SpaceX ha protagonizado esta semana la mayor salida a Bolsa de la historia, con una valoración próxima a los 1,75 billones de dólares. Con la colocación de acciones se pide a los inversores que valoren una empresa que fabrica cohetes, gestiona la red de internet por satélite dominante en el mundo y se encarga cada vez más de las comunicaciones militares de EEUU y sus aliados. Aunque estos negocios tienen éxito, los inversores deben asumir también en el mismo paquete la empresa de IA que quema efectivo y que Elon Musk ha integrado en la misma estructura corporativa.El folleto informativo que ha elaborado SpaceX para su aterrizaje en el parqué cuenta una historia ambiciosa y singular: se trata de una empresa tecnológica líder de gran crecimiento que merece situarse a la altura de las empresas más grandes y poderosas del mundo. Sin embargo, la historia apunta a otra trayectoria, menos tranquilizadora, ya que la empresa a la que más se asemeja SpaceX no es Apple ni Nvidia. Es la Compañía de las Indias Orientales, que perduró durante casi 300 años. SpaceX no va a gravar a la población ni a gobernar a seres humanos, como acabaron haciendo las compañías con privilegios especiales fundadas a principios de la era moderna. El espacio no tiene habitantes (que nosotros sepamos). Aun así, nos encontramos ante una empresa que opera fuera del alcance de cualquier Estado y que ya ha acumulado un inmenso poder que los gobiernos, con retraso, se esfuerzan por recuperar.Entre 1570 y 1860 aproximadamente, los Estados europeos proyectaron su poder hacia y a través de océanos sin gobernar mediante compañías de acciones constituidas por carta real, entre las que destacaban las Compañías Británica, Holandesa y Francesa de las Indias Orientales. Las llamadas “compañías chárter” eran entidades híbridas, empresas comerciales que también actuaban como instrumentos del Estado. Crearon monopolios, se aprovecharon de la ausencia de ley para establecer sus propias normas y desempeñaron funciones soberanas, desde acuñar moneda y mantener el orden entre las poblaciones locales hasta librar guerras y firmar tratados. Edmund Burke calificó a la Compañía de las Indias Orientales como “un Estado disfrazado de comerciante”, y esa misma configuración se está recreando ahora en la órbita terrestre.En primer lugar, consideremos la cuestión del monopolio. Al aterrizar y reutilizar sus propulsores, SpaceX resolvió un dilema del huevo y la gallina. Dado que la reutilización solo es rentable con una alta frecuencia de lanzamientos, la empresa construyó Starlink, una constelación de miles de satélites cuyo crecimiento y mantenimiento garantizan una cadencia de lanzamientos constante. Los rivales que carecen tanto de los cohetes como de la demanda cautiva de conectividad por satélite no pueden entrar fácilmente en el mercado.La cuota de SpaceX en la masa total de cohetes lanzada a órbita a nivel mundial ha pasado de menos del 10% en 2014 a casi el 80% en la actualidad, y al 94% en Estados Unidos, donde cuenta con la NASA entre sus principales clientes. En el proceso, SpaceX se ha hecho con las escasas franjas orbitales y el espectro radioeléctrico disponibles, lo que ha elevado las barreras de entrada para los futuros competidores. No se trata del oligopolio típico de los mercados tecnológicos que se describen en los libros de texto. Se asemeja a algo más antiguo.Luego está el vacío legal. El Tratado del Espacio Ultraterrestre de 1967 se redactó para un mundo en el que los gobiernos tenían el monopolio del espacio. Establece que “el espacio ultraterrestre no está sujeto a apropiación nacional por reivindicación de soberanía, mediante el uso o la ocupación, ni por ningún otro medio”, y reserva el espacio “en beneficio […] de toda la humanidad”; sin embargo, no proporciona ningún mecanismo para su aplicación. Con el objetivo de llenar este enorme vacío, Estados Unidos promulgó la Ley de Competitividad de los Lanzamientos Espaciales Comerciales en 2015 y los Acuerdos de Artemisa en 2020, que establecen que la extracción de recursos no constituye una “apropiación”. Ese era precisamente el cambio que necesitaba SpaceX. Del mismo modo, hace tres siglos, los estatutos de una empresa eran a la vez una licencia para comerciar y una reivindicación unilateral disfrazada de ley. En ambos casos, los pioneros escribieron las reglas a su medida.Otro paralelismo más es la difuminación de los límites entre lo público y lo privado. Recordemos que en 2022, Musk se negó a activar Starlink sobre Crimea para permitir un ataque ucraniano contra la flota rusa. Un particular vetó de hecho la decisión de un Estado soberano, y ni siquiera el Gobierno de EE UU pudo anularla fácilmente. A medida que la actividad se traslade a la Luna, SpaceX estará en condiciones de ejercer una influencia significativa en el establecimiento de normas, la gestión de las reivindicaciones de recursos y la vigilancia de las “zonas de seguridad” que los Acuerdos Artemis permiten a los Estados declarar. Así, una empresa privada podría dar respuesta a cuestiones fundamentalmente soberanas.Al igual que el Reino Unido concedió su carta fundacional a la Compañía de las Indias Orientales para impedir que los holandeses acapararan el comercio de las especias, Estados Unidos ha dado rienda suelta a SpaceX en su carrera por alcanzar el dominio del espacio antes que China. Sin embargo, cuanto más indispensable se vuelve la empresa, menos autoridad conserva el Estado. Esta fragilidad quedó de manifiesto el año pasado, cuando el presidente Donald Trump y Musk mantuvieron una disputa pública. Trump amenazó con cancelar los contratos gubernamentales de SpaceX, y Musk amenazó con cortar el acceso del Gobierno de Estados Unidos a la Estación Espacial Internacional. Un poder nominalmente soberano se vio dependiente de un actor al que podía cortejar, pero no mandar.La lección de la era de las compañías con carta de privilegios es que ese poder, una vez afianzado, es tremendamente difícil de recuperar. El Reino Unido no frenó seriamente a la Compañía de las Indias Orientales hasta 1858, después de que una hambruna, una crisis fiscal y una violenta revuelta (lo que los británicos llaman el “Gran Motín” y los indios “la Primera Guerra de Independencia”) hicieran imposible la inacción. Sin embargo, para entonces, el coste de hacerlo era ruinoso.Esa misma historia también sugiere lo que los gobiernos deberían hacer ahora, antes de que sea demasiado tarde. El objetivo de recuperar el control no es acabar con una empresa líder, sino limitar la dependencia del Estado respecto a ella. Las empresas similares de la Compañía de las Indias Orientales en el continente constituyen el mejor ejemplo a seguir en este sentido. Las coronas portuguesa y francesa poseían participaciones en sus respectivas compañías chárter, asegurándose así un cierto control estratégico desde dentro. Un puesto en el consejo de administración designado por el gobierno en empresas que ejercen poderes similares a los de un Estado, o una participación minoritaria del tipo de la que Estados Unidos adquirió recientemente en Intel, garantizaría la supervisión de las zonas de seguridad, los derechos sobre los recursos y las infraestructuras críticas sin sofocar los incentivos privados que han dinamizado el sector.La ventana para obtener cierto control sobre el comportamiento de los actuales “soberanos tecnológicos” emergentes se está cerrando rápidamente. La pregunta para los responsables políticos es si saber en qué se convirtió la Compañía de las Indias Orientales es suficiente para evitar que su sucesora del siglo XXI siga el mismo camino. La salida a Bolsa de SpaceX es un buen momento para planteársela.