Todo era una nube de gases lacrimógenos. El ruido de las granadas se entremezclaba con el de los gritos y las detonaciones del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad, hoy llamado Undmo). La madrugada del sábado 22 de mayo de 2021, un chorro de agua a presión apuntaba desde el lanzaaguas de la Policía a un solo chico que resistía bajo un escudo de latón, al sur de Bogotá. Era Sergio Pastor, conocido como 19, uno de los líderes de la Primera Línea del Paro Nacional. Un fotógrafo capturó ese instante y la imagen dio la vuelta al mundo; ganó premios y azotó a un continente harto, que también se había despertado en revueltas sociales en Chile y Bolivia. El joven se convirtió en un símbolo de resistencia regional; en un héroe. Pero la fama sirvió de poco. Días después fue detenido en un taller de rap y hoy cumple una condena de 12 años y 9 meses por tortura y concierto para delinquir. Pastor niega los delitos por los que está cumpliendo condena desde hace cinco años. Asegura que no agredió, no organizó una revuelta violenta, no roció con gasolina al sospechoso de haberse infiltrado en su campamento, como recoge la sentencia. “No éramos un movimiento político y mucho menos armado. Y, si no, dígame cuántos fusiles se nos decomisaron. Éramos y somos una fuerza social”, narra desde la cárcel de La Picota, al sur de Bogotá, a donde fue trasladado hace poco más de un mes. El joven, de discurso articulado, habla en plural cuando se refiere a la zona de Ciudad Bolívar o el Portal Américas, donde creció y desarrolló su militancia en movimientos sociales. Se politizó porque “tocó”, dice: “Somos el rompecabezas de los pedazos abandonados por el Estado. ¿Qué más hace uno?”. En la cárcel, denuncia, ha sufrido dos intentos de asesinato. No le tiembla la voz al decir que no le tiene miedo a la muerte o que volvería a marchar “si fuera necesario”. Es más, él y otros jóvenes de la Primera Línea aseguran que el movimiento está organizado para liderar un estallido social en caso de que gane las elecciones el ultraderechista Abelardo de la Espriella, quien los tacha de “terroristas” y “enemigos de la república”. “Sería un caos para nosotros, para los pobres. Va a tratar de matarnos como hicieron con la UP [Unión Patriótica, un partido político de 6.000 militantes de izquierda exterminados por el Estado entre los ochenta y los dos mil]”, afirma Pastor. Hace cinco años, Colombia era un país en efervescencia. Tras un confinamiento fuerte y una crisis económica por la pandemia, las calles de las principales ciudades explotaron en un estallido social que congregó a millones de personas, hastiadas desde mucho antes que el Gobierno de Iván Duque aprobara una reforma tributaria. Las molestias que desataron un estallido antes, en 2019, seguían vigentes, y pasaban por una violencia policial que había desatado protestas masivas pocos meses antes. La medida fue tan solo la punta del iceberg. Estudiantes, clases populares, indígenas, desempleados… Las arterias se inundaron en el segundo país más desigual de América Latina y el Caribe. De forma más o menos espontánea, se organizaron en campamentos en universidades públicas, parques o plazas, con una agenda que empezaba por tres puntos —la dimisión de Duque, el desmonte del Esmad y la no judicialización de los manifestantes—. “Pero nos trataron como terroristas y nos arrebataron el derecho a la protesta”, rememora Helena Navarrete, que acepta que los manifestantes también usaron la violencia. “Los chinos [jóvenes] sentían que ya no tenían nada que perder y solo veían cómo mataban a sus colegas o los dejaban ciegos. Salieron a los barrios y eso era un escenario de guerra”. Solo entre el 28 de abril y el 20 de julio de 2021, la Plataforma Grita de la organización colombiana Temblores registró 5.340 casos de violencia policial: 40 de violencia homicida, 105 de trauma ocular, 35 de violencia sexual. La gran mayoría están archivados o nunca fueron judicializados. “No nos disparaban con pistolas de agua, salían a matar. Y toda acción tiene una reacción. La nuestra fue defendernos con lo que teníamos”, argumenta Pastor.Como él, hay otras 37 personas privadas de la libertad en el marco de la protesta de 2021. Otras 11 enfrentan otros casos por delitos como tortura, violencia a la autoridad policial o secuestro. Las organizaciones de derechos humanos cuestionan que en los juicios sea habitual que las pruebas principales sean los testimonios de los policías y apuntan que la Fiscalía ofreció preacuerdos para que algunos acusados señalaran a otros, así fuera falsamente, para obtener la libertad o una rebaja de pena. Según los manifestantes entrevistados, la condena de Pastor en particular fue un intento de aleccionar a quienes continuaban en la acción directa, mientras —dicen— quienes ejercían la violencia del Estado seguían en la impunidad. Esto es lo que más le duele a Juliana Higuera, sindicada y quien vive hace cinco años con la ansiedad de que cada día sea el último en libertad. Aunque no formaba parte de la Primera Línea, la abogada participaba en asambleas sobre democracia popular. “Las distintas expresiones que participamos fuimos criminalizadas. Organizarnos nos costó los ojos, la vida y la libertad”, cuenta por teléfono desde Boyacá. La activista recuerda la vigilancia en su casa, las intercepciones del celular y los cortes de internet durante las manifestaciones; una violación al derecho de la protesta que limitó la Corte Constitucional. En su caso, aún en fase de investigación, la Fiscalía presentó como pruebas 18.000 grabaciones de supuestas conversaciones desde su celular. “Nunca tuvimos acceso al material probatorio. Este es otro ejemplo de la vulnerabilidad y desbalance que vivimos en el paro, ahora en un tribunal”. La promesa rota de Gustavo PetroLas protestas masivas dieron paso al primer Gobierno de izquierdas en décadas. El entonces senador Gustavo Petro capitalizó la demanda social que miles defendieron en las calles durante los meses previos a los comicios de 2022, y la convirtió en su eslogan presidencial: el Gobierno del cambio. El líder de izquierdas llegó en deuda con los jóvenes que habían salido a marchar. Durante su primer discurso como presidente, exigió al fiscal general que liberara a los jóvenes de Primera Línea detenidos, a quienes llamó “presos políticos”. “Cuánta gente que está presa en estos momentos, cuántos jóvenes encadenados, esposados, tratados como bandoleros, simplemente porque tenían esperanza y amor”, exclamó. Pero, ya al final de su mandato, sigue en deuda con ese electorado. July Henríquez, coordinadora del área penal del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar), comenta que eran promesas difíciles de cumplir. La Constitución, explica, solo permite el indulto para delitos de carácter político, algo que no se le reconocía a los detenidos durante el paro. Esa oenegé y otras organizaciones presentaron un proyecto de ley para cambiarlo: los jóvenes marcharon con intenciones políticas —contra el Gobierno, la reforma tributaria, la desigualdad— , argumentaron, y sus acciones, como el incendio de un vehículo para llamar la atención a unos pliegos sociales, debían entenderse en ese contexto. El Congreso negó la propuesta. Para Henríquez, el error del Gobierno fue no arriesgarse a emitir indultos. “Fue tímido. Pudo haber reconocido el contexto de protesta en un decreto. Iba a ser demandado, pero no importa: hubiese cumplido su parte y que la Corte Constitucional resolviera la discusión”. Solo unos pocos salieron en libertad como voceros de paz designados por Petro, una figura que luego fue declarada inconstitucional.Fernando Urrea, condenado a 12 años y medio de cárcel por tortura y concierto para delinquir, siente que el presidente los abandonó. “Fuimos quedando en el olvido. Nunca recibí siquiera un kit de aseo que dijera: ‘Hicieron algo por el país, por nosotros’. Todo lo que me llega es por los colectivos”, comenta en una videollamada desde la cárcel de La Picaleña, a 170 kilómetros de Bogotá. Para él, el presidente “no se acuerda de los pelaos [jóvenes]”. Se aferra a que quizá no está al tanto de su situación. Algo similar siente Lorena González, la madre de Pastor. “Nos quedó debiendo mucho Petro”, afirma en la cafetería de su otra hija, en El Tunal.En la política, las detenciones abrieron un cisma: se convirtieron en una celebración para la derecha y una controversia para los partidarios del presidente. Helena Navarrete, que se hizo amiga de Sergio y Lorena durante las protestas, asegura que los afectó la estigmatización mediática. “Los politiqueros saben que la Primera Línea quedó con un mal nombre, así que no quieren cogerse ese problema. Somos la papa caliente de la izquierda, y no les importa que esa papa sea la que los puso ahí”, afirma. Este periódico contactó a dos de los congresistas de izquierda que promovieron la liberación de los detenidos, Alirio Uribe y Tamara Argote, para conocer su versión sobre los intentos fallidos de cumplir la promesa presidencial. No hubo respuesta. “Las expectativas generadas en torno a eventuales libertades, beneficios jurídicos o soluciones generales han debido examinarse dentro de los límites propios del Estado de Derecho”, señala por su parte el Ministerio de Justicia. Las decisiones sobre “la situación jurídica de cada persona”, explica por escrito, corresponden exclusivamente a la justicia. Su función se ha limitado a establecer diálogos con colectivos de jóvenes para brindarles información. “[La entidad] continuará apoyando estos espacios para avanzar en la consolidación de una sociedad más justa y democrática”, afirma. Asimismo, señala que el Gobierno estableció el año pasado un Comité de Expertos para esclarecer los hechos vinculados al paro de 2021 y que este sigue “adelantando la recopilación de información”.La reivindicación de la protestaUrrea se conecta desde La Picaleña a una videollamada con su novia, Laura Malaver. El contraste no podría ser mayor. Ella está rodeada de niños, a los que les enseña desde matemáticas hasta danzas en un jardín de infantes. Él amanece con otros ocho reclusos en su celda, y enfrenta una rutina monótona en la que su único pasatiempo es tejer bolsos. Se conocieron durante el paro y siguen a la espera de que él cumpla su condena. “Lo único que quiero es abrazarte”, le dice Fernando. “Ya casi. Vamos a tener muchos hijos”, responde Laura. Ella cuenta que a veces él “entra en crisis” y le pide que rehaga su vida. La joven se niega: “Es un muy buen ser humano y, aunque no pueda llevarme al cine, está muy pendiente de mí”. Fernando dice que fue víctima de un montaje, que él no es el alias al que buscaban los policías y que otros compañeros lo incriminaron con mentiras para salvarse. “Mucha gente hizo cosas mal, no lo niego. Por eso algunos estamos donde estamos”, matiza. Laura relata que una vez le preguntó si las acusaciones eran ciertas. Él le dijo que vio cómo unos compañeros amarraban a un supuesto infiltrado y le echaban gas pimienta y gasolina, pero que siguió de largo. Fernando reconoce haber sido parte de la violencia en otros momentos —admite ser “un fosforito” —, y la justifica como forma de proteger a otros manifestantes de los abusos policiales. “No buscábamos guerra, ni botar palo ni piedras, pero los policías empezaban y teníamos que defendernos. No éramos solo nosotros: era bonito ver a miles de personas que marchaban por todo el país, que eran como hormiguitas que cantaban, brincaban, escuchaban música”, comenta. No lamenta haber formado parte de la Primera Línea, pese a las dificultades de estos cinco años en media docena de cárceles. Enfatiza que lo había afectado la desigualdad desde que era niño, que trabajaba como conductor de motocicleta cuando jóvenes manifestantes lo invitaron a tomar aguapanela y que se sumó al ver “el dolor del pueblo”. “Aunque mi propósito no se cumplió como hubiera querido, las generaciones venideras van a disfrutar un poco de los frutos de esta lucha”, afirma. Tanto él como Laura mantienen su apoyo al Ejecutivo de izquierdas. “Si no seguimos por esta línea, todo el sufrimiento que hemos tenido sería en vano. Nos quitarían lo que Petro nos dio”, dice ella, votante de Iván Cepeda, en referencia a las reformas laboral y pensional. Matizan, eso sí, que no se van a ilusionar de nuevo con las promesas electorales, ahora reiteradas, de apoyarlos. “Ya nos resignamos”, afirma Laura. Algo similar dicen Pastor y su entorno. Él señala que Petro “no es el dueño de Colombia” y por eso no los pudo liberar, pero que tuvo otros logros, como el aumento del salario mínimo y las matrículas gratuitas en las universidades públicas. Su mamá es más crítica. “Petro fue al Portal Resistencia y dijo que él era la Primera Línea. Pero él no tuvo que vivir lo que vivimos”, se queja, al tiempo que añade que le dolió cuando escuchó al presidente decir en una entrevista que no liberaría a su hijo por estar condenado. De todas formas, apoya a Cepeda. “¿Qué va a pasar con nosotros si gana Abelardo?”, se pregunta. Helena lo tiene claro: “No es que lo queramos a Cepeda en el Gobierno, es que al menos él no quiere matarnos”.