Orlando Aguirre Córdoba tenía 15 años cuando lo asesinaron. Era el 30 de mayo de 2018. En Nicaragua, esa fecha celebra el Día de la Madre, pero aquel año la festividad se había transformado en un grito de rabia y duelo colectivo. Semanas antes, una insurrección cívica hizo tambalear los cimientos del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, que la ahogaron con una brutal represión que dejó un reguero de jóvenes asesinados por las fuerzas policiales y parapoliciales. Las madres de aquellas primeras víctimas habían convocado a una movilización nacional bajo un lema que era un diagnóstico: ‘La madre de todas las marchas’. No había nada que celebrar. Era una exigencia de justicia.Orlando intentó convencer a su madre, Yadira del Socorro Córdoba, de que se unieran a la manifestación. “Mama, pobrecitas estas madres que hoy no tienen nada que celebrar. Vamos”, le dijo. Pero Yadira venía de una jornada extenuante. Como trabajadora doméstica, había lavado once docenas y media de ropa. El cuerpo no le daba. Tras compartir el almuerzo, se acostó con la promesa de que saldrían más tarde. Sin embargo, el cansancio la sumió en un sueño pesado. Su hijo, llevado por un impulso solidario e inconsciente del peligro, marchó solo. No sabía que esa misma tarde se convertiría en una cifra más de la letalidad estatal, y su madre, en un miembro eterno del luto nicaragüense.La manifestación, que congregó a cientos de miles de personas en una de las mayores demostraciones de rechazo al orteguismo, fue emboscada antes de llegar a su fin. Francotiradores apostados en el Estadio Nacional de Béisbol y grupos de choque abrieron fuego contra la multitud indefensa. En medio del caos, una bala impactó en la costilla derecha de Orlando. No murió de inmediato. Sus amigos lograron evacuarlo con vida y trasladarlo al Hospital Antonio Lenín Fonseca, un centro médico estatal que, según los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), se convirtió en esos días en una extensión de la estrategia represiva: la orden de no atender a los “golpistas”, como el régimen calificó a las voces opositoras. Yadira despertó sobresaltada y vio las noticias en la televisión. La pantalla mostraba las imágenes del horror en las avenidas de Managua y, en paralelo, la transmisión oficial en la que Daniel Ortega pronunciaba un discurso encendido. “Cuando yo miro al asesino que tiene secuestrada a Nicaragua... en el momento en que él hace un ademán con la mano, como dando una señal, comenzaron los disparos contra el pueblo”, relata Yadira.Poco después, sonó el teléfono. Una conocida de su congregación religiosa intentó mitigar el golpe: le dijo que Orlando había sufrido un “rozón” de bala, que no era nada grave, pero que estaba en el hospital. El instinto materno, sin embargo, le indicaba algo más trágico. Salió de su casa a las cuatro de la tarde en un trayecto que debió tomar veinte minutos, pero que se transformó en una agonía de casi tres horas. El régimen había bloqueado los accesos a la zona hospitalaria. “Las calles estaban cerradas porque el propósito era terminar de asesinar a los heridos en los hospitales, que los familiares no pudiéramos llegar a tiempo”, denuncia. Al llegar al hospital, cerca de las siete de la tarde, se topó con la burocracia de la crueldad. Los médicos le dijeron que el proyectil había perforado un pulmón, la vía torácica y un riñón, y que su hijo había sucumbido a un paro cardíaco porque “no había resistido”. Una narrativa oficial para encubrir la negligencia criminal. Testigos presenciales, incluido el amigo que cargó a Orlando, confirmaron a la familia que el adolescente pasó horas en una camilla de la sala de emergencias sin recibir atención quirúrgica inmediata. El sectarismo político se coló incluso en el personal sanitario: “Hubo una enfermera que dijo: ‘Está bueno, ¿quién lo manda a andar allí? Que se muera’. Me lo dejaron morir”, repite Yadira, agarrándose a una verdad que los expedientes médicos intentaron maquillar.Una cruz roja en la puerta, la marca de la represiónEl calvario de las mujeres que perdieron a sus hijos por la represión del régimen enfrenta también la prohibición del duelo. El velorio y el sepelio de Orlando se realizaron bajo el ojo vigilante de patrullas policiales y civiles armados. En un país donde la disidencia se paga con la cárcel o la tumba, llorar a un hijo asesinado por el Estado se convirtió en un acto de subversión.Yadira no se calló. Se integró de inmediato en la Asociación Madres de Abril (AMA), un colectivo que agrupa a las familias de las víctimas de la represión y que se ha convertido en el principal bastión de resistencia moral frente a la dictadura. Esa militancia la transformó en un blanco directo del tendido de vigilancia comunitaria del sandinismo, los llamados Consejos de Poder Ciudadano (CPC).El hostigamiento civil se volvió cotidiano. La coordinadora del barrio, una operadora política identificada como Connie García, intentó ingresar a la vivienda de Yadira bajo el pretexto de “atender el caso” por órdenes del Gobierno. “¿Para qué? —le espetó Yadira desde el umbral—. Si mi hijo necesitó atención en el hospital y no se la dieron, ¿qué me vas a atender vos a mí ahora? No me vas a regresar a mi hijo”.La respuesta del aparato oficialista no tardó en escalar. Tras amenazas verbales de allegados al partido que le exigían abandonar los plantones y las reuniones de AMA, llegó la marca definitiva. Una mañana, la fachada de su casa amaneció pintada con una cruz roja, un símbolo que en la iconografía de las bandas paraestatales nicaragüenses equivale a una sentencia de muerte o a un aviso de asalto inminente. El 19 de mayo de 2019, casi un año después de la muerte de su hijo, Yadira cerró la puerta de su hogar y cruzó la frontera con lo puesto.El exilio como trincheraHoy, a sus 52 años, Yadira habita un exilio que prefiere callar por razones estrictas de seguridad. Ha tenido que moverse, cambiar de paisaje, esquivar los largos tentáculos de la inteligencia orteguista que persigue a los opositores más allá de las fronteras centroamericanas. Lo que no oculta es el sentido que le ha dado al desarraigo.“El exilio lo he convertido en dignidad, memoria y exigencia de verdad y justicia”, afirma. A pesar de la aparente consolidación del régimen de Ortega y Murillo, que ha barrido con cualquier vestigio de oposición interna, encarcelado a sacerdotes, cerrado universidades y desterrado a centenares de ciudadanos, Yadira rechaza la palabra derrota. Su caso ha sido formalmente elevado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y forma parte de los expedientes internacionales que documentan los crímenes de lesa humanidad en el país centroamericano.Para ella, el paso del tiempo no diluye la urgencia de la justicia penal, sino que la afianza. El proceso contra la impunidad en Nicaragua se perfila como una carrera larga, pero las pruebas se guardan en la memoria de mujeres que, como ella, lo perdieron todo. Cada 30 de mayo, mientras el discurso oficial en Managua intenta imponer la normalidad, Yadira evoca las últimas palabras de Orlando. La fecha ha perdido su carácter de celebración para convertirse en un aniversario de resistencia. “Ese día se demuestra a la dictadura que las madres no nos rendimos”, concluye.