app de EL TIEMPO. Recibe las últimas noticias coberturas historias y análisis directamente en tu dispositivo.SUSCRÍBETE AL DIGITALInformación confiable para ti. 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