La condena a diez años de prisión de Masoud Piahú por la publicación de un mensaje en Instagram vinculado a las protestas de enero en Irán vuelve a poner el foco en la escasa tolerancia de las autoridades del régimen hacia cualquier forma de disidencia pública. A primera hora de la tarde del lunes 29 de diciembre del año pasado, Piahú tomó su teléfono móvil para registrar a un hombre sentado frente a un dispositivo de fuerzas de seguridad motorizadas, en plena avenida Jomhouri, una de las arterias centrales de Teherán. Parecía una escena más de la agitación callejera, pero acabaría transformándose, días después, en un vídeo viral y, finalmente, en el origen de una condena de diez años de cárcel. Las cifras hablan por sí solas: la justicia iraní ha abierto procedimientos judiciales contra 3.121 personas y ha ordenado la detención de otras 2.406 por presuntos delitos de espionaje y colaboración con Israel. Las autoridades han calificado a los acusados de “traidores a la patria” y “mercenarios del enemigo”. En un vídeo publicado en sus redes sociales, Piahú aseguró que no tuvo ningún papel en la difusión masiva de esas imágenes, que en menos de 24 horas se convirtieron en un símbolo de protesta contra la grave crisis económica y social, así como de resistencia frente a las fuerzas de seguridad. Numerosos usuarios sintetizaron la situación en una frase que se viralizó rápidamente: “Su único delito fue registrar la desesperación y el dolor de un pueblo”.Como él, muchos de los procesados son juzgados al amparo de la nueva ley de “endurecimiento de las penas por espionaje”, aprobada recientemente por las autoridades iraníes. La normativa contempla la pena de muerte y la confiscación de bienes para determinados delitos. El portavoz del Poder Judicial, Asghar Jahanguir, señaló el lunes que el 43% de los perseguidos está acusado de “colaborar en actividades políticas, culturales, mediáticas y propagandísticas en favor del régimen sionista”, mientras que otro 7% enfrenta cargos por la “posesión, compra o venta” de equipos de Starlink, el sistema de internet por satélite desarrollado por la empresa estadounidense SpaceX, propiedad de Elon Musk.Más ejecucionesPor otro lado, se han acelerado las ejecuciones de opositores, entre ellos numerosos participantes en las protestas de enero, tras el inicio del frágil alto el fuego entre Estados Unidos e Irán. Las autoridades iraníes han informado de unas 40 ejecuciones hasta la fecha, de las cuales al menos 19 corresponderían a manifestantes de aquellas movilizaciones, mientras que el resto afectaría a personas consideradas opositoras.El caso más reciente, según un comunicado de Mizan, el órgano de comunicación del Poder Judicial, corresponde a la ejecución de Fatholah Avarí en una prisión de Hamedán, en el oeste del país. Las autoridades lo acusan de “asesinar al comandante mayor Mohamad Javad Bakhshian mediante puñaladas”. Sin embargo, no se han hecho públicos datos esenciales del procedimiento, como las fechas de detención, juicio o ejecución. Una falta de transparencia que alimenta las dudas sobre las garantías procesales. Las autoridades iraníes califican a los manifestantes de enero como “alborotadores” y describen aquellas protestas como un “intento de golpe de Estado”.Paralelamente, el diario Shargh ha informado de una nueva oleada de sanciones contra estudiantes. Según el medio, en la Universidad Tecnológica Sharif, entre cinco y siete alumnos han sido expulsados, mientras que más de 20 han sido suspendidos por períodos de entre uno y tres semestres. En la Universidad Shahid Beheshtí, el acceso a los perfiles académicos de entre 20 y 25 estudiantes ha sido bloqueado. Todo ello pese a que el ministro de Ciencia, Hossein Simaí Sarraf, había prometido antes del conflicto que los alumnos con causas políticas no serían excluidos del sistema educativo.En paralelo, la confiscación de bienes a opositores continúa en vigor. Según la propia agencia judicial iraní, estas medidas de incautación se aplican de forma independiente a las penas de prisión o incluso a la pena capital. Las autoridades justifican las confiscaciones como una forma de golpear a quienes, desde dentro o fuera del país, “financian concentraciones antiiraníes y dañan la imagen de Irán ante la opinión pública internacional”.La activista de derechos de las mujeres Shiva Mahboubí, portavoz del Comité para la Liberación de Prisioneros Políticos, sostiene que “tras el estallido del movimiento Mujer, Vida, Libertad [en septiembre de 2022], el régimen identificó las protestas masivas como la principal amenaza a su estabilidad y ha recurrido a la represión como herramienta de disuasión”. Mahboubí subraya que “tras esa oleada [de protestas], el sistema entendió que el mayor peligro está en la movilización social”.El abogado Amir Reza, desde Teherán, explica que “el impacto de estas noticias es mayor fuera del país que dentro de Irán”. En su opinión, la combinación de inflación, desempleo y una sucesión de crisis ha generado un clima social de agotamiento. “La gente está abrumada por los problemas económicos y, tras meses de malas noticias, reacciona con una mezcla de impotencia, frustración e incluso indiferencia ante las ejecuciones o detenciones”.El fundador de Sociedad Estudiantil de Socorro de Imam Ali y ex preso político, Sharmin Meymandineyad, advierte desde Nueva York en su cuenta de Instagram de un fenómeno más amplio: “La invisibilización de los derechos humanos en contextos de guerras prolongadas o conflictos sin resolución clara”. En su análisis, “el modelo de Ucrania, Gaza e Irán muestra cómo las víctimas civiles terminan siendo ignoradas”. Añade que “los ciclos mediáticos pasan de la euforia inicial a la guerra de desgaste, en la que la atención pública se desplaza y los abusos quedan relegados”.Mahboubí también critica lo que considera un doble rasero internacional. “Mientras se habla constantemente de la guerra, apenas se mencionan las violaciones de derechos humanos en Irán”, señala, y subraya que “estar contra la guerra significa oponerse a cualquier forma de belicismo, ya venga de Trump, Netanyahu, Hamás o del propio régimen iraní, que también mata a su propia población”. Según cifras oficiales, 3.117 personas habrían muerto durante aquellas protestas, mientras que la ONG Human Rights Activists in Iran (HRANA, por sus siglas en inglés), con sede en EE UU, eleva la cifra a 7.005 fallecidos y mantiene abiertos más de 11.000 casos adicionales en investigación.Otros, como Hamid, un médico de unos 50 años, consideran que “la brutalidad de la represión durante las protestas de enero terminó por maquillar al monstruo de la guerra”, que EE UU e Israel empezaron un mes después contra Irán. Cuenta que fue “testigo tanto de las muertes provocadas por la represión como de las víctimas de la reciente guerra” y responsabiliza a quienes promovieron una salida militar a la crisis iraní de haber contribuido al deterioro de la situación. “Quienes apoyan la guerra deben asumir su responsabilidad no solo por las muertes que provoca, sino también por el endurecimiento del clima represivo”, afirma, al tiempo que acusa a los sectores más belicistas de la oposición de “vender ilusiones”.En la misma línea, la activista y antigua presa política Atena Daemi escribió recientemente en la red X que “la guerra no puede justificarse bajo ningún pretexto, no ayuda a los iraníes”. En referencia al actual clima de persecución, concluyó que “la guerra, como se ha visto, solo empeora la situación”.Por su parte, Mahboubí opina que “el uso de las ejecuciones y la represión contra los manifestantes ha sido siempre una práctica del régimen, no una consecuencia directa de la guerra”. En su opinión, lejos de moderarse en tiempos de conflicto, las autoridades aprovechan estas circunstancias para reforzar el control interno. “En una situación de guerra cabría esperar que el Gobierno protegiera a la población, pero estamos viendo exactamente lo contrario: el régimen utiliza este contexto para incrementar las ejecuciones y profundizar la represión”, concluye.