La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) negó el amparo promovido para obligar al Estado mexicano a crear una ley general, una institución especializada y un presupuesto específico para atender el desplazamiento forzado interno en el país.
El asunto fue analizado por el Pleno dentro del Amparo en Revisión 269/2025, promovido por el Consejo Nacional de Litigio Estratégico (CNLE), que denunció omisiones legislativas e institucionales frente a una crisis que, de acuerdo con sus estimaciones, ha afectado a alrededor de 390 mil personas desde 2016.
El CNLE solicitó que el Poder Judicial reconociera que la falta de un marco jurídico federal específico para atender el desplazamiento forzado constituye una violación a derechos humanos.
En su planteamiento, la organización sostuvo que esta ausencia normativa mantiene a las víctimas en un estado de vulnerabilidad prolongada y sin acceso efectivo a protección institucional.
El organismo argumentó que el desplazamiento forzado no debe entenderse como un solo hecho aislado, sino como un proceso de afectaciones acumuladas, expuso en el expediente del caso.
