El Gobierno valenciano ha aprobado este martes en un pleno extraordinario el anteproyecto de ley de acompañamiento a los Presupuestos de la Generalitat de 2026. Además de rebajar el IRPF autonómico en todos los tramos, la norma reforzará el criterio del arraigo como prioridad a la hora de optar por la compra o el alquiler de una vivienda de promoción pública, según ha anunciado la vicepresidenta primera y responsables de la cartera, Susana Camarero. “Recogemos una medida que es constitucional y que determina, a petición de vecinos y ayuntamientos, que hay prioridad a la hora de conceder viviendas a las personas que viven en el municipio”, ha defendido la vicepresidenta, eludiendo la prioridad nacional que pide Vox para apoyar estas cuentas públicas. Camarero ha detallado los cambios introducidos en el anteproyecto de ley de medidas fiscales, pendiente todavía del dictamen del Consejo Económico y Social y del Consell Jurídic Consultiu, en la normativa que regula la vivienda pública: “Es un avance significativo porque fortalece el control de la Administración en el cumplimiento de los requisitos de acceso”, ha valorado la número dos del Consell. El Consell confía en poder presentar el anteproyecto la próxima semana en Les Corts Valencianes Una comisión de valoración, con carácter colegiado, analizará en los servicios territoriales de la consejería el visado de este tipo de viviendas. El órgano revisará los expedientes, verificará que las adjudicaciones cumplen los requisitos, supervisará los visados de los contratos y actuará con criterios técnicos y homogéneos en toda la Comunidad Valenciana, ha avanzado la vicepresidenta y consejera de Vivienda de la Generalitat. El visado dejará de ser un trámite meramente formal y se convertirá en un mecanismo de control reforzado. “Antes de autorizar la compra o el alquiler de una VPP se va a verificar de forma exhaustiva que el beneficiario cumple con las condiciones de ingresos y con su situación económica y patrimonial. Habrá doble revisión del visado para evitar errores o irregularidades”, ha subrayado Camarero con el escándalo de la promoción alicantina de Les Naus todavía bajo investigación. En la promociones privadas de pisos protegidos se deberá de abrir, por ejemplo, un plazo de inscripción de al menos 30 días, publicar en la web cada promoción, informar previamente de los requisitos y criterios de selección, llevar un registro electrónico de solicitantes por cada proyecto, elaborar las listas de adjudicación y conservar la documentacion durante al menos 5 años. “Así se acaba con cualquier duda sobre la elección de los adjudicatarios, todo tiene que quedar documentado y publicitado”, ha subrayado. La vinculación continuada con el municipio o arraigo se tendrá en cuenta a la hora de adjudicar las viviendas a los solicitantes. En las promociones desarrolladas sobre suelo público, en la colaboración público-privada, se pondrá en valor el arraigo o vinculación continuada con el municipio. “Recogemos el guante de los vecinos y los propios alcaldes que llevan tiempo solicitando la preferencia de las personas que viven en el municipio para acceder a las viviendas de promoción pública. Es una reivindicación de los alcaldes”, ha resaltado Camarero. Los requisitos, uno de ellos será el arraigo, los establecerán los propios promotores de acuerdo con los municipios que están aprobando normativas municipales al respecto. “Hay algunos municipios que ya han determinado directamente en sus convenios con la Generalitat cual es el arraigo o años de permanencia que tienen que tener los solicitantes”, explica Camarero, que ha insistido en que el arraigo era un requisito ya introducido en la ley de la Función Social de la Vivienda aprobada por el Consell del Botànic, y que establecía en su artículo 2 el requisito de que los solicitantes debían ser personas con vecindad administrativa en la Comunidad Valenciana que acreditasen un año de residencia. “No es una cuestión de origen o de nacionalidad sino de vinculación al territorio, y no es una innovación ideológica sino un mecanismo de gestión que usan las Administraciones Públicas habitualmente para dar distintas ayudas a las viviendas. Los propios ayuntamientos son los que van marcando las normas para el establecimiento del arraigo, o tiempos de empadronamiento de los vecinos”, ha añadido. Camarero ha incidido en que el arraigo formará parte de los baremos para adjudicar una vivienda protegida: “Será un elemento de preferencia, no de exclusión”. La vicepresidenta ha reconocido que son los ayuntamientos de todo color político “los que lo están pidiendo y no es una cuestión ideológica ni de nacionalidad sino de vinculación con el territorio”.