La Generalitat empezará a desplegar en las próximas dos semanas los primeros Programas Individuales de Atención (PIA) exprés para personas en situación de dependencia. La medida, anunciada a finales de abril, permitirá que quienes soliciten una prestación económica o la ayuda de un cuidador no profesional reciban un complemento de entre 100 y 200 euros mensuales mientras se tramita la resolución definitiva de su expediente.El anuncio lo ha realizado este lunes la consejera de Derechos Sociales de la Generalitat, Mònica Martínez Bravo, durante la presentación del informe sobre cuidados y envejecimiento elaborado por el Comité de Expertos para la Transformación y la Innovación Social (Cetis). La titular de Derechos Sociales ha enmarcado la iniciativa en el Plan Cura de la Generalitat y la ha presentado como una herramienta para ofrecer apoyo inmediato a las personas dependientes mientras esperan la aprobación definitiva de las prestaciones.Martínez Bravo ha defendido además que las medidas de simplificación administrativa impulsadas por el Govern ya están teniendo efectos sobre los tiempos de espera. Según ha explicado, la eliminación progresiva del papel en la tramitación de las solicitudes ha permitido que cerca del 80% de los expedientes entren directamente en los sistemas informáticos, frente al 6% de hace unos años. Este cambio ha contribuido a reducir en dos semanas el tiempo medio de resolución, que en abril se situaba en 397 días.La consejera ha recordado que en Cataluña hay actualmente unas 253.000 personas con dependencia reconocida y que el volumen de solicitudes se ha disparado. Solo en 2025 se registraron 158.000 peticiones, el doble que dos años antes. El anuncio coincide con la publicación del informe del grupo de Cuidados y Envejecimiento del Cetis, que reclama una reforma profunda del sistema de atención a la dependencia. El documento alerta de la infrafinanciación crónica, las listas de espera y las desigualdades territoriales, y propone avanzar hacia un modelo más integrado entre los ámbitos social y sanitario.La presidenta del comité, Rosa Alarcón, ha advertido de que el tiempo medio entre la solicitud y la resolución de la dependencia ronda los nueve meses y ha pedido acelerar las respuestas públicas. “No podemos normalizar que haya personas que mueran esperando un recurso al que tienen derecho”, ha señalado.Entre las principales recomendaciones, el informe plantea una valoración sociosanitaria única, circuitos rápidos para casos complejos como la ELA o las demencias avanzadas, la creación de una historia social compartida y el refuerzo de la atención domiciliaria para retrasar al máximo el ingreso en residencias. También apuesta por profesionalizar el sector de los cuidados y consolidar la integración entre los servicios sociales y sanitarios.