El pasado 20 de abril, la UDEF solicitó autorización al juez José Luis Calama para "desprecintar y volcar" el contenido de toda una serie de móviles y discos duros de los que se había incautado hacía cuatro meses, pero no había tocado hasta entonces. Ocurrió sólo dos días antes de que los agentes cerraran los dos informes en los que aportan pruebas sobre la red organizada de influencias en cuya cúspide sitúan al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Así aparece en los documentos del sumario del caso Plus Ultra, al que ha tenido acceso Público.PublicidadSe trataba de parte de los dispositivos que la Policía había confiscado el 11 de diciembre de 2025 al empresario venezolano Rodolfo Reyes Rojas, al abogado Miguel Palomero de Juan y a la aerolínea Plus Ultra, cuyas oficinas había registrado ese mismo día. Entonces también fueron detenidos su presidente, Julio Martínez Sola; el consejero delegado, Roberto Roselli; el abogado Miguel Palomero y Julio Martínez Martínez, el empresario amigo de Rodríguez Zapatero.El juez Calama contestó a la UDEF enseguida, el 23 de abril, al día siguiente de la fecha de esos dos informes, en un auto donde explica que no es necesario su permiso porque el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid ya había autorizado el copiado y volcado de los móviles y discos duros cuando ordenó el registro de un total de 15 domicilios, así como la detención de los directivos de Plus Ultra y de quien se considera urdidor de la trama societaria montada alrededor de la aerolínea. El juzgado madrileño había iniciado las investigaciones, pero se inhibió en favor de la Audiencia Nacional en febrero, cuando encontró indicios que apuntaban hacia Rodríguez Zapatero.A tenor de lo que aparece en los documentos del sumario, la UDEF no analizó todos los dispositivos incautados ese 11 de diciembre. Dejó fuera de la investigación una táblet de Rodolfo Reyes Rojas, cuatro discos duros encontrados en las oficinas de Plus Ultra en Alcobendas (Madrid), además de tres iPhones y un portátil de Miguel Palomero de Juan, así como las imágenes de la cámara de seguridad de su domicilio. Hasta que el 20 de abril pidió permiso para su análisis.Órdenes de detención repetidasPara redactar los informes del 22 de abril, los agentes sí utilizaron las conversaciones que habían encontrado en los tres iPhones de Julio Martínez Martínez, en el iPhone de Julio Martínez Sola y en el Samsung de Roberto Roselli, incautados también el 11 de diciembre. Pero, sobre todo, se apoyaron en los mensajes de Whatsapp hallados en el móvil que la agencia Homeland Security Investigations (HSI) de Estados Unidos había intervenido a Rodolfo Reyes en 2021 en el aeropuerto de Miami. Los investigadores estadounidenses enviaron su contenido a la UDEF el 18 de marzo, un mes antes de cerrar sus informes para el juez. En un auto del 5 de junio, el juez Calama sólo desvela que el HSI "consideró" que esos mensajes podían "tener relevancia para la investigación relativa a Plus Ultra" y se los facilitó a la UDEF, sin ofrecer más detalle sobre cómo se produjo ese flujo de información entre la agencia de EEUU y la Policía española.PublicidadSólo un día antes, el 17 de marzo, el juez había repetido la orden internacional de detención contra Rodolfo Reyes; su mujer, Aurora López López; el ciudadano holandés Simon Leendert Verhoeven, administrador de tres sociedades instrumentales adonde se desvió parte de los 53 millones del rescate a Plus Ultra, y Luis Felipe Banca, un ciudadano peruano residente en Dubái al que se acusa de operaciones para el blanqueo de capitales. Tuvo que reeditar esas cuatro órdenes porque habían decaído el 13 de marzo, y lo hizo con rapidez: ese día la oficina de Interpol en Madrid envió un correo al juez Calama para informarle de que, de esas cuatro órdenes internacionales de detención, emitidas inicialmente por el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid el 3 de marzo, dos no estaban en vigor desde el día 11 y las otras dos nunca lo habían estado porque contenían errores. El motivo fue que Interpol no había recibido confirmación, ni del juzgado de instrucción de Madrid ni del juez Calama, sobre la "modificación, vigencia o cese" de esas órdenes, tampoco de la subsanación de los errores. Por tanto, sólo dos de las cuatro órdenes iniciales estuvieron vigentes, pero únicamente durante tres días, como atestiguan los documentos incluidos en el sumario del caso.Después recuperaron su vigencia el día 17 de marzo y, rápidamente, al día siguiente, el HSI envió a la Policía española el contenido del móvil de Rodolfo Reyes.Como medio de prueba en el proceso judicialEn resumen, a pesar de que, al menos desde febrero, tanto el juez como la UDEF tenían indicios que señalaban a Rodríguez Zapatero, la Policía no miró ni en esos dispositivos confiscados tanto en la sede de Plus Ultra como en los domicilios de Rodolfo Reyes y Miguel Palomero. Hasta un mes después de recibir de EEUU el volcado de los whatsapps del venezolano. Los agentes pidieron permiso para hacerlo apenas dos días antes de enviar sus informes al juez. Que no espera ni 24 horas para contestar que, en realidad, los agentes ya estaban autorizados desde diciembre.PublicidadEn su auto del 5 de junio, el juez Calama ordenó librar una comisión rogatoria para que EEUU le autorice a utilizar en el proceso penal del caso Plus Ultra como medio de prueba, "y no sólo de investigación" –como ha ocurrido hasta ahora–, el contenido extraído del móvil de Rodolfo Reyes Rojas. La defensa de José Luis Rodríguez Zapatero, por su parte, acaba de pedir al magistrado que amplíe esa solicitud de cooperación internacional y requiera a las autoridades estadounidenses toda la información necesaria para garantizar la "autenticidad, integridad, trazabilidad y contexto" de los mensajes telefónicos del empresario venezolano, actualmente en búsqueda y captura internacional.En concreto, solicita que EEUU explique cuál ha sido "el modo de preservación" del móvil y de su contenido, así como la cadena de custodia de dicha información hasta su entrega a las autoridades españolas, toda vez que han pasado cinco años desde que el teléfono fue intervenido, en 2021, hasta que fue facilitado a la Policía española, el pasado mes de marzo.Las garantías de la cadena de custodia en EspañaPrecisamente, en el auto donde autoriza a la UDEF a volcar y copiar, entre otros dispositivos, la táblet de Rodolfo Reyes, el juez Calama dedica tres páginas a describir con todo detalle los requisitos que garantizan la cadena de custodia según las leyes españolas. Explica que acceder al contenido de un aparato electrónico requiere una autorización judicial específica, distinta de la que permite su incautación. Primero, es necesario que el letrado de la Administración de Justicia haga una "adecuada reseña" del móvil u ordenador requisado, donde se haga una descripción "precisa, completa y verificable" del dispositivo: marca, modelo, número de serie, color y otras características físicas, y accesorios. Después, la cadena de custodia debe garantizar la "integridad material" del aparato "desde su ocupación hasta su análisis y eventual incorporación al juicio oral". Es decir, que se certifique que no ha sufrido "alteraciones, sustituciones, pérdidas o manipulaciones". Para ello, es necesario documentar "cada traslado, depósito, acceso o manipulación autorizada", enumera el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional.En concreto, precisa que, para preservar la cadena de custodia, debe hacerse constar "expresamente" la persona y el lugar en el que se localizaron los dispositivos, así como las autoridades responsables de la custodia y de los lugares en que han estado depositados, con indicación del tiempo que han permanecido en cada uno de ellos. También debe identificarse "el motivo por el que la fuente de prueba ha sido enviada a otro lugar o ha pasado a manos de otras personas", y las personas que han accedido a esa fuente de prueba, detallando "las técnicas aplicadas y el estado inicial y final" de los dispositivos. Además, tiene que figurar el cálculo del hash –la huella digital–. El juez termina subrayando la "abundante" jurisprudencia existente sobre los requisitos de la cadena de custodia.Esa lista de exigencias es la que, en teoría, deberá cumplir ahora también el contenido del móvil intervenido por la policía aduanera de EEUU a Rodolfo Reyes, accionista de Plus Ultra e investigado por blanqueo y evasión de sanciones a través de las empresas Plus Ultra, Capital Bank, Panacorp y Dinosaur Bank. Excepto si el juez considera que esa información ha sido obtenida legalmente por EEUU y sus estándares son válidos en España.