Uno de los objetivos del Gobierno de José Antonio Kast es “fortalecer la convivencia” y “promover una mayor responsabilidad” ciudadana. Para eso ha enviado esta semana al Congreso un proyecto de ley que crea el Registro Único de Incivilidades y Actos Vandálicos, que estará integrado, tras la orden de un tribunal, por los ciudadanos que cometan delitos o conductas incívicas que son castigadas administrativamente. A quienes cometan los delitos más graves —entre ellos el homicidio o lesiones a autoridades, provocar un incendio o microtráfico—, además de las penas de la justicia penal, se los sancionará con la suspensión de benefios sociales como el financiamiento de la gratuidad en educación superior o de la Pensión Garantizada Universal (PGU). El Ejecutivo chileno contempla, adicionalmente, una serie de restricciones que afectarán a todos los inscritos en el resgistro, de ser aprobado por el Parlamento: desde no poder postular a subsidios habitacionales hasta la prohibición de asistir a partidos de fútbol profesional o renovar la licencia de conducir. Quienes protagonicen faltas menos graves —evadir el pago del transporte público, consumir alcohol o drogas en la vía pública, o vender alimentos en la calle sin permiso municipal— arriesgan recibir todas las sanciones, pero no perderán la gratuidad ni la PGU. El abogado constitucionalista Tomás Jordán defiende que la Carta Magna establece que “no se puede aplicar nunca como sanción la pérdida de derechos previsionales”, uno de los argumentos de la oposición para rechazar la iniciativa. Además, la izquierda ha calificado el registro de “clasista” porque el grueso de las sanciones son la suspensión de beneficios estatales, a los que postulan y acceden solamente los más vulnerables. El proyecto, redactado en conjunto por los ministerios del Interior, Seguridad y Justicia, establece que las consecuencias de figurar en el registro son de carácter “administrativo y temporal”. Quienes cometan las infracciones más graves permanecerán cinco años en el sistema de castigo; dos, si son menores de edad. En el caso de las incivilidades, la duración es de un año. Si en ese período la persona comete una nueva conducta vandálica o una incivilidad, su permanencia y las sanciones se extienden. Una vez cumplido el plazo, la inscripción se cancela automáticamente.El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, señaló este martes que el objetivo del registro es que “vuelva la cultura del orden” a Chile. Ante las críticas de la oposición sobre la falta de proporcionalidad de las sanciones, Pavez indicó que los delitos más graves tendrán mayores sanciones y una permanencia más extendida en el registro. “Ese es el margen de proporcionalidad que el Gobierno contempla”, añadió en La Moneda.La ciudadanía repalda la creación del registro, pero con reparos. Un 67% está de acuerdo, sin embargo, un 60% cree que quitar beneficios sociales podría terminar castigando más a las personas de menores ingresos que a quienes tienen mayores recursos económicos, según la encuesta Cadem de la primera semana de junio. Mientras un 49% considera que el castigo adecuado frente a actos de vandalismo e incivilidades graves debería consistir en multas o en la reparación del daño causado, un 30% apoya la idea de suspender temporalmente ciertos beneficios sociales del Estado.Kast ganó las elecciones en diciembre con un 58% de los votos bajo la promesa de restablecer el orden público y la seguridad. En los tres meses que lleva de mandato, sin embargo, ha tenido dificultades para controlar la agenda en este ámbito, la prinicipal preocupación de los chilenos. Tanto así, que el mandatario sacó del cargo a mediados de mayo a su primera ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, quien había dicho que no tenía un plan para su cartera. En su reemplazo nombró a Martín Arrau, un ministro del Partido Republicano, como el propio Kast, quien en las últimas semanas ha liderado masivas fiscalizaciones y copamientos policiales a lo largo del país. Su gestión lo ha posicionado como el secretario de Estado mejor valorado por la ciudadanía, con un 56% de apoyo, según la encuesta Criteria del pasado fin de semana. Con pocas cifras alegres que mostrar en su primera Cuenta Pública ante el Congreso -el acto anual donde muestra su gestión y sus planes-, Kast planteó el 1 de junio que la seguridad “no es algo que cambie de un día para otro”. Los delitos que activan las sanciones más durasLos actos vandálicos constitutivos de delito incluyen 35 normas agrupadas en cuatro bloques. El primero contempla los atentados contra la autoridad y el orden público: interrumpir la libre circulación en la calle, tomar el control de un transporte público de pasajeros, y emitir falsas alarmas de incendio o emergencia. El segundo recoge las agresiones a funcionarios específicos: homicidio, lesiones, maltrato de obra o amenazas a fiscales, defensores públicos, carabineros, y profesionales de la salud y la educación. El tercero agrupa los delitos contra la propiedad y el espacio público: provocar incendios, usar artefactos explosivos o incendiarios, disparar injustificadamente armas de fuego, dañar bienes de uso público o servicios domiciliarios, realizar rayados no autorizados, dañar monumentos nacionales y participar en carreras de vehículos no autorizadas. El cuarto bloque corresponde a delitos vinculados al crimen organizado: tráfico y microtráfico de drogas, asociación ilícita para el comercio ilegal, y explotación de casas de juego clandestinas.En una categoría aparte, con una inscripción de un año, el proyecto tipifica las incivilidades: depositar escombros sin permiso municipal, consumir o vender alcohol en la vía pública, manipular alimentos sin patente municipal, evadir el pago del transporte público, bloquear el acceso a playas, ríos o lagos, organizar loterías no autorizadas, provocar desórdenes en espectáculos públicos, causar daños a bienes públicos o privados por un monto inferior a una UTM, y consumir drogas en espacios públicos.Las sanciones se organizan en cuatro ámbitos. En vivienda, se pierden los subsidios habitacionales y el subsidio de arriendo. En educación y cultura, quedan suspendidas las becas de educación superior y postgrado, los fondos de investigación e innovación estatales, y la posibilidad de postular a fondos concursables del Ministerio de las Culturas. En transporte y documentos, se pierde el acceso a la Tarjeta Nacional Estudiantil y la tarifa rebajada para adultos mayores, y se prohíbe obtener o renovar la licencia de conducir y el pasaporte. Adicionalmente, se retiene la devolución anual de impuesto a la renta si existe una multa impaga, se pierde la pensión de gracia y queda prohibido asistir a espectáculos masivos, partidos de fútbol profesional e ingresar a casinos.De aprobarse la iniciativa, el registro quedará a cargo del Servicio de Registro Civil e Identificación y tendrá carácter público. Cualquier ciudadano que se identifique podrá consultar si una persona está inscrita, con un tope de cinco consultas al año. En el caso de menores de edad, los datos serán reservados.