Parecía imposible que en una Fiscalía que lleva traumatizada meses volviera a extenderse el malestar, la indignación y la profunda tristeza por la imagen de la institución. Sin embargo, ha vuelto a suceder. La constatación de que la trama de Leire Díez llegó hasta el corazón de la Fiscalía General del Estado ha producido primero pasmo y después un enorme enfado. Más allá de los reproches a la anterior jefatura que ejerció Álvaro García Ortiz, las críticas se dirigen ahora también hacia su sucesora, Teresa Peramato. Considerada por todos como una persona del círculo de su antecesor, la sensación de una parte mayoritaria del Ministerio Público es que, ahora, "le protege". Los primeros coletazos llegaron por la forma en la que se gestionó la condena a inhabilitación impuesta por el Tribunal Supremo al exfiscal general y la decisión de la sucesora y amiga de mantenerle en la carrera fiscal y colocarle en la Fiscalía del Supremo. Siguieron subiendo con los primeros nombramientos de Peramato, que ascendió a todos los miembros del equipo más cercano de García Ortiz e incluso a su mujer. Y han explotado ahora a raíz de las reuniones celebradas por la fontanera del PSOE con la mano derecha del exfiscal general, Diego Villafañe. Con la excepción de los miembros de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), a la que pertenecen los dos, el resto de la carrera considera que Peramato se ha limitado a cubrir el expediente en la respuesta dada al requerimiento del juez instructor del caso de las cloacas, Santiago Pedraz. Y ha dejado fuera del conocimiento del magistrado aspectos que se consideran fundamentales. Los más moderados califican la actuación de Peramato como "insuficiente" y "vaga". Los menos la empujan ya a la dimisión. Para la Asociación de Fiscales, la forma en la que la actual Fiscalía General ha contestado se queda corta de aclaraciones clave. No se ha concretado —critican— "cómo se produjo esta actuación", "quién la autorizó", "qué decisiones se adoptaron" y "por qué se apartaron de los cauces ordinarios". "La gravedad de los hechos exige transparencia. La defensa de la institución exige responsabilidad, y responsabilidades", lanzaron en un comunicado. Para otras asociaciones como la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) esta ausencia de explicaciones por parte de Peramato es grave y evidencia una intención de "opacidad". "Si persiste, debe dimitir", precisan mientras recuerdan que el Ministerio Público debe ser completamente transparente como garantía para el ciudadano. "No pueden existir ámbitos opacos porque el recelo ante la actuación de esta institución se hace evidente". Lo que nadie entiende es por qué se aceptaron dos entrevistas por parte del teniente de la Técnica, el 'dos' de García Ortiz con Díez, ni qué pintaba reuniéndose con la fontanera el responsable de un órgano que no tiene competencia en ningún asunto en concreto y que cumple funciones ajenas por completo a este tipo de citas. También se preguntan por qué no se informó a la Fiscalía Anticorrupción de estas dos reuniones y de su contenido. Estas conductas, insinúan, "no pueden explicarse porque no tienen amparo legal". La denuncia A este sordo malestar ha venido a sumarse la evidencia de que el exfiscal general del Estado tramitó de forma personal una denuncia urdida por la trama de las cloacas contra la juez del caso del hermano de Pedro Sánchez, Beatriz Biedma, como ha publicado El Confidencial. La red de Leire Díez había planeado previamente este movimiento contra la magistrada con la intención de debilitar la instrucción del caso. La acción contra Biedma fue archivada en inicio por la Secretaría Técnica y la intervención de García Ortiz marcó un cambio de criterio y el envío de la denuncia a la Fiscalía extremeña, donde —eso sí— acabaría finalmente archivada. La Fiscalía de Peramato justificó, tras conocerse la información, esa gestión de García Ortiz. Aseguró, a través de su departamento de comunicación, que la gestión del antecesor siguió "el trámite establecido y habitual" y que no se dio ninguna directriz. En cuanto al cambio de criterio, explicaron que en la primera denuncia "se invocaba una normativa que prevé un canal interno para denunciar posibles infracciones de miembros de la carrera fiscal por parte de otros fiscales", y en la segunda, en la remitida al anterior jefe de la Fiscalía, pidieron tramitar la denuncia "en la forma que se considerase adecuada". De nuevo, las explicaciones no han convencido a una gran parte de los integrantes de la carrera fiscal. Muchos de ellos, que ya dudaban de las conexiones entre el antiguo jefe y el Gobierno que le nombró, ven ahora aún más ratificadas sus sospechas y consideran que las atenciones extraordinarias a la fontanera y su entorno son "escandalosas". De nuevo se le "protege" y de nuevo se hace para menoscabo de una institución ya "pisoteada y arrastrada por el barro", dicen. Parecía imposible que en una Fiscalía que lleva traumatizada meses volviera a extenderse el malestar, la indignación y la profunda tristeza por la imagen de la institución. Sin embargo, ha vuelto a suceder. La constatación de que la trama de Leire Díez llegó hasta el corazón de la Fiscalía General del Estado ha producido primero pasmo y después un enorme enfado. Más allá de los reproches a la anterior jefatura que ejerció Álvaro García Ortiz, las críticas se dirigen ahora también hacia su sucesora, Teresa Peramato. Considerada por todos como una persona del círculo de su antecesor, la sensación de una parte mayoritaria del Ministerio Público es que, ahora, "le protege".