En un país donde la reducción de la mortalidad materna, la salud sexual y reproductiva y la atención integral de la mujer constituyen prioridades de salud pública, resulta paradójico que la profesión de obstetricia continúe siendo excluida o limitada en numerosos procesos de selección para cargos públicos. Esta realidad se evidencia especialmente en convocatorias institucionales en las que otras profesiones de la salud son consideradas, mientras que los obstetras quedan relegados pese a poseer formación universitaria especializada y competencias reconocidas legalmente. Recientemente, esta situación volvió a generar cuestionamientos en procesos de reclutamiento para especialistas de instituciones públicas, incluyendo convocatorias de la Policía Nacional. Aunque los profesionales en obstetricia cumplen con requisitos académicos, experiencia laboral y formación sanitaria especializada, en varios casos su carrera no consta entre las profesiones habilitadas para determinados cargos, generando preocupación sobre los criterios utilizados para definir los perfiles profesionales requeridos.La obstetricia es una carrera universitaria reconocida por el sistema de educación superior ecuatoriano y forma profesionales capacitados para brindar atención integral en salud sexual y reproductiva, control prenatal, planificación familiar, atención del parto normal, prevención de enfermedades y promoción de la salud comunitaria. Su campo de acción no se limita únicamente al embarazo y al parto, sino que abarca múltiples áreas relacionadas con la salud pública.PublicidadSin embargo, diversos profesionales sostienen que existe un desconocimiento institucional sobre el alcance de sus competencias. Mientras otras profesiones sanitarias son incorporadas de manera recurrente en concursos y convocatorias estatales, los obstetras enfrentan barreras que limitan su acceso a oportunidades laborales dentro del sector público.La problemática adquiere mayor relevancia cuando se considera el déficit de personal de salud existente en varias regiones del país. Expertos en políticas sanitarias señalan que ampliar la participación de profesionales de obstetricia en instituciones públicas podría fortalecer los programas de prevención, promoción de la salud y atención primaria, especialmente en poblaciones vulnerables.Otro aspecto que genera inquietud es la aparente contradicción entre los procesos de validación de perfiles y la posterior exclusión de postulantes. Existen casos en los que los aspirantes superan etapas iniciales de revisión de títulos y experiencia profesional, obteniendo la calificación de cumplimiento de requisitos, para posteriormente ser descalificados durante fases posteriores del proceso. Esta situación plantea interrogantes sobre la uniformidad y transparencia de los criterios aplicados durante la selección.PublicidadPublicidadLos profesionales afectados no solicitan privilegios ni trato preferencial. Su principal demanda es que las convocatorias públicas consideren de manera objetiva las competencias adquiridas durante su formación académica y permitan la participación en igualdad de condiciones frente a otras profesiones del área de la salud.La discusión trasciende el ámbito laboral y se convierte en un tema de interés público. En un contexto donde el Estado busca fortalecer los servicios sanitarios y garantizar una atención integral a la ciudadanía, resulta necesario revisar si la exclusión de determinadas profesiones responde a criterios técnicos actualizados o a concepciones tradicionales que ya no reflejan las necesidades actuales del sistema de salud. (O)Karen Baldeón, Guayaquil