La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (PP) ha prometido este lunes que su gobierno firmará convenios con los del resto de regiones para asegurarse de que los estudiantes provenientes de otros lugares de España no se queden sin acceder a la tarjeta de transporte por no estar empadronados en la capital. La decisión, anunciada justo en el día en el que ha entrado en vigor esa medida que condiciona el acceso a la tarjeta a estar empadronado, sigue dejando fuera a todos los migrantes que no consiguen hacer este trámite administrativo, y que se enfrentan al colapso del sistema de citas del Ayuntamiento de Madrid. Además, la promesa de encontrar una solución para los estudiantes se vincula a acuerdos entre gobiernos que tardarán meses en alcanzarse. En consecuencia, los alumnos de fuera de Madrid que no estén empadronados en la capital pasarán todo ese tiempo sin tarjeta de transporte público, salvo que ya la tengan o se empadronen. El propio ejecutivo calcula que su decisión afecta a 200.000 personas. “Teniendo ya un nuevo sistema tarifario plenamente consolidado, la Comunidad de Madrid va a aplicar la ley del Consorcio Regional de Transportes que desde 2011 nos dicta que las tarifas que recogen los distintos abonos sean destinadas a los contribuyentes madrileños”, ha asegurado Díaz Ayuso antes de un desayuno informativo protagonizado por el portavoz parlamentario del PP en la Asamblea, Carlos Díaz Pache. “Esto no afecta a los usuarios de provincias limítrofes con las que tenemos convenio y responde a otra realidad”, ha seguido. “El contribuyente madrileño sufraga con sus impuestos el 90% del transporte público, lo utilice o no lo utilice. Además, hay que seguir modernizándolo, ampliándolo y las nóminas de los trabajadores y el servicio de uno de los mejores transportes públicos del mundo hay que pagarlos”, ha argumentado. Y ha rematado: “No obstante, del mismo modo que tenemos convenio con otras regiones como, por ejemplo, Castilla-La Mancha, vamos a promover otros acuerdos con el resto de regiones para que, por ejemplo, los jóvenes universitarios y los demás estudiantes en Madrid puedan acogerse al abono joven y la subvención que conlleva”.La norma que permite a Madrid adoptar esta decisión está en vigor desde 2011. El ejecutivo asegura que ha esperado quince años en aplicarla “por la implantación progresiva de la tarjeta sin contacto, limitaciones tecnológicas e integración del sistema, la pandemia de COVID-19 y la alteración de la demanda”. Sin embargo, su activación llega menos de un año antes de las elecciones municipales y autonómicas de 2027, y justo cuando Vox impulsa un proyecto de “prioridad nacional” que está intentando imponer en sus negociaciones para formar gobiernos autonómicos de coalición con el PP.La medida también coincide con las largas colas de emigrantes ante la Oficina de Gestión del Consorcio Regional de Transportes de Madrid, colapsada esta primavera por las peticiones de extranjeros que necesitaban el certificado de la tarjeta de transportes regional para demostrar su arraigo y acogerse a la regularización abierta por el gobierno central (PSOE y Sumar). Esta rectificación a medias de Díaz Ayuso, hecha después de que EL PAÍS avanzara el viernes en cambio, llega justo cuando la oposición de izquierdas se moviliza con propuestas en la Asamblea para intentar que el acceso a la tarjeta de transportes siga siendo independiente del empadronamiento.