En este artículo, el doctor Juan Manuel Acuña, integrante del Observatorio de la Justicia, reflexiona sobre los 15 años de la reforma constitucional de derechos humanos y analiza el caso sobre desplazamiento forzado interno que estudia la Suprema Corte, como ejemplo de los retos pendientes para garantizar plenamente los derechos humanos en México.
Por Dr. Juan Manuel Acuña*
El 10 de junio pasado se cumplieron 15 años de la reforma constitucional en materia de derechos humanos. Fue una reforma importante, aunque obstaculizada en su desenvolvimiento e incomprendida por las autoridades en relación a sus alcances e implicancias normativas.
Sin duda fue una reforma importante; algunos señalan que fue la reforma más profunda y transformadora desde 1917, y llevan razón. Entre varios cambios significativos, la reforma determinó la armonización de los derechos humanos de fuente internacional y los de fuente constitucional, de modo que se integraran en un bloque de derechos que se erigiría como el máximo parámetro de control para evaluar la actividad del estado y de las autoridades en relación con las personas bajo su jurisdicción y explicitó el deber de todas las autoridades de cumplir con las obligaciones generales en materia de derechos humanos de respetar, proteger, garantizar y promover los derechos. Estas y otras modificaciones apuntalaron la centralidad de los derechos humanos en el sistema jurídico mexicano de modo tal que su eficacia sea un objetivo permanente de la agenda de estado en México.
