Marianella Ledesma Narváez - Expresidenta del Tribunal Constitucional ¡Otra vez se repite la historia! Grupos políticos que no tienen una alta preferencia electoral son finalistas en la competencia por la administración del Estado. Digo esto porque, en las elecciones presidenciales del 2021, Pedro Castillo obtuvo el 19% frente al 12% de Keiko Fujimori; hoy, en 2026, Roberto Sánchez logra el 12% de la votación nacional y Keiko Fujimori, el 17%; dicho en otras palabras, la candidata Fujimori de hoy es el Castillo del 2021.¿Qué implica esto? La administración del país se viene entregando a personas que no encarnan una representación ciudadana significativa. En el Perú tenemos 27 millones de electores. Me pregunto: ¿qué representan los 2 millones de votos que obtuvo Sánchez sobre los 27 millones de electores? ¿Qué representan los 2 millones 800 votos que obtuvo Fujimori sobre el universo de los 27 millones? Definitivamente, ambos tienen un grado mínimo de aceptación electoral, que se reproduce incluso desde las elecciones del 2021; sin embargo, uno de estos dos candidatos, Fujimori o Sánchez, se disputará la administración del Estado.No se trata de candidatos que tienen una amplia aceptación en el electorado; todo lo contrario: su aceptación es bastante reducida, pero las actuales reglas electorales habilitan que votaciones débiles permitan pasar a la segunda fase y competir como gigantes por la administración del Estado. Este sistema debe ser reformado para no crear ídolos de barro y para que el ejercicio de la presidencia de la República sea una real expresión de la voluntad ciudadana.Se anuncia entre los dos finalistas de la segunda vuelta que hay un empate técnico; cada grupo tiene un 50% de preferencia, en el que concurren otras variables en la apreciación del elector. El candidato que gane gobernará con un 50% de electores contrarios a su oferta electoral. Su electorado real es el que obtuvo en primera vuelta, y ello va a tener incidencia directa sobre la legitimidad de su ejercicio, a pesar de ser el ganador. El resultado de la elección Como apreciamos, estamos ante un diseño de elección popular calculadamente diseñado, pero ¿cómo se utilizará el poder? En el caso del fujimorismo, dejará de gobernar detrás del trono y lo asumirá con el rostro descubierto. Una cosa es gobernar detrás de operadores y otra colocarse en la vitrina de la exposición social. Desde el lado de Sánchez, debo señalar que el sombrero que porta como emblema no es Castillo, sino el compromiso con las reivindicaciones sociales del interior del país, al que el crecimiento económico no le ha impactado en su desarrollo.Se aprecia en estas elecciones, una vez más, un país fracturado y la persistencia de una discriminación ancestral que solo reconoce como ciudadanos a determinadas personas, más allá de lo que formalmente se diga: que todos somos iguales ante la ley. A todo ello hay que agregar que se ha utilizado la ideología como una marca política, pero su acción política no ha respondido a esa proclama ideológica, como sucedió en el caso del partido político Perú Libre, que terminó cogobernando desde el Congreso con el fujimorismo.No se trata de cambiar un gobierno, sino de cambiar un orden político, un modelo político que no implique seguir manteniendo más de lo mismo. El poder hace daño, genera empacho y desequilibrio. Tener tanto poder es nocivo para quien lo tiene y no sabe administrarlo; termina generando su propia autodestrucción. En caso de que el fujimorismo llegue al poder, no me llamaría la atención que se apruebe una ley que permita la reelección presidencial. Total, no faltarán abogados que quieran interpretar una norma de la Constitución para decir lo que claramente no dice el texto constitucional. Para ello tenemos un Tribunal Constitucional que se apresurará a decir que ello es perfectamente válido, como ya lo ha dicho en otros casos, en los que se ha validado reformar la Constitución a través de una ley ordinaria.Estas elecciones no pueden dejar de ser miradas desde la geopolítica, pues también van a tener un impacto en la política interna del país, como sucede en otros países de la región. Las órdenes de compra, ya no solo de armamentos, sino de otros bienes, ya no requerirán que provengan del vocero del Congreso, como sucedió con la compra de los aviones, sino que el propio Ejecutivo tendrá voz propia para ello. No se trata de ideologías, sino de intereses empresariales que sostienen la campaña electoral y, en ello, ninguna de las opciones está fuera del capitalismo, que permite diversas variantes, desde un Estado social hasta modelos ultraliberales. Billetera mata galán A todo ello se suman los medios de comunicación, que hacen su labor no con una lógica informativa, sino de adoctrinamiento del mensaje que quieren internalizar en la opinión pública. Intentan ser neutros, pero no hay puntos de vista diferentes; solo hay una sola voz con distintos voceros, y esto se verá gratificado desde el Ejecutivo, que tiene la billetera para colocar la publicidad estatal en prensa, siempre y cuando se alinee con el gobierno de turno. En este extremo, es importante recordar el informe del monitoreo de los medios de comunicación realizado por la MOE-Unión Europea. Reveló que la cobertura de los medios privados fue sistemáticamente negativa contra Roberto Sánchez y Juntos por el Perú, con un discurso hostil y discriminatorio. Frente a este informe, hay que recordar que estamos ante un movimiento provinciano no integrado, que aspira a administrar el país. Por ello, las élites políticas desde el principio expresaron su racismo y elitismo, a lo que se suma la situación obscena de los medios de comunicación, como refiere el informe de la UE.El ejercicio del poder en el modelo del Estado constitucional ha sido alterado para debilitar el presidencialismo; hoy, quien ocupe ese cargo tendrá que moverse bajo un escenario en el que exista mayoría en el Congreso. No estamos ante el caso de un Ejecutivo débil, como sucedió con los últimos presidentes; esto posiblemente lleve a cambiar normas que permitan mayor margen de acción y, para ello, requiere el apoyo del Congreso.El nuevo gobierno no partirá bajo el supuesto de tener un Estado fuerte; todo lo contrario: tenemos un Estado ineficiente y débil. No confundamos esta ausencia de Estado fuerte con un Estado autoritario; será, tal vez, un Estado policial o militar, pero no fuerte en el sentido de una administración social integradora que llegue a todos los ciudadanos, que es, al final, el reto por construir.No estamos en la década del 90, cuando salíamos de una crisis económica con hiperinflación; tampoco bajo el escenario de un país quebrado que ha perdido la guerra. Ese no es el panorama; por tanto, la decisión que se tome en el contexto actual difiere de la de hace tres décadas, por más que se quiera remontar ese recuerdo en la oferta electoral.Por otro lado, en materia de derechos fundamentales, el espacio privilegiado para afirmar el camino democratizador estará fuera de la institucionalidad estatal, y desde ahí se podría construir la nueva agenda política integradora. Como señaló Hannah Arendt, la libertad no es algo que se tiene de manera individual, es algo que se crea “colectivamente”, cuando se actúa con otros para transformar el mundo que se comparte, y esa es la tarea de la nueva clase política.