Por una iniciativa del Frente de Sindicatos Unidos (Fresu), el Estado argentino deberá explicar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por qué impulsó y puso en marcha una “regresiva” reforma laboral (Ley 27.802). La normativa generó incluso denuncias judiciales por “inconstitucionalidad” que deberá ser examinadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El viernes, el organismo internacional informó que convocó al Estado a una audiencia presencial, que se desarrollará en Washington el próximo martes 4 de agosto a las 13, hora de Argentina. Para el polo sindical que nuclea a sindicatos críticos al gobierno de Javier Milei, la llamada ley de modernización laboral que se sancionó en sesiones extraordinarias “desplaza al Estado de su rol como árbitro entre el capital y el trabajo, en perjuicio de la parte más débil de la relación laboral, y en beneficio de la más fuerte”. “La ley retrocede fuertemente en el reconocimiento y goce de los derechos laborales históricamente amparados por las leyes argentinas. Asimismo, restringe arbitrariamente la huelga y la libertad sindical. Por otro lado, deja aún más desprotegidas a las mujeres y las/os trabajadores informales, y desmantela el sistema administrativo de control de las conductas antisindicales de las empresas, así como de sus incumplimientos laborales y fiscales”, señaló el FreSU en el segundo párrafo de la presentación conjunta realizada el 24 de abril pasado.