Desde esta semana, el Gobierno de Estados Unidos pasa a considerar el Comando Vermelho (CV) y el Primeiro Comando da Capital (PCC) como organizaciones terroristas extranjeras. El CV opera en Río de Janeiro y controla, además del tráfico de drogas, el territorio de las principales favelas de la ciudad a pesar de que está en constante disputa con otras facciones narcos como el Terceiro Comando Puro (TCP) y las asociaciones paramilitares conocidas como Milicias. El PCC, en cambio, controla de forma hegemónica São Paulo, la capital económica de Brasil, y opera en al menos 28 países, incluido EEUU, según el mapeo de la Fiscalía del Estado de São Paulo. Consideradas por el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, como "las organizaciones criminales más violentas de Brasil", el pasado 28 de mayo estas dos facciones fueron designadas como Terroristas Globales Especialmente Designados, lo que también incluye a grupos criminales estadounidenses. A partir de este 5 de junio, también serán tratadas como organizaciones terroristas extranjeras, lo que puede acarrear un sinfín de consecuencias políticas y económicas para el Brasil de Lula da Silva. Ambas facciones nacieron como grupos de autodefensa en las cárceles. El CV surgió en 1979 en el presidio de máxima seguridad de Ilha Grande (Estado de Río de Janeiro). El PCC se remonta a 1993 y nació en Taubaté, una prisión de São Paulo, a raíz de la masacre de Carandirú, que se saldó con la muerte de 111 presos. A lo largo de tres décadas, se han convertido en organizaciones de cuño mafioso, según la definición de varios expertos brasileños y, en la actualidad, mantienen una estrecha colaboración internacional con otros grupos del crimen organizado, como la 'Ndrangheta (mafia calabresa) y la Camorra (mafia napolitana). En Sudamérica y Centroamérica, además, establecieron alianzas con la banda venezolana El Tren de Aragua, con grupos guerrilleros como el ELN y disidentes de las FARC, así como con cárteles mexicanos como el Cártel de Sinaloa. Además, estas dos facciones controlan prácticamente todas las cárceles de Brasil y tienen una presencia expresiva en todos los Estados federados del país tropical, con una actividad especialmente intensa en las fronteras con Perú, Colombia, Bolivia y Paraguay. Un estudio, realizado por Esfera Brasil en colaboración con el Foro Brasileño de Seguridad Pública en 2024, indica que el PCC tendría ingresos anuales de casi 7.000 millones de reales (1.188 millones de euros). En el caso del CV, no existe una estimación anual consolidada, pero recientes operaciones policiales han identificado transacciones multimillonarias vinculadas al núcleo financiero de la facción. El presidente Donald Trump venía señalando desde hace meses su intención de tomar esta decisión, algo que su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, ha intentado evitar por todos los medios. Incluso creyó que lo había conseguido, tras una visita de más de tres horas al Salón Oval, realizada el 7 de mayo, y que no resultó en explosivos titulares, sino pareció discurrir en cierta armonía. Sin embargo, el precandidato a la presidencia de extrema derecha, el senador Flávio Bolsonaro, también visitó la Casa Blanca el 26 y el 27 de mayo, y tras mantener reuniones con Trump y Rubio, llegó el anuncio oficial de EEUU. Y no sólo esto: Washington resolvió imponer también nuevos aranceles del 25% sobre las exportaciones brasileñas y una tasa extra del 12,5% por no luchar contra la importación de mercancías producidas a través del trabajo forzoso. La reacción brasileña ha sido durísima. "No aceptaremos que nos traten como a niños o como si fuéramos una república bananera", declaró Lula durante un acto público. El presidente brasileño también emitió un comunicado oficial, en el que niega que las facciones de los narcos brasileños sean terroristas. "El terror que estas organizaciones infligen a las comunidades busca lucrarse a través del crimen, especialmente el tráfico de drogas y armas, y no debe confundirse con el tipo de acción motivada por razones ideológicas, políticas y religiosas que se encuentra en el terrorismo internacional", matiza la nota oficial. "La seguridad de nuestra población es demasiado importante como para ser manipulada políticamente por traidores. Por falsos patriotas, vinculados al crimen organizado, que piden la intervención de autoridades extranjeras en los asuntos brasileños. Es deplorable que, una vez más, miembros de la familia Bolsonaro viajen a Estados Unidos para abogar por la intervención extranjera en Brasil, como ya lo hicieron durante el aumento de los aranceles que causó tanto daño a nuestro país", añade Lula en el comunicado oficial. El mandatario brasileño ha asociado a la familia Bolsonaro con ambas decisiones de Estados Unidos y los ha tildado de "traidores de la patria". También llamó a su rival "imbécil" porque, en su opinión, no se da cuenta de que medidas como gravar los productos brasileños perjudicarán al país y al pueblo brasileño, y no a un oponente en las urnas. Flávio Bolsonaro, por su parte, reconoció que pidió expresamente la designación de las facciones brasileñas como organizaciones terroristas, al mismo tiempo que intentó distanciarse de los nuevos aranceles. El senador, que es el primogénito del expresidente Jair Bolsonaro, condenado a 27 años y tres meses de cárcel por golpismo, asegura que pidió a Trump que no gravase con nuevos impuestos a las empresas brasileñas. El hecho de que Trump publicase una foto de su visita en sus redes sociales tras anunciar los nuevos aranceles no le ha ayudado a defender su narrativa ante una parte de los electores, en un país que vive una eterna precampaña electoral de cara a los comicios de octubre. Al margen de las implicaciones políticas y de una hipotética injerencia en las elecciones, algo que preocupa a Lula sobremanera, la decisión del Gobierno estadounidense se hará sentir sobre todo en la economía y en el sistema financiero de Brasil, según apuntan varios expertos. La legislación estadounidense contempla sanciones para personas y empresas que presten apoyo a organizaciones clasificadas como terroristas. El concepto es amplio e incluye recursos financieros, servicios, logística y otros tipos de asistencia. Tampoco queda claro cómo se puede demostrar este apoyo. Además, instituciones y empresas brasileñas con operaciones vinculadas al sistema financiero estadounidense podrían verse presionadas a reforzar sus métodos de control para evitar relaciones directas o indirectas con miembros o empresas asociadas a grupos criminales. Los activos identificados en territorio estadounidense o sujetos a la legislación de EEUU podrían ser congelados. "La inversión puede sufrir un impacto muy grande. Los bancos y las industrias se verán afectados, lo que generará desinversión, el cese de la creación de empleo y pérdidas en la transferencia de tecnología", señala el politólogo Francisco Carlos Teixeira da Silva. Otro posible inconveniente puede perjudicar a las exportaciones brasileñas que, a partir de ahora, estarán sujetas a un mayor control por parte de países como Estados Unidos y sus aliados europeos, que suelen aceptar estas clasificaciones procedentes de Washington. Los bancos también podrían sufrir pérdidas. "Si existe alguna conexión que pueda implicar evidencia (de un vínculo con la PCC), podrán bloquear las acciones y los activos de las empresas en el extranjero. Esto genera una enorme incertidumbre jurídica", señala Mauricio Dieter, profesor de Derecho Penal y Criminología de la Facultad de Derecho de la Universidad de São Paulo (USP). Además, puede haber repercusiones en el turismo. Varios expertos apuntan que una persona que reside en una favela dominada por una de las dos facciones encuadradas por la ley estadounidense podría ver rechazada su petición de visado para viajes de placer o incluso viajes de trabajo y de estudios. En el telón de fondo, hay otro factor: la guerra encubierta por el PIX, el programa de transferencias instantáneas y gratuitas de dinero, creado por el Banco Central de Brasil en 2020. Para el Gobierno de Estados Unidos, el PIX estaría mermando los ingresos de los gigantes de las tarjetas de crédito, como Visa y Mastercard. El año pasado, este sistema, que, a diferencia de Bizum, es 100% público, fue utilizado por casi 170 millones de brasileños y más de 20 millones de empresas. En 2024, procesó un total de 26,3 billones de reales (4,47 billones de euros), una cantidad equivalente a más del doble del PIB brasileño. En un intento de mostrar credibilidad ante Trump, el 12 de mayo Lula presentó un plan contra la criminalidad organizada, que se articula en cuatro ejes: asfixiar financieramente a las facciones criminales mediante el bloqueo de cuentas, el rastreo de activos y el combate al lavado de dinero. Para eso, se van a crear las Fuerzas Integradas de Lucha contra el Crimen Organizado. Además, el Gobierno de Brasil promete mejorar la seguridad dentro de las cárceles, para evitar que los líderes de los cárteles usen los móviles para liderar sus negocios; fortalecer la lucha contra el tráfico de armas; y mejorar la investigación de homicidios. Lula asegura que no se trata de un simple programa, sino de una señal de que, en poco tiempo, el crimen organizado ya no será "dueño" de ningún territorio en Brasil. Además, en abril, los gobiernos de Brasil y Estados Unidos firmaron un acuerdo de cooperación para intensificar la lucha contra el crimen organizado transnacional, con acciones destinadas a interceptar envíos ilícitos de armas y drogas transportados entre ambos países. Entre las medidas se incluye la adopción de un programa para el intercambio de información en tiempo real. Y es precisamente este punto el que preocupa al fiscal Lincoln Gakiya, una de las figuras más destacadas en la lucha contra el PCC (y también más amenazadas). En su opinión, la medida favorece a los delincuentes en lugar de fortalecer la lucha contra el crimen. Esto se debe a que, al aumentar el nivel de riesgo que representan ambas facciones, el Gobierno estadounidense deja de tratarlas como un asunto policial y comienza a considerarlas un problema militar, lo que va a impedir de facto el intercambio de información entre ambos países y la colaboración entre las policías. Este es un aspecto especialmente importante porque la mayoría de las armas llegan a Brasil precisamente desde EEUU. En la práctica, a raíz de esta decisión, la Agencia Antidrogas estadounidense (DEA), el FBI y la Policía federal estadounidense dejan de investigar a las facciones brasileñas, que pasan a estar bajo la supervisión de la CIA, la Agencia de Inteligencia estadounidense, y de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. "Yo, por ejemplo, intercambio información semanalmente con la DEA y el FBI. Con la transferencia a la CIA, esto ya no sucederá", ha explicado el fiscal Lincoln Gakiya en varias entrevistas. Vale la pena recordar que una parte de los diputados brasileños está a favor de esta designación como organizaciones terroristas. De hecho, en abril la Comisión de Relaciones Exteriores y Defensa Nacional de la Cámara de Diputados aprobó un texto que modifica las leyes sobre terrorismo y organizaciones criminales, clasificando al CV, al PCC y a otros 11 grupos criminales de países latinoamericanos como organizaciones terroristas. Este movimiento ganó más adeptos a raíz del operativo policial en dos favelas de Río de Janeiro en octubre, que resultó en 121 muertes y es considerado el más mortífero de la historia. El propio Flávio Bolsonaro es un admirador declarado del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y en más de una ocasión ha declarado que podría implementar políticas parecidas si gana las elecciones de octubre. Ahora lo que resta por ver es cuánto este anuncio puede beneficiar a la derecha brasileña o si, en cambio, Lula conseguirá de nuevo un triple salto mortal, neutralizando tanto la designación de asociaciones terroristas como los dos aranceles anunciados por Trump, que deberían entrar en vigor a partir del 15 de julio.