La batalla judicial que Santa Bárbara ha emprendido contra Indra y Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) por los milmillonarios contratos de artillería que les adjudicó Defensa el año pasado vive un pequeño alto el fuego mientras que el entorno laboral y el cumplimiento de los contratos se le complica a la empresa bajo el paraguas de la estadounidense General Dynamics. Tras la salida de Ángel Escribano de la presidencia de Indra el pasado 1 de abril —por el enfrentamiento del directivo con La Moncloa por el conflicto de interés que la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) observó en la operación entre Indra y su empresa familiar—, la compañía cotizada en el Ibex 35 ha intentado mejorar su relación con Santa Bárbara con el objetivo de estudiar una colaboración industrial en distintos proyectos y, a la vez, conseguir que el fabricante de armas abandone la vía judicial. La batalla en los juzgados, a día de hoy, se libra en el Tribunal Supremo, donde la Santa Bárbara presentó un recurso (fue admitido a trámite en enero) contra las ayudas públicas que el Ministerio de Industria otorgó a Indra y Escribano para el desarrollo de la artillería sobre ruedas y cadenas. Dichas ayudas, que se tratan de préstamos plurianuales al 0% de interés, ascienden a 3.002 millones de euros. Si bien es cierto que el Supremo rechazó en abril la medida cautelar que pedía cancelar dichos préstamos, el proceso sigue adelante.A este se sumará, previsiblemente, un segundo frente judicial en la Audiencia Nacional, donde Santa Bárbara tiene previsto presentar un recurso contra los contratos en sí mismos, valorados en 7.240 millones. Esto sucede después de que Defensa rechazara el recurso de alzada (una herramienta administrativa) en abril, tras lo cual Santa Bárbara quedó liberada para acudir a la instancia judicial. Fuentes empresariales señalan que la filial de General Dynamics tiene de plazo hasta el próximo 17 de junio.Todo apunta a que, finalmente, cumplirá su promesa y llevará el caso a la Audiencia Nacional al filo del plazo máximo, ya que sigue en su posición inicial de negociar de tú a tú con Indra una colaboración industrial en los programas de artillería. El problema es, explican fuentes empresariales al tanto de las conversaciones, que Indra quiere tratar a Santa Bárbara como un proveedor más y no como un socio que lidere el proyecto, ya que ese es un papel que compete a Indra y Escribano —la cual se encargará del cañón—, que fueron las elegidas por el Gobierno. “El posicionamiento inicial de Santa Bárbara tiene que cambiar, ya no tienen el monopolio del sector”, indica una de estas fuentes, en relación a que hace unos años Santa Bárbara no tenía competencia en España en el ámbito militar terrestre. La pérdida de los contratos de artillería supuso un duro golpe para Santa Bárbara, que aspiraba a vender al Gobierno su plataforma Némesis, presentada el año pasado de la mano de KNDS en la Feria Internacional de Defensa y Seguridad (Feindef) celebrada en mayo de 2025 en Madrid. Indra, por su parte, ya ha llegado a un acuerdo con la surcoreana Hanwha para que esta le permita utilizar su plataforma K9 para la artillería sobre cadenas. Falta aún por oficializar un socio para la de ruedas.A esto se suma la situación de espera en Indra, con la reciente elección de Josep Maria Recasens, proveniente de Renault, como nuevo consejero delegado. Recasens asumirá el cargo, precisamente, el 17 de junio, tal y como informó Indra en un comunicado remitido a la CNMV. Tras ello, a final de mes, su nombramiento y el del presidente, Ángel Simón, será sometido a la junta general de accionistas de la tecnológica.Despidos en Santa BárbaraEn medio de este conflicto entre Indra —a quien el Gobierno ha elegido como su empresa referente en el ámbito militar terrestre— y Santa Bárbara, esta última ha despedido a 12 personas en su planta de Sevilla. El motivo, señalan fuentes conocedoras de los movimientos de la compañía que piden anonimato, es la cancelación de los contratos de mantenimiento de los carros de combate Leopard y los sistemas de artillería SIAC. Estas fuentes aseguran que habrá otros 20 despidos a finales de mes, a las que podrían sumarse otras 70 a final de año para una fábrica que cuenta con una plantilla de 350 trabajadores. Por su parte, la fábrica de Trubia (Oviedo) también se está viendo afectada por la cancelación de la producción de los tubos de 120 mm para los Leopard y por el retraso del lanzamiento del programa VAC (Vehículo de Apoyo de Cadenas). Este último fue asignado a Tess Defence, la unión temporal de empresas que lidera Indra, en la que también están Santa Bárbara, Sapa y EM&E. Un portavoz oficial de Santa Bárbara ha decidido no hacer comentarios antes las preguntas de este periódico.El Ministerio de Defensa, por su parte, señala que “no existe riesgo de pérdida de carga de trabajo asociado a la actividad de la compañía”, ya que actualmente mantiene varios contratos como el del blindado Pizarro para la infantería y el del vehículo Castor para los zapadores; el del blindado Dragón sobre ruedas 8x8 o el mencionado VAC. Defensa no ha hecho valoraciones a este periódico sobre los motivos para cancelar los contratos del SIAC y los Leopard.