Un proyecto que impulsa la legalización de la eutanasia volvió a instalar el debate sobre el final de la vida y los derechos de los pacientes. La iniciativa, promovida por organizaciones civiles y familiares de personas que atravesaron enfermedades terminales, reunió más de 5.400 firmas de apoyo y busca abrir una discusión legislativa sobre la posibilidad de permitir la muerte asistida en determinadas circunstancias. Los impulsores de la propuesta sostienen que el objetivo es garantizar que las personas que padecen enfermedades irreversibles, con sufrimiento físico o psíquico considerado intolerable, puedan decidir sobre el final de sus vidas bajo estrictos controles médicos y legales. Según argumentan, la medida apunta a ampliar la autonomía individual y a ofrecer una alternativa a quienes enfrentan cuadros clínicos sin posibilidades de recuperación. El proyecto contempla la intervención de profesionales de la salud, evaluaciones médicas independientes y mecanismos de supervisión para verificar que la decisión sea voluntaria, informada y tomada sin presiones externas. Además, prevé requisitos específicos relacionados con la edad, la capacidad de decisión y el estado de salud de los solicitantes.