Un terreno agrícola ubicado a pocos kilómetros de Gilroy, un poco al sur de la bahía de San Francisco, se ha convertido en el escenario de un nuevo choque entre California y la Administración de Donald Trump. El fiscal general del Estado, Rob Bonta, y el condado de Santa Clara presentaron este miércoles una demanda federal para impedir la construcción de una instalación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que, según las autoridades locales, podría utilizarse para la detención temporal de migrantes como parte del endurecimiento de la política migratoria federal.La demanda, presentada ante el Tribunal Federal del Distrito Norte de California, busca bloquear de forma permanente el proyecto ubicado en Holsclaw Road, en una zona no incorporada al sureste de Gilroy. Los demandantes sostienen que el Gobierno federal avanzó con la construcción sin cumplir con revisiones ambientales obligatorias, sin coordinarse adecuadamente con autoridades estatales y locales y sin respetar restricciones que protegen el uso agrícola de los terrenos.De acuerdo con documentos públicos, el Departamento de Seguridad Nacional arrendó cerca de 25 acres de terreno a una subsidiaria de Elmwood Capital Group mediante un contrato de 20 años valorado en 26,5 millones de dólares. La propiedad incluye tres edificios, invernaderos y amplias áreas de cultivo. Aunque el ICE ha sostenido que el proyecto corresponde a una oficina de operaciones, funcionarios estatales y locales creen que la instalación podría funcionar como un centro de detención de corta duración con capacidad para albergar hasta 150 personas.“Bajo este gobierno, hemos visto cómo las oficinas del ICE se han convertido en pequeños centros de detención, a pesar de que no están equipadas para la detención a largo plazo,” dijo Bonta a través de un comunicado. “Eso es inaceptable.”“La campaña de detenciones y deportaciones masivas del presidente Trump ha dado lugar a condiciones crueles, inhumanas e inaceptables en los centros de retención y detención de inmigrantes de toda California”, agregó. “Pero en lugar de trabajar para mejorar las condiciones en estos centros, en lugar de hacer cumplir las propias normas de detención del ICE, la Administración Trump está tratando de imponer un nuevo centro en una comunidad que no lo quiere.”La demanda sostiene que el proyecto viola varias leyes federales y estatales, incluida la Ley Nacional de Política Ambiental (NEPA), la Ley de Inmigración y Nacionalidad, la Ley de Cooperación Intergubernamental, la Ley de Procedimiento Administrativo y la Ley Williamson de California, diseñada para preservar tierras agrícolas mediante restricciones de uso a cambio de beneficios fiscales.Según los demandantes, el Gobierno federal debió realizar una evaluación ambiental o un estudio de impacto ambiental antes de firmar el contrato de arrendamiento y comenzar las obras. También argumentan que la propiedad se encuentra en una zona que alberga especies amenazadas y en peligro de extinción, además de estar protegida para uso agrícola exclusivo.La demanda señala también que el desarrollo de la instalación podría afectar hábitats silvestres, aumentar la presión sobre sistemas de agua potable, aguas residuales y carreteras locales, y provocar la pérdida permanente de tierras agrícolas protegidas.Otro elemento central del caso es la supuesta falta de transparencia. Las autoridades de Santa Clara afirman que nunca fueron consultadas adecuadamente sobre el proyecto y que la única comunicación formal recibida fue una carta de un párrafo enviada en junio de 2023, en la que el Gobierno federal describía sus planes como un espacio para “oficinas y operaciones”.“Parte del problema es que están tratando de sacar adelante este proyecto con la menor transparencia posible, con la esperanza de que nadie se dé cuenta ni se entere de los detalles”, dijo el abogado del condado, Tony LoPresti en una conferencia de prensa en San José. “Por lo tanto, uno de los objetivos de nuestra demanda es garantizar que se produzca esa transparencia.”La demanda también menciona preocupaciones relacionadas con la seguridad ambiental del terreno. Según los demandantes, empresas de investigación agrícola que ocuparon previamente la propiedad generaron residuos peligrosos que no habrían sido eliminados adecuadamente.“La aparente incapacidad del gobierno federal para abordar —y mucho menos mitigar— estos riesgos pone en peligro a los trabajadores de la construcción que están construyendo las instalaciones, a los detenidos y a los empleados que se encontrarán en el lugar, así como al medio ambiente situado debajo y alrededor de las instalaciones,” señala la demanda.La oposición al proyecto ha ido en aumento durante los últimos meses. Residentes y grupos comunitarios han realizado protestas desde que se conocieron los planes de construcción, mientras que la Junta de Supervisores del vecino condado de Monterey votó por unanimidad a finales de mayo para rechazar la instalación.La demanda se suma a una larga lista de enfrentamientos legales entre California y la Administración Trump. Según Bonta, se trata de la demanda número 71 presentada por su oficina contra el Gobierno federal desde el regreso del republicano a la Casa Blanca. Santa Clara, por su parte, mantiene actualmente 11 litigios activos contra la Administración.“Desde que el presidente Trump asumió el cargo, el condado de Santa Clara ha dejado claro que no toleraremos que el gobierno federal abuse de la ley y ponga en peligro los derechos y el bienestar de nuestras comunidades de inmigrantes,” afirmó LoPresti.Ni el ICE ni el Departamento de Seguridad Nacional han hecho comentarios sobre la demanda.