En California aumenta la cantidad de personas alojadas en los centros de detención administrados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). En ese contexto, el fiscal general, Rob Bonta, calificó las condiciones de esos lugares de “crueles, inhumanas e inaceptables”.Las expresiones coinciden con la publicación del quinto informa del Departamento de Justicia (DOJ) sobre los siete centros de detención que alojan a migrantes irregulares. Según la publicación, las condiciones allí habían empeorado considerablemente debido al hacinamiento y la escasez de recursos, especialmente en cuanto al acceso a la atención médica.Entre septiembre de 2025 y marzo de 2026, seis detenidos murieron en esos centros, lo que representa la cifra más alta desde que el Departamento comenzó a realizar inspecciones en 2017.El Departamento ha publicado cuatro informes sobre las condiciones en los centros de detención en 2019, 2021, 2022 y 2025. En ellos se identifican y documentan condiciones de calidad inferior e inhumanas que incumplen las normas del propio ICE.¿Cuáles son las principales observaciones?El fiscal general Bonta exige al gobierno federal que haga algo al respecto. “El personal de mi oficina ha trabajado de manera incansable para arrojar luz sobre las condiciones en estos centros y espero que este informe genere la debida indignación y la urgencia necesaria para mejorar las condiciones y proteger los derechos de los detenidos", dice en un comunicado.Agrega que “la campaña de deportación masiva ha resultado en un impactante aumento de la población de detenidos y, de manera alarmante, los centros han estado muy poco preparados para satisfacer esta nueva demanda. Durante las inspecciones, mi equipo encontró pruebas de atención médica inadecuada y recibió innumerables quejas sobre condiciones perturbadoras, inseguras e insalubres, así como la falta de necesidades básicas”.Las principales observaciones incluidas en el informe son:• Falta de personal. La dotación no se ha mantenido al mismo nivel que las necesidades derivadas del aumento de detenciones y del confinamiento de los detenidos.• Escaso acceso a la atención médica. Los detenidos aseguraron que no pudieron acceder las citas médicas solicitadas ni recibir el tratamiento necesario y oportuno, incluida la atención de emergencia.• Proceso de admisión prolongado y saturado. Los centros deben completar el proceso de admisión, que incluye evaluaciones médicas y de salud mental, dentro de las 12 horas de su llegada. Personas detenidas en varios centros reportaron que esperaron varios días antes de recibir una clasificación, una asignación de vivienda y una evaluación médica.• Alimentos y agua insalubres. En la mayoría de los centros, los detenidos declararon que recibieron alimentos mal cocidos y que había problemas de acceso al agua potable.• Vestimenta inadecuada. Detenidos de varios centros dijeron que vivían en condiciones sumamente insalubres y peligrosas. Por ejemplo, deben soportar temperaturas gélidas, goteras durante la lluvia y carecen de ropa adecuada para protegerse del frío.• Violencia. El personal de algunos centros habría abusado de las medidas disciplinarias y del uso de la fuerza, ya que se reportaron varios incidentes en los que se usó aerosol de pimienta contra los detenidos.• Registros inadecuados. En Otay Mesa, está permitido registrar a los detenidos al desnudo tras cada visita de contacto. Los detenidos dijeron que esta práctica tiene un efecto sumamente negativo en su salud mental y su dignidad.De las inspecciones realizadas por el Departamento de Justicia surge un aumento sin precedentes en la población de detenidos, que pasó de 2.303 en el año 2023 a 6.028 en 2025. Esto, en parte, parece ser producto de la negativa del gobierno federal a liberar a los detenidos bajo fianza y a su agresiva campaña de detenciones y deportaciones masivas. En particular, pese a las afirmaciones del gobierno que su objetivo ha sido “los delincuentes”, la mayoría de estas personas no tiene antecedentes penales y está clasificada en la categoría de baja seguridad.